Érika Hernández
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) mostraron preocupación y enojo por la decisión del Tribunal Electoral federal de imponer formatos impresos en todo el país para recabar firmas de apoyo al ejercicio de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El organismo está a la espera de que la Sala Superior le envíe la sentencia para conocer los alcances, y si ésta permite modificar las fechas.
En su calendario actual, la autoridad tendría del 16 de diciembre al 10 de enero para analizar la autenticidad de miles o millones de firmas.
Sin embargo, si los apoyos son en papel, el INE había advertido que sería imposible hacerlo en ese lapso, pues deben recapturar las firmas en una plataforma digital para compulsarlos con la Lista Nominal, además de realizar una revisión manual de los errores que arroje el sistema.
«Lo digo sin medias tintas: es materialmente imposible hacerse en 20 días, sin hablar de los costos, por el personal que se tendría que contratar para la captura», dijo el 20 de octubre Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.
Los consejeros también habían advertido que únicamente una orden del Tribunal Electoral podría obligarlos a modificar sus lineamientos ya aprobados.

Ven trampas
Los consejeros electorales consultados mostraron su enojo por la determinación de los magistrados, pues consideraron que abren la puerta a la simulación, falsificación y trampas de los partidos para reunir más de 2 millones 700 mil firmas antes del 15 de diciembre.
Sin embargo, desde el primer día, los morenistas cometieron trampas.
Por ejemplo, el lunes, antes de la decisión del Tribunal, el líder de Morena, Mario Delegado, acudió a un stand en el centro de Colima donde morenistas recababan firmas en formatos impresos, cuando estos sólo estaban autorizados para municipios marginados.
Los consejeros aseguraron que se repetirá la historia del 2020, cuando morenistas entregaron miles de firmas falsas, de muertos o presos para pedir una consulta popular para juzgar a ex presidentes.
Los consejeros consideraron que al menos los magistrados mantuvieron la restricción de prohibir al Presidente de la República la difusión de propaganda electoral 60 días antes de la jornada de revocación, como establecen la Constitución, la ley secundaria y los lineamientos.