RENÉ URRUTIA DE LA VEGA

Una materia que me apasiona y me entusiasma sobremanera cuando tengo la oportunidad de hablar de ella es el Compliance, algo que encontré en un momento muy singular en mi vida cuando dejé la función pública e incursioné en el ámbito del ejercicio profesional independiente y los negocios particulares; tuve la suerte de formarme en este extraordinario mundo en la Ciudad de México, de la mano de un extraordinario equipo de profesionales pioneros y expertos en la materia en la firma “Ontiveros Consulting” y su gran equipo liderado por el eminente Doctor Miguel Ontiveros Alonso, extraordinario académico, maestro y mentor de amplia trayectoria, que goza de compartir el conocimiento.

Esta breve introducción me permite hablar brevemente del Compliance Gubernamental, que no es otra cosa que la aplicación de los principios y valores que se exigen a las empresas y personas jurídicas de derecho privado para prevenir la comisión de delitos cometidos por sus miembros o por la propia organización, pero también aquellos cometidos en su contra o en su agravio, que nace en México como consecuencia de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales y, con ello, el inicio de un sistema de justicia penal de corte acusatorio y predominantemente oral, cuyo origen en nuestro país ocurre a partir de las reformas constitucionales del año 2008, generándose de esta forma el Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y que ahora encuentra la gran oportunidad de trasladarse a la administración pública, no como un régimen de responsabilidad del ente colectivo, sino como la posibilidad de adoptar, por parte de las entidades de Gobierno, ya sea centralizado, descentralizado e incluso paraestatal, los parámetros éticos, normativos y organizacionales que han servido para combatir la corrupción en las empresas, precisamente con la finalidad de que el sector público sea el que implemente programas de cumplimiento normativo dirigidos al mejoramiento de los estándares que generen mejores resultados y, por supuesto, permitan prevenir los delitos y responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, por supuesto, en última instancia, la corrupción. Yo no encuentro en este momento una mejor forma de empezar a avanzar en el combate efectivo y real contra la corrupción, complementando la estrategia entre el ámbito de lo público y el de lo privado.

Es importante aclarar que el Compliance Gubernamental evidentemente no está dirigido al blindaje del ente público por su responsabilidad penal, pues hay que decir que el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas está expresamente excluido para las organizaciones públicas o gubernamentales, pero también debe decirse que, no obstante ello, los servidores públicos que en ellas participan y actúan, tienen responsabilidades importantes de carácter administrativo y penal, lo que nos lleva a establecer enfáticamente que la existencia de programas de cumplimiento bajo la perspectiva del Compliance, definitivamente pueden ser el parteaguas en la forma de gestionar la administración gubernamental, considerando que puede impactar en muy diversas áreas, materias y funciones públicas que en este momento y desde hace mucho tiempo requieren de una intervención urgente, pero a la vez distinta a todo lo que tradicionalmente se ha intentado sin obtener resultados satisfactorios, al menos no de manera integral y, por consecuencia, al no contar con ese atributo, los resultados parciales o aislados que en algunos casos se logran, se diluyen fácilmente entre el universo de dificultades, deficiencias, malas prácticas y actos de corrupción a todos los niveles y en todas dimensiones que se han convertido en la constante del ejercicio de la administración pública.

En este momento en particular, nos encontramos ante una maravillosa oportunidad de implementar estrategias, planes y acciones distintas, si verdaderamente se quieren generar resultados también distintos, pues estamos una vez más ante la coyuntura de la renovación de las administraciones municipales en la mayor parte del territorio nacional, los nacientes gobiernos municipales y algunos estatales se encuentran trabajando en este momento en la planeación de sus estrategias para ejercer al función de autoridad en sus respectivas demarcaciones territoriales y bien valdría que pensaran en la extraordinaria oportunidad de tomar una decisión de primer nivel y atreverse a dotar su estructura gubernamental de un programa de cumplimiento normativo hecho a la medida de sus necesidades y retos para generar esquemas de valor que les permitan dar los resultados que la ciudadanía requiere.

Los programas de cumplimiento normativo para las entidades de Gobierno o Compliance Gubernamental bien podrían ser esa solución que nuestro país espera y bien podrían iniciar por el nivel de Gobierno Municipal, empezando a actuar desde lo local en el mejoramiento de las prácticas, dotando el actuar de los servidores públicos en el ejercicio de sus encargos de orden, ética y debida diligencia, con estrategias suficientes y eficaces de supervisión y control para su efectivo cumplimiento, pero se requiere empezar ya mismo.

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