En algún momento alguien consideró la conveniencia de ampliar la descripción oral o escrita que rindiera el gobernador del estado, por lo que se ideó, y luego quedó instituido, que después de cada informe acudieran al Congreso del Estado los titulares de las dependencias para que explicaran a detalle lo concerniente a su área.

De esta manera, se supuso, a través de los diputados la sociedad tendría un panorama más completo de la situación que guardan las instituciones, principalmente si hay avances, estancamientos o retrocesos y qué se puede hacer para que mejoren.

Con el tiempo el propósito se deformó al caer en los extremos, ya que los legisladores que militan en el mismo partido que el gobernante hacen preguntas cómodas y llegado el caso imponen una defensa a ultranza de los programas que no convencen o perjudican a los ciudadanos.

La oposición a su vez se encarga de aguarle la fiesta al compareciente, exigiéndole que puntualice cada asunto, algunos de difícil respuesta por las particularidades que le rodean con el afán de exhibir su ignorancia o complicidad, que luego utilizan con fines políticos.

Lo que empezó como una glosa que permitiera arrojar mayor claridad a lo manifestado por el mandatario se tradujo en jornadas de incienso, de acomodar los requiebros y alabanzas para elevar a su máxima potencia al titular del Ejecutivo, que contrasta con las críticas que recibe de los contrarios, que no encuentran algo positivo en su labor por lo que llegan al insulto a la investidura de su contraparte.

Quienes han estado presentes en esas reuniones constatan que los funcionarios van como el cordero al sacrificio. Saben a lo que se exponen, pero lo hacen obligados ya que los diputados aseguran tener la potestad  y el deber de examinar ampliamente el contenido del documento.

Cada año se repite el libreto sin que alguien considere que ese tipo de actos son obsoletos, por lo que si no se pueden modificar es preferible eliminarlos. Si alguno de los legisladores hiciera una encuesta en su distrito para saber cuántas personas estuvieron atentas a lo que se comentó y cuál es el beneficio que dejó, sabrá la realidad.

La mejor muestra que se descarrió se encuentra en el quinto informe que entregó el presidente Enrique Peña Nieto el pasado uno de septiembre, cuyas comparencias de los secretarios de Estado comenzó después del 15 de octubre debido a que los funcionarios estaban concentrados en atender a la población afectada por los terremotos del 7 y 19 de septiembre. Antes de que lo hiciera el primero de ellos se habló que no sería “pasarela” para los presidenciables, cuando es bien sabido que a estas alturas todo lo que hagan o dejen de hacer los posibles tiene una connotación y lo único que no cambia es el trato que reciben de los legisladores, que también se toman como indicios.

La intención inicial fue determinar qué se ha hecho y qué falta por hacer en cada secretaría para que el gasto público tenga un mejor destino, pero con el paso de los años se pervirtió hasta llegar a las condiciones actuales, en que lo mismo da llevar a cabo la glosa días o semanas después, o de plano cancelar algunas de ellas porque hay asuntos más importantes que ocupan la atención del parlamento.

AMBIGÜEDAD

Es una práctica habitual presumir malos manejos de algunas dependencias públicas en base a datos preliminares, o que falta un comprobante del gasto aplicado, por lo que en lugar de esperar a que el asunto quede solventado o recibir una explicación, legisladores y funcionarios hacen público aquello que considera un desfalco.

Aún cuando aseguren que no pueden revelar el nombre del presunto infractor, basta saber el nombre de la oficina para determinar de quien se trata, lo que algunos medios llegan a publicar sin importar que son únicamente vislumbres o que las pruebas carecen de consistencia.

Así es como se ha destruido la honra individual y familiar, porque no obstante que luego demuestren que sólo hubo un error ya su imagen quedó manchado y podrán pasar muchos años y seguirá recordándose aquello de lo que fue acusado.

La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado es la que más utiliza información privilegiada que por ley envían el gobierno del estado, los once ayuntamientos y las dependencias descentralizadas, haciéndolo directamente o filtrando datos que de entrada causan un impacto social y un gran disgusto, al mencionar el uso de cientos de miles de pesos o de millones.

Por aquello de no te entumas, indican que se trata de “irregularidades”, como facturas que carecen de la cédula correspondiente de Hacienda, o no encuentra un comprobante, de lo cual en la mayoría de las veces se resuelve cuando el responsable entrega la documentación respectiva, pero de ello la citada Comisión no tiene interés de comunicarlo, por lo que en el imaginario popular queda la convicción que el involucrado sí sustrajo recursos del erario.

Asimismo, hay titulares de dependencias que pueden enfrentar un problema legal cuando por ley deben firmar un documento en calidad de notificados. Es el caso de la compra o venta de predios que lleva a cabo el titular del Poder Ejecutivo, o el convenio con una institución bancaria para un crédito, en lo cual intervienen en reuniones y firmas porque la legislación así lo determina, lo que no significa que ellos llevaron a cabo la operación o tuvieron en sus manos algún dinero, pero de haber la presunción de un delito y comprobarlo entonces se toma en cuenta a todos los que dejaron su rúbrica.

Ante la imposibilidad de demostrar que no tuvieron nada que ver con ese asunto ha obligado a varios a desterrarse, por lo que debería modificarse el marco legal para que los signatarios de ese tipo de escritos sean únicamente aquellos que tengan relación directa en el ejercicio.

También se debe prohibir el uso indebido de la información que tenga la Comisión de Vigilancia, que si se ha comprobado un delito en las cuentas públicas sea el pleno del Congreso donde se de a conocer, y una vez que se hubieran agotado todas las diligencia que el caso amerite, como única vía de acabar el acoso de que son objeto quienes son inocentes, mismos que con las condiciones del nuevo sistema de justicia penal pueden esperar garantías para presentarse ante un juez.

SEÑALES

Decían los antiguos que en el cielo están las respuestas, pero mientras se aprende a escudriñar el firmamento hay que seguir lo que la razón dicte, por ejemplo, si Usted quiere saber cuál es el destino político de la alcaldesa Teresa Jiménez basta con seguir sus huellas. A más tardar en enero se tendrán los nombres de los candidatos a legisladores federales de Acción Nacional, por lo que si aparece en la relación tendrá que dejar la oficina que ocupa en palacio municipal y encaminarse hacia la Cámara de Senadores, lo cual la pondría en la antesala de la sucesión en 2022 y para entonces tendría 39 años. De no ser así y continuar en el cargo significa que en 2019 buscará la reelección, lo que también la ubicaría en una posición privilegiada, aunque cabe recordar que desde 1929 en que Rafael Quevedo fue alcalde y luego gobernador, no se ha vuelto a repetir la fórmula.