Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, la semana anterior concluí con una larga interrogante respecto a porqué no nos hemos preocupado desde la perspectiva institucional en fortalecer los servicios de agua, ni en conformar una política y cuál es la razón por la que se opta por propuestas y medidas mediocres que no resolverán problemas, como si el usuario tuviera poca importancia, como muestra tenemos la consulta convocada en Aguascalientes.

Los servicios de agua han sido afectados históricamente mediante una serie de irresponsabilidades por quienes a su paso han desfilado por los puestos públicos en los que recaen las decisiones de trascendencia sobre el agua, propiciando confusiones que a su vez son un campo de acción para una gama de personajes que como merolicos han prometido soluciones, “productos milagro”, debo precisar que no sólo en el sector agua aparecen sino en diversos rubros de la vida pública nacional, ahí tenemos el caso de cada mañana con un merolico con investidura. Contra ello es de amplia relevancia la información precisa y real que indiscutiblemente es la palanca de la eficiencia y las posibilidades de mejorar los servicios de agua y sus procesos: extracción, potabilización, conducción, distribución, consumo, alcantarillado, tratamiento, reutilización o disposición final, al igual que en todos sus procesos comerciales, administrativos, financieros, etc. Lo anterior, es el único camino para no caer en la autocomplacencia.

Vamos precisando conceptos y diluyendo esas confusiones con relación al servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, existe una confusión en si este término es sinónimo del Derecho Humano al Agua, ya que en la realidad, el derecho se debe considerar como la posibilidad del acceso al agua, y el servicio, es una función que permite que la población tenga el beneficio de recibir el agua directamente en el inmueble que requiere el líquido, que implica el cobro de los costos de extracción, así como el pago de los derechos fiscales respectivos, de infraestructura, operación, mantenimiento, sustitución, inversiones, personal, recursos materiales que sean necesarios para que la persona pueda disfrutar el servicio directamente en el lugar donde ocupa el agua.

En concreto se paga para tener la comodidad de disponer del líquido en nuestros baños, cocinas, sanitarios, etc., sin tener la necesidad de ir al pozo o río para llevarla a nuestras casas. Si releemos la observación 15 (de la ONU), ésta señala mínimos para poder acceder, pero es específica al establecer una distancia y tiempos máximos que permitan trasladar el agua a nuestros domicilios por medio de acarreo, siendo que en ningún momento considera el agua entubada, y si refiere el costo que debe cubrirse por el acceso al agua. En este punto, es necesario recalcar que el servicio de agua potable tiene un costo para el usuario por la cantidad de acciones que tiene que realizar la autoridad para poder llevar el líquido en forma directa a los domicilios de los usuarios. En esta opinión, es de considerar que los medios de acceso al agua son para todos, como pozos, ríos, etc., pero el servicio es para facilitar la vida diaria del ciudadano, más como un beneficio, y nuestro marco normativo es claro en considerarlo como un servicio público municipal.

El Derecho al acceso es el que debe ser garantizado, más no el servicio, y es facultad de los ciudadanos el solicitar este último a través de una red municipal en las condiciones reglamentadas por la autoridad. En caso contrario, si no quisiera utilizar el servicio, tendrá derecho al acceso al agua, sin que se le obligue a realizar un contrato, en cuyo caso, dicha persona deberá llevar el líquido de las fuentes a su domicilio por sus propios medios. Segundo, las entidades federativas pueden crear normatividad específica que permita regular la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, como una forma de vigilar que se dé cumplimento al artículo 115 Constitucional, siendo que conforme a las facultades que tienen las Legislaturas de los Estados, se regulan distintos servicios o funciones, como son el desarrollo urbano, seguridad pública, etc.

A lo largo de casi diez años en esta columna, he escrito sobre la falta de buenos servicios de agua en México y Aguascalientes, que como consecuencia consumen agua embotellada, aunado a una arquitectura y panorámica de tinacos sobre las casas. Un país en que se advierte la imposibilidad de beber agua de los grifos y en el que menos del 50% de las viviendas recibe agua cada día, aunque fuera por horas. Ese es nuestro escenario actual, ¿Cuál será el de nuestro futuro inmediato? Continuamos la próxima semana. Recuerden la importancia de establecer metas y ejecutar acciones tendientes para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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