Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores continuamos con el rubro de la planeación en la mejora de la prestación de los servicios públicos de agua, vital, nodal, de lo que más se habla, pero menos se comprende, ni se tiene voluntad en aprenderla o ejecutarla, sobre la que los alcaldes pasan de largo, pues les llama la atención su carrera electoral, más que consolidar un servicio público municipal. La planeación es un ejercicio que no solo es para prever el futuro mediato, sino para sentar las bases de una sostenibilidad real y las posibilidades de una mejora real de los servicios, hasta llevarlos a niveles de excelencia.
Analizando las recientes propuestas legislativas en la materia, en las que resalta el pánico a la privatización, exhibe una serie de absurdos en las creencias que se sostienen sobre la privatización, la participación ciudadana, la participación privada, los monopolios y desde luego, la regulación.
En este sentido, vamos diseccionando el panorama y después tratemos de integrarlos para brindar una visión integral. Es indispensable dejar a un lado las ideologías y tendencias partidistas, tratemos solamente de ser lógicos y de tener sentido común, aunque a veces resulte muy difícil para algunos.
a) El agua como recurso es un bien de la nación que no puede privatizarse, sino solamente concesionarse. Eso dice la Constitución y no hay ninguna ley que lo contradiga. Mientras no se cambie la Constitución, ninguna ley podrá cambiar eso y, por lo tanto, acusar de privatizadora a una iniciativa de ley, sin modificar la constitución, no es más que una postura política o un embuste.
b) Los servicios públicos de agua potable y saneamiento son un monopolio natural del Estado. Es más, son el ejemplo perfecto y por excelencia de un monopolio natural. Si dejáramos que cualquiera pudiera construir sus propios sistemas para competir por un mercado, los costos y, por ende, los precios libres de mercado serían mayores y no menores, si existieran dos o más sistemas en paralelo. ¿Mejor definición de un monopolio natural?
c) Pero, por si fuera poco, la Constitución hace responsable de ellos a los municipios y el Congreso se cierra la potestad de reglamentarlos (¿y también de regularlos?), impidiendo así la posibilidad de una política nacional y una ley específica en la materia cuya propuesta cae siempre en la inconstitucionalidad.
d) Resultado: un monopolio de un servicio básico y fundamental sin regulación ni política nacional. Un monopolio de un servicio cuyas tarifas son pasto de la política, cuyos responsables pueden ser puestos y removidos a conveniencia libre del alcalde, que se presta a la contratación exagerada de personal (que se rota cada tres años o menos), que en las campañas políticas son fuente de ofertas descabelladas como si su operación no tuviera un costo e implicara una responsabilidad.
e) Los servicios de agua potable y saneamiento son especialmente sensibles a la economía de escala. Requieren de una masa poblacional que resulte económica, para que los costos puedan traducirse en tarifas asequibles y se garantice un adecuado nivel de la calidad de los servicios. Una población de menos de 30,000 habitantes no puede ser autosuficiente plenamente y garantizar la calidad y sostenibilidad con tarifas asequibles a toda la población.
f) Más del 70% de los municipios del país tienen 30,000 habitantes o menos, no pueden ser autosuficientes plenamente y garantizar la calidad y sostenibilidad con tarifas asequibles a toda la población. La mayor parte de los municipios, en las condiciones actuales, posiblemente nunca sean autosuficientes. Pero es inconstitucional regular que por ley tengan que asociarse para constituir masas económicas sostenibles.
g) Los recursos hídricos, sobre todo los subterráneos, están seriamente sobreexplotados y presentan contaminación cada vez más grave. Las aguas residuales urbanas no se tratan en forma efectiva y contribuyen al proceso de contaminación superficial. Sin medición y cobro efectivo por el uso, no se tienen recursos ni elementos de presión para que quienes usan el agua, la usen racionalmente, la potabilicen y la restituyan sin contaminar, en un proceso sostenible.
h) Se pretende la participación ciudadana, pero no la participación privada. ¿Por qué no las dos? Ambos son ciudadanos, solo que algunos aportan opiniones y consejos y otros aportan y arriesgan recursos. Si, si lo hacen por ganar dinero ¿es ilícito? O lo que está mal es que no los regulemos en forma adecuada. Continuamos la próxima semana con esta serie de reflexiones que deben considerarse en la planeación, no sin antes recordarles la importancia de emprender una auténtica política hídrica que permita que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com

Mis queridos lectores. Reciban mis mejores deseos, para esta navidad inédita, a pesar de lo diferente que no falte el amor y la dicha en sus hogares, reciban un fuerte abrazo.