Aguascalientes no es ajeno a los preocupantes indicadores en cuanto a maltrato animal se refiere. Lamentablemente mascotas domésticas como perros y gatos suelen ser abandonados a su suerte por sus propios dueños. Tanto el INEGI, como la Proespa y asociaciones encargadas del bienestar animal, coinciden en la problemática que cada vez es más densa.
De acuerdo al INEGI, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el primero en Latinoamérica; cuenta con una población superior a los 18 millones de perros, de los cuales el 70 por ciento de ellos viven en condición de calle, mientras que el 30 por ciento restante tienen la fortuna de tener dueño.
Los esfuerzos por concientizar a las personas sobre la responsabilidad que implica tener alguna mascota, así como sanciones administrativas y hasta penales en algunos casos para quienes atenten contra el bienestar animal, parece que está dando resultados.
Esto luego de que los casos de adopción de mascotas han crecido hasta en un 10 por ciento en los últimos cinco años; se estima que para el 2020, en 6 de cada 10 hogares en el país hayan adoptado alguna mascota.
Por su parte, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) informó que durante el presente año que está por concluir, el departamento de Protección, Defensa y Bienestar Animal, inició el procedimiento de responsabilidad en materia de Bienestar en 16 visitas de inspección, implicando el procedimiento jurídico-administrativo. Se logró además el rescate de 131 mascotas en situación de riesgo.
De acuerdo a la asociación Amigos Pro Animal, las mascotas que son abandonadas en la calle por sus dueños, no superan en su mayoría el año de vida, luego de que no lograran adaptarse al cambio que significa perder una familia, así como por la falta de alimentos y cuidados en general.
En Aguascalientes, el maltrato animal está penado con sanciones administrativas, las cuales pueden quedar solventadas con trabajo comunitario. En el peor de los casos y dependiendo de la gravedad del asunto, se pudiera iniciar un procedimiento jurídico contra los presuntos responsables.

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