El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Particulares, Héctor Sánchez Espinosa, hizo un llamado a la SEP para que intervenga ante la Secretaría de Economía y no se aplique en México la Norma Oficial Mexicana 237, la cual vendrá a sobrerregular a los colegios, lo que encarecerá a las colegiaturas y pondrá en riesgo de operación a muchos de estos planteles.
Por las dos mil quejas que ha recibido la Profeco a nivel nacional por cuestiones comerciales en contra de los colegios particulares, se quiere sacrificar a estas instituciones que cuentan actualmente con una matrícula de 3 millones 700 mil estudiantes en el país, la autoridad debería buscar otro mecanismo para supervisar a los infractores y no sacrificar a todo un sector.
Hasta el momento, la Secretaría de Economía no ha tomado en cuenta a los colegios particulares de todo el país y esto es crucial para que se hallen los mecanismos para dialogar y que se acuerden los ajustes sin afectar a todas esas instituciones educativas que operan dentro de las normas y las leyes mexicanas.
Si entra en vigor la NOM 237, los colegios deberán certificarse ante la Profeco, lo que generará gastos adicionales y que se tendrán que repercutir en las colegiaturas, y eso afectará en directo a los usuarios de los colegios particulares.
Es importante que esta NOM 237 se deje a un lado y que siga funcionando el Acuerdo del 92, el cual ha estado regulando a los colegios particulares hasta el momento, donde la autoridad de aquel momento tampoco tomó en cuenta a las instituciones educativas privadas, cuyas afectaciones no resultaron tan graves como si pudiera suceder con la nueva norma oficial mexicana.
Ahora se pretende que la Profeco supervise colegiaturas e instalaciones, pero ya existe la Secretaría de Obras públicas, la secretaría de desarrollo urbano que observa la existencia del uso de suelo y otros permisos, también se tiene el área especializada de la SEP que supervisa cada año a las instalaciones de los colegios, junto con la unidad de Protección Civil, lo mismo hace el Instituto de Educación que pide los dictámenes estructurales para autorizar el funcionamiento de los mismos.
“Pero ahora la Profeco pretende tener injerencia y esa instancia no cuenta con personal especializado. Esto sería una sobrerregulación de normas y de dependencias que supervisan a los colegios particulares”, puntualizó.

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