La Colectiva «Salvemos La Pona» ha solicitado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que intervenga respecto a las modificaciones al Código Urbano Municipal, con el objetivo de armonizarlo con el Código Urbano Estatal. Argumentan que dichas modificaciones atentan contra el derecho humano a un medio ambiente sano y a la movilidad, declaró su representante, Sofía González Ponce.
Uno de los puntos más delicados de estas modificaciones se relaciona con las obras definidas como «de impacto social», una categoría que incluye elementos como puentes y desniveles urbanos. González Ponce indicó que estas obras han causado inquietud entre la sociedad civil debido a potenciales infracciones a los derechos humanos y a su posible efecto negativo en la movilidad urbana.
Así, mencionó que diversas organizaciones vinculadas con la movilidad manifiestan su preocupación, puesto que dichas obras parecen no alcanzar el propósito de tener un «impacto social positivo». Argumentan que, lejos de ello, estas estructuras segmentan la ciudad y generan costos adicionales para los peatones. La verdadera intención debería ser facilitar la accesibilidad urbana para todos, en particular para las personas con discapacidades.
González Ponce enfatizó que derechos esenciales, como el acceso a agua potable y la atención médica, se ven comprometidos por estas decisiones urbanísticas, afectando de manera adversa a la población, especialmente a los grupos más vulnerables y con limitado acceso a derechos.
Señaló que, si bien la armonización del Código Urbano no es obligatoria, esto no justifica que una reglamentación sea contrapuesta a los derechos humanos. Los municipios y las autoridades tienen la opción de no implementar normativas que infrinjan derechos fundamentales, ya que éstos están resguardados constitucionalmente.
Mencionó que «Salvemos La Pona» ha presentado evidencia contundente a través de peritajes urbanos, sociales y ambientales que justifican por qué consideran que estas enmiendas son inconstitucionales. Además, han indicado que los procedimientos para modificar el código no se llevaron a cabo adecuadamente.
Por ello, la colectiva insta a la CEDHA a que utilice sus facultades para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se realice un minucioso análisis del tema si se determina que la normativa va en contra de los derechos humanos.