Salvador Rodríguez López

El desconocimiento de las leyes que rigen al estado, la ineficacia en su encomienda y el prurito de hacer sentir el peso de la investidura, llevó a la Comisión de Justicia de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado a recurrir a opiniones externas para el desempeño de su obligaciones, en un afán de repartir culpas en caso de que se equivoquen en la decisión.

Por enésima ocasión los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia tienen que soportar los desplantes de los legisladores, que hacen caso omiso a los acuerdos de la Judicatura del Estado sobre la continuación en el cargo de uno de ellos, sometiendo al solicitante a una serie de pruebas de “probidad, conocimientos, experiencia y capacidad”, lo que ahora, por obra y gracia de los dirigentes de algunas de las tantas agrupaciones de abogados que existen en esta entidad, pueden ellos levantar o bajar el índice.

Aunque aquí la razón no encaja, lo lógico habría sido que los profesionales del derecho consultados se excusaran de opinar, por el simple hecho que se convierten en juez y parte ya que varios de los asuntos que llevan en los juzgados son resueltos por el Supremo Tribunal de Justicia, lo que en un momento determinado puede afectar sus intereses y los de sus clientes.

Se supone que el Congreso tiene un equipo jurídico encargado de conocer, atender y resolver todos los asuntos que se presenten en este sentido y uno de ellos es recordarles a los diputados que su única función -en el caso de la reelección de los magistrados- es darse por enterados del acuerdo de la Judicatura, pero no convertirse en tribunal de alzada.

Para no fallar en la respuesta, los directivos de las agrupaciones de abogados recurrieron ladinamente a una respuesta conjunta, algo así como en Fuenteovejuna, de manera que si las cosas no salen como esperan, habrá dispersión de responsabilidades.

Durante la sesión que llevó a cabo la semana pasada, la citada comisión legislativa conoció de la solicitud que envió el Consejo de la Judicatura, en que definía la reelección de la magistrada Edna Edith Lladó Lárraga, lo que hizo acompañar de su experiencia profesional como abogada y al servicio del Poder Judicial.

Ante la impericia de resolver algo tan simple como era darle trámite a ese acuerdo, recurrieron a agrupaciones de abogados para que dieran su punto de vista y para sorpresa de diversos profesionales del derecho se “engancharon” con un “dictamen concienzudo”, en el que según su leal entender no se debe aprobar la continuación de la magistrada. Se olvidaron los dirigentes que no podían adoptar una decisión de manera imparcial, puesto que hay intereses en juego.

También pasaron por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo se ha pronunciado sobre esta situación, sino que dictó órdenes al Congreso de apegarse a lo que dispone la ley, por lo que ahora no sólo pueden salir “embarrados” los diputados, sino los líderes de esas agrupaciones de abogados, que en un afán de protagonismo se pusieron de tapete para que los legisladores pudieran salir lo mejor librados.

INEXPLICABLE

Un tufillo extraño se esparce sobre el ambiente de la colonia Ferronales, al haber no sólo coacción en los trabajos que tienen lugar sobre el cambio de conductos de agua potable y aguas grises, sino que con olímpico desprecio hacia los vecinos la autoridad decidió lo que tenía que hacerse, actitud que recuerda los tiempos cuando el supremo gobierno actuaba con extrema soberbia.

Los habitantes del emblemático lugar han señalado que no se oponen a que se hagan algunos trabajos si con ello se va a mejorar su condición de vida, en lo que están en desacuerdo es que no se les informe sobre el programa que ya impuso el Gobierno.

La soberanía no responde a los reclamos bajo el fundamento de que “palo dado ni Dios lo quita” y una vez aplicado el procedimiento será poco lo que se pueda hacer, no obstante sigue en pie la protesta y demandan que antes de que continúen las labores presente un informe detallado de lo que se pretende hacer y de las razones que existen para que se haya escogido a la Ferronales para ello, porque de su parte no lo solicitaron.

En la búsqueda de justificar su actitud, el director del Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes, José de Jesús Altamira, señaló que se trata de un proyecto que cuenta con todos los permisos necesarios otorgados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el municipio, sin embargo en ningún momento se ha tomado la molestia de reunirse con los residentes para explicarles del porqué de estas acciones, de lo que se pretende hacer y a quién o a quiénes va a beneficiar. Simplemente se hace porque para eso es la “autoridá”.

Menciona que el INAH otorgó los permisos, lo que haría suponer que en esta materia no hay problema, sólo que Antropología e Historia únicamente está al tanto de que no se dañe o se pretenda cambiar las condiciones en que están las viviendas, consideradas como únicas de su tipo en esta entidad y que tienen una antigüedad mayor a los 100 años, pero no puede intervenir en lo que se haga en el arroyo de las calles.

Por su parte el Municipio de Aguascalientes, antes de otorgar los permisos para las presuntas obras de rehabilitación e instalación de tuberías nuevas en 2.5 kilómetros, debió de haber socializado la solicitud y al no hacerlo actuó como el gorras, imitando al Instituto del Agua, con lo que demostró falta de capacidad para acercarse a los pobladores.

El mando estatal no ha desmentido los rumores de que se piensa convertir varias calles de la Ferronales en patio trasero y zona de maniobras de un hotel y un restaurante que se construirá en terrenos del Complejo Tres Centurias, cuestión que si llegara a concretarse acabaría con la paz de que ha gozado el vecindario, pero más grave aún es que de suceder pondrá en grave peligro a los alumnos de dos escuelas primarias, un jardín de niños y una secundaria que se encuentran en el mismo sector.

DESMIENTE AL PEJE

Mientras que el tabasqueño asegura en sus rollos mañaneros que hay control de precios en los combustibles, el presidente estatal de la Cámara del Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz, pide una tregua ante el encarecimiento que los tiene entre la espada y la pared. Dijo que las propias autoridades federales han reconocido que Aguascalientes es de los estados que registra los precios más elevados en los hidrocarburos, al ser de 23.11 pesos el litro de Diésel, lo que pone en duda la efectividad de la Reforma Energética, que en su momento se presentó como un dique para evitar incrementos desproporcionados. Muy lejos está, dijo, el ofrecimiento presidencial de mantener los precios de los combustibles en un rango aceptable, cuando ha sido lo opuesto, con un costo cada vez más alto y esto pone en serio riesgo a las pequeñas empresas transportistas, al destinar recursos por más del 50% de sus ingresos, tan sólo para el pago de hidrocarburos. Sostuvo que no hay una explicación lógica del porqué Aguascalientes supera a entidades como Querétaro, en cuanto a costo por litro, llegando a un diferencia de 4 pesos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su reporte de Quién es Quién en los Precios, ubicó un negocio en San José de Gracia que vende el litro de Diésel en 23 pesos con 11 centavos, de los más caros en el país. Díaz Ruiz dijo que “es inconcebible” lo que sucede, porque los vehículos que ellos utilizan necesitan de grandes cantidades de combustible, por lo que las empresas destinan hasta 10 mil pesos por traslado y esto se debe, en parte, a que el precio de los hidrocarburos tiene como referencia el precio del petróleo en los mercados internacionales, lo que pega severamente en México, por lo que algo se tiene que hacer para evitar que continúe esta situación. Los que más sufren son las pequeñas y medianas empresas transportistas, ya que gran parte de sus ingresos se va en el pago del combustible, por lo que llegado el caso no quedará otra opción que aumentar el costo del flete y esto repercutirá en el bolsillo del comprador final, que es algo que se ha tratado de evitar y la única manera de lograrlo es que el Gobierno evite el aumento desmesurado.