Colectivos y asociaciones LGBT+ y de la diversidad sexual se manifestaron y realizaron la clausura simbólica del Congreso del Estado al considerar que hay un bloqueo por parte de los legisladores hacia sus derechos, a pesar de estar mandatados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El coordinador de la Fundación VIHDHA, Marco García Robles, expresó su preocupación por aquellas personas que se dicen defensoras de los derechos humanos y que incluso les prometieron legislar hace meses a favor de ciertas causas. “Simplemente lo dejan en una negociación política partidista y hacen de lado todos nuestros derechos. Ya estamos hartos en la comunidad de la diversidad sexual de que no se nos atienda, de que no se cumpla, de que no se atiendan los mandatos de la Suprema Corte de Justicia y de que haya esta parálisis legislativa”.

Lamentó que haya indiferencia, odio, miedo o simplemente política partidista sucia, dado que ha habido una promesa incluso en eventos públicos donde los legisladores dicen estar a favor de su agenda y, a pesar de que se han promovido iniciativas, se dejan en la congeladora, “como si la Secretaría General fuera otra fuerza política u otro diputado y simplemente nos dejan sobre el escritorio cuando hay un proceso legislativo. Las iniciativas deben llegar a las comisiones, deben ser dictaminadas a favor o en contra, no solamente guardadas en un folder”.

Detalló que hay cuatro puntos pendientes que piden a los legisladores que resuelvan en la ley y que tiene que ver con: matrimonio igualitario y los derechos inherentes a las parejas, el tema de las identidades trans que incluye a adolescentes e infancias, el acceso a la justicia, la tipificación de los crímenes de odio, la prohibición de las terapias de conversión y el tema de la agenda afirmativa que es urgente para cualquier vulnerable del país.

Por lo anterior, advirtió que acudirán a todas las instancias y vías que tengan a la mano, como la Secretaría de la Función Pública para ver si pueden aplicar algún tipo penal de discriminación contra servidores públicos por el  bloqueo a sus derechos, la posibilidad de amparos y otras acciones legales ante las comisiones, estatal y nacional, de Derechos Humanos.

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