¿Se acuerda Usted de aquel comercial de los años 90, en que un individuo pasa frente a una tiendita, en los momentos en que el propietario barre y le grita a todo pulmón: “Don Beto, don Beto, ya tenemos carretera”. El señor levanta la mirada y se le sale una lágrima, aunque de inmediato dice: “No estoy llorando, Jacinto, lo que pasa es me entró una basurita en los ojos”. Hubo quienes interpretaron que don Beto lloraba porque de qué le servía tener carretera si no tenía ni siquiera una bicicleta.

Ciertamente, la vía pavimentada traería beneficios para gran parte de los habitantes, pero otros sólo verían de lejos la modernidad, porque su pobreza era tanta que sólo en contadas ocasiones podrían utilizarla.

Algo parecido sucede en Aguascalientes con el inicio del ciclo escolar 2021-2022, donde la mayoría de las escuelas públicas están en condiciones aceptables, pero otras son reflejo de la pésima vigilancia policíaca, por lo que no sólo están deteriorados adentro y afuera sino que hace difícil que los alumnos y profesores puedan desempeñar sus labores.

Muy en su papel el director del Instituto de Educación (IEA), Ulises Reyes Esparza afirmó que en términos generales fue un buen arranque de clases presenciales, luego de la suspensión que se registró desde marzo de 2020. Reconoció que en 60 planteles no pudieron regresar debido a la falta de agua, principalmente, y también por no tener condiciones materiales y otras afectaciones. Estas instituciones se encuentran en la periferia de los municipios y de la ciudad, por lo que se comprometió a que se atenderán las necesidades que tengan para que puedan funcionar y sobre todo que no representen un peligro para la comunidad estudiantil.

El problema es que todo se hace al cuarto para las doce, cuando se tuvieron meses para conocer la situación en que estaba cada escuela y no que ahora se recurra a los ayuntamientos y al Instituto del Agua para que busquen la manera de que al menos tengan el líquido, mientras tanto se lleva en camiones-cisterna y van a comprar tinacos. Eso, en cuanto al agua potable, pero en varias escuelas hay vidrios rotos, puertas vencidas, paredes pintarrajeadas, pizarrones y pupitres destruidos y maleza crecida.

Para no dejar lugar a dudas, El Heraldo publicó en su edición del pasado viernes una fotografía acompañada de la información de las condiciones en que se encuentra la escuela Carlos Fuentes, ubicada en el municipio de Jesús María, que literalmente se cae a pedazos, al ser impactada hace casi año y medio por un vehículo. Es reflejo de la incuria de las autoridades civiles y educativas, que por más de 18 meses no han hecho el mínimo esfuerzo para que el responsable pague los daños, o en su caso que el propio Ayuntamiento y el IEA asuma los gastos, pero no puede seguir así ya que el salón que recibió el golpe está a punto de la destrucción y habría que hacer un análisis de las condiciones que está el resto de la institución.

Se puede argumentar que el 95 o 98% de la infraestructura educativa está en un estado óptimo, sin embargo la obligación es que sea al 100%, porque, sin excepción alguna, todos los alumnos y sus profesores tienen derecho a concurrir a una escuela segura y en buen estado.

PLEITO ANUNCIADO

Lo que comenzó como una controversia entre los dueños de camiones urbanos y el Gobierno del Estado y que derivó en la expulsión de varios de ellos, tenía que terminar en los juzgados, ya que no iba a ser tan fácil que los hicieran a un lado para darle entrada a una empresa foránea.

Desde que inició su administración, en 2016, el gobernador Martín Orozco Sandoval anunció que uno de los programas torales de la administración sería lograr que el transporte colectivo fuera seguro y eficiente, lo que –lógicamente– atrajo la simpatía de los más de 350 mil usuarios que todos los días utilizan este servicio. Se dijo en varias ocasiones que la idea era que se acabaran los camiones-sardinas en que se convertía a ciertas horas, que llegaran a tiempo a los paraderos y cumplieran los recorridos o vueltas completas. El tiempo transcurrió sin que se observara una mejoría, por lo que en 2019 se dio la orden de sacar de circulación a los carros que no tuvieran la documentación completa o que estaban en malas condiciones mecánicas, disposición que llevó a la detención de varios de ellos durante una marcha de protesta que hicieron por la avenida Francisco I. Madero y varios choferes o propietarios terminaron tras las rejas.

Después vendría la creación de la línea Yo Voy, anunciada como la solución a todos los problemas y en la que hasta la fecha se desconoce quiénes son los propietarios de varias unidades, aunque se adueñaron de rutas más rentables, al mismo tiempo se obligó a los camioneros que habían logrado superar el acosamiento a que pertenecieran a una especie de empresa única, aún cuando no estaban convencidos pero no había otra opción.

El siguiente paso del Gobierno del Estado fue invitar a la empresa nacional ADO a ser parte del negocio, la que aceptó con la condición de ser mayoría en la sociedad, por lo que como primera medida impuso los criterios a sus intereses. Sacaron 43 camiones tradicionales de las rutas 20, 40 y 41, lo que fue la gota que derramó el vaso, por lo que en primera instancia los perjudicados recurrieron a la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, en demanda que se restablezcan las 43 unidades en las citadas rutas y al mismo tiempo que exista un diálogo con el Gobierno para acceder al subsidio de 100 millones de pesos.

Directivos de la Línea Express, encabezados por Jaime Carranza Ochoa y Juan Raúl Vela, manifestaron que la Coordinación de Movilidad les puso como condición que firmaran un contrato con el que prácticamente regalaban la Línea Express a ADO, con el alegato que no tenían permiso vigente, por lo que les inhabilitaron el servicio.

Subrayaron que la Línea Express se constituyó a instancias del Gobierno del Estado, que pugnó para que dejaran atrás el esquema hombre-camión y constituirse en una sola empresa, por lo que adquirieron 55 autobuses chinos, con los que trabajaban las rutas 20, 40 sur y 41.

Pese a las vicisitudes que se han vivido desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020 y que provocó la caída vertiginosa del aforo, la Línea Express tiene finanzas sanas, no le debe a la Secretaría de Finanzas del Estado, no tiene problemas laborales ni con los proveedores y se pagan las amortizaciones de los carros adquiridos.

La empresa Autobuses de Oriente, que tiene aquí como su representante a Juan Pablo Fernández, tuvo la ocurrencia de ofrecer precios risibles por la compra de los camiones, al 50% de su valor real, recordando que los transportistas de Aguascalientes no tenían voz ni voto.

Aunque se supone que es un arreglo entre particulares, la Dirección de Movilidad presentó un contrato que tenían que firmar los autobuseros locales, lo que al no hacerlo trajo consigo la inhabilitación de las 43 unidades y que llevó a que ahora se tenga un frente jurídico para deshacer el pastel que estaban a punto de engullirse los autores de esta trama.

Se desconoce quiénes son los asesores del mandatario estatal, pero su obligación es advertirle los laberintos en que está entrando, al mismo tiempo recordarle que le quedan poco más de 13 meses en el cargo, por lo que sería demasiado riesgoso enfrentar un juicio en este último tramo. Lo recomendable es tratar de salir lo mejor posible, pero como dijera aquel ex gordito “que con su pan se lo coma”.

DAR Y RECIBIR

Durante 17 meses la sociedad se acostumbró a escuchar que el personal del Sector Salud eran unos héroes, porque a riesgo de su propia vida han sido los primeros combatientes en la lucha que se libra contra la pandemia, ejemplo sin igual que motiva al resto de la población a ser más sensible en todo lo que se refiere a la atención correspondiente a pacientes de cualquier enfermedad.

Para cada uno de ellos, sean médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, radiólogos, de intendencia, personal de oficina, etc., siempre habrá un sentimiento de gratitud por esa entrega y ante todo, por la valentía de enfrentar situaciones tan difíciles como es el de saber que un compañero se contagió e inclusive murió, lo que no es óbice para que den un paso de costado, por el contrario, los alienta a seguir adelante y lógicamente, cuidándose para no ser una víctima más.

Está claro que ellas y ellos no viven de halagos, palmaditas y mensajes pomposos, por lo que con toda justicia un grupo de internistas de jornada acumulada, adscritos al Hospital General de Zona Número Uno (HGZ-1) exigen los insumos necesarios y que aumente el número de trabajadores que permita atender con eficiencia el incremento de perjudicados por el coronavirus. Señalan que como internistas tienen bajo su responsabilidad dos pisos, lo que representa 52 pacientes, a quienes se les debe atender, varios de ellos en estado crítico, efectuar tomas de muestras, procedimientos y colocación de sondas, lo que es una carga de trabajo que desvía la atención.

La queja la presentaron a finales del pasado mes de agosto, en la que especificaron que era necesario restablecer los equipos COVID, con lo que se podría agilizar el cuidado y atención a los internados, por lo que esperaban que los encargados de la administración de recursos den una respuesta positiva. Le recuerdan a los directivos del Hospital y del IMSS en general que la pandemia no ha sido vencida, por lo que es necesario que por una parte la población no baje la guardia, que aún cuando esté vacunada continúe cumpliendo con la normas de autocuidado (uso del cubrebocas y de gel antibacterial, respetar la sana distancia y no asistir a lugares concurridos), al mismo tiempo que los hospitales dedicados a la atención del COVID tengan lo necesario para el cumplimiento, tanto en el número suficiente de personal como de insumos.

Al día siguiente de la protesta, el IMSS anunció que el HGZ-1 vuelve a ser sitio COVID, lugar en que se concentra la atención de casos sospechosos y positivos, además de otras enfermedades respiratorias. El jefe de los Servicios de Prestaciones Médicas, Jesús Chávez Martínez, informó que el hospital trabajará de manera regular con especialidades de pediatría, ginecología y obstetricia.

Dijo que se reforzarán las acciones de atención ante el incremento de pacientes positivos y sospechosos de la pandemia, por lo que el resto de las urgencias no COVID será atendida en los hospitales generales 2 y 3, de acuerdo con un programa que distribuye las unidades médicas para cada lugar.

Es indudable que así como el personal que atiende la pandemia está dispuesto a dar su máximo esfuerzo, al mismo tiempo requieren que los directivos del Seguro Social estén atentos a los requerimientos y no esperen a que se los pidan.

INTENSO CUIDADO

Empresas y trabajadores de la industria automotriz enfrentan condiciones adversas en materia de producción, lo que sale totalmente de su competencia, porque esto se debe al desabasto de componentes y lo cual ha obligando a la suspensión de actividades, que se conocen como “paros técnicos”.

El Gobierno del Estado ha seguido muy de cerca este problema, que de agudizarse podría provocar un problema para la entidad, teniéndose en cuenta que el sector es el principal impulsor de la economía, por lo que se debe tener una vigilancia muy especial.

Sobre el particular, el secretario de Desarrollo Económico Manuel Alejandro González Martínez, consideró que podría haber recortes salariales debido a la baja producción. Elogió la actitud de las firmas porque hasta la fecha han cubierto al 100% los sueldos, lo que han hecho es llevar a cabo paros técnicos y cambios de días por descansos a cuenta de vacaciones, sin embargo el problema es que “se han agotado las vacaciones de los trabajadores y el tiempo por tiempo, lo que podría desencadenar en algo complejo, aunque esperamos que no sea así”.

El funcionario hizo hincapié que la falta de componentes electrónicos “es un tema que ya se había dicho por parte de las plantas que están en la entidad, que duraría el resto del año”. Es un asunto que no se ha podido superar, o por lo menos llegar a los niveles de 2019, pero se tiene confianza que de alguna manera se pueda corregir. Los mercados mantienen la demanda, por lo que las compañías “están deseosas que justamente este abastecimiento se normalice, no es un tema que no tengan mercado, y deban despedir gente, sino exclusivamente de falta de componentes, de materia prima”.

Ojalá que pronto se regularice el envío que deben hacer los fabricantes asiáticos, porque de ello depende la producción de automóviles y el trabajo en las empresas de autopartes, que en su conjunto representan la principal fuerza laboral de Aguascalientes, por lo que el comercio y la industria dependen económicamente de ella.

LA SOGA AL CUELLO

Resulta difícil entender la actitud del Gobierno Federal, que además de llevar adelante el incremento al precio del diésel, lo que reduce considerablemente el ingreso de los transportistas de carga, ahora el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige que cumplan con la “Carta Porte”, misma que será obligatoria a partir del 30 de septiembre.

El contador José Francisco Franco Hernández dio a conocer que en fecha reciente hubo una modificación a una regla miscelánea, la cual iba a entrar en vigor el 1 de junio, pero se determinó un período de conocimiento de los interesados, por lo que la fecha límite se fijó para el 30 de septiembre.

El ex presidente del Colegio de Contadores de Aguascalientes manifestó que el cambio significa que las empresas dedicadas a este ramo deben presentar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que es la forma de hacer documentos electrónicos para que sean válidos por el SAT y requiere que el contribuyente obtenga su Certificado de Sello Digital (CSD) en el portal del SAT, para firmar electrónicamente sus documentos, además añadir un complemento Carta Porte.

Por lo anterior, consideró que van a estar sujetos a una mayor revisión por parte de las autoridades, principalmente de la Guardia Nacional (en el papel que tenía la Policía Federal de caminos), debiendo acreditar correctamente el traslado de mercancía.

“Ya no va a bastar con el CFDI de traslado, sino que tiene que incorporar nuevos elementos que establece la reforma que no pedían anteriormente, por ejemplo, van a pedir que menciones el número de seguro de la compañía para el traslado, el permiso de la SCT que establezca la ruta del traslado, el nombre del chofer, detallar la mercancía que está trasladándose, entre otros”.

Estas obligaciones, abundó Franco Hernández, exigirán a las empresas una mayor carga administrativa, además que al incumplir con los nuevos impuestos, la mercancía en automático no va a ser deducible de impuestos y la autoridad pudiera presumir de un robo o un contrabando, además de ser sujetos a una revisión.

Dijo que el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique González, solicitó un prórroga, puesto que existen más de 520 variantes de transportes que deben atenderse, por lo que si entra en vigor en la fecha planteada podría haber el riesgo de desabasto de productos en el país, sin que la autoridad se haya pronunciado si acepta aplazar la medida.