Luis Muñoz Fernández
Miembro del Colegio de Bioética, A.C.

Próximamente, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes va a discutir en el pleno dos iniciativas legales que pretenden “proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”, una promovida por los partidos políticos PAN, PVEM y PES y la otra por la representación local del Frente Nacional por la Familia.
Es indiscutible que este tipo de iniciativas, similares a otras que se han presentado y en algunos casos aprobado en otros congresos estatales, no sólo tienen el objetivo abstracto declarado de “defender la vida”, sino que abrigan el propósito oculto de impedir en un futuro cualquier intento por despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y, más allá, imposibilitar la despenalización de la muerte médicamente asistida. Desde luego que, en este momento, a quienes están presentando las iniciativas citadas ante el Congreso del Estado lo que más les urge es impedir la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
A mediados de diciembre de 2020 redacté un texto titulado La interrupción voluntaria del embarazo: ¿es posible un debate sin crispación? que se publicó el 21 de ese mes en El Heraldo de Aguascalientes. En él expresaba que “en las condiciones ideales de una sociedad democrática como la nuestra, un tema de la complejidad e implicaciones que caracteriza a la interrupción voluntaria del embarazo exigiría antes de su llegada al Congreso un debate público amplio y razonado en el que se abordasen todas las facetas que lo integran”.
De entonces a la fecha, ese debate público indispensable en una sociedad democrática como la que decimos tener sigue brillando por su ausencia. Por tanto, las afirmaciones de que “es lo que quiere la sociedad de Aguascalientes” carecen de sustento y lo que está sucediendo en realidad es que el tema se está negociando entre sus promotores y el Congreso del Estado con deliberada opacidad, como si de un conciliábulo medieval se tratase.
Hacia el final de aquel texto podía leerse: “Por último, aunque es un aspecto en el que no podemos profundizar aquí, vale la pena mencionar que considerar al cigoto y al embrión un ciudadano no sólo es un exceso, sino un absurdo desde el punto de vista embriológico y jurídico”. Agregaremos aquí que también lo es desde el punto de vista filosófico y neurobiológico.
Cuando se analiza un tema de esta complejidad es necesario contar con un marco conceptual sólido, con las opiniones bien fundamentadas de los auténticos expertos, los que lo han estudiado con seriedad y minuciosidad, con altura intelectual y de miras, lejos del apasionamiento nutrido por los dogmas, conjurando la tentación casi irresistible de querer imponer nuestra forma de pensar y nuestras creencias a todos los demás.
Independientemente de la postura que se tenga en torno a la moralidad de la despenalización voluntaria del embarazo, se puede partir de una base común en que la que todos o casi todos están de acuerdo. Así lo explica la doctora en filosofía Margarita Valdés Villarreal, catedrática del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, autora de varios trabajos sobre este tema:
“En general nadie piensa que un aborto realizado en las primeras semanas de gestación, cuando se tiene la certeza de que el feto no es una persona metafísica, sea un acto banal, carente de toda significación moral, esto es, un acto que pueda permitirse por cualquier tipo de razón. Tanto los que sostienen una postura liberal frente al aborto, como quienes tienen opiniones conservadoras al respecto, suelen coincidir en que la decisión de abortar, en cualquier etapa de la gestación, es una decisión moral problemática para la mujer que sólo se justifica por razones serias, a diferencia, por ejemplo, de la decisión de extraerse un diente o quitarse un lunar”.
Por eso debe reconocerse que la interrupción voluntaria del embarazo no es un método de control de la natalidad ni un bien deseable para nadie, ni siquiera para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Se debe entender como un recurso al que la mujer, de acuerdo a su conciencia y sin coacción alguna, pueda tener acceso con todas las garantías sanitarias, sin consecuencias penales ni discriminación, que debe acompañarse simultáneamente de otras medidas impulsadas desde el Estado, especialmente un programa permanente y bien estructurado de educación sexual desde la infancia y la garantía del acceso efectivo a los métodos anticonceptivos actuales.
De aprobarse las iniciativas señaladas en un principio, se privará a la sociedad de Aguascalientes de un ejercicio auténticamente democrático en el que se analicen de manera pública y razonada los argumentos que sustentan los diferentes puntos de vista sobre el tema, para así poder tener la oportunidad de abandonar las posturas extremas e irreconciliables en aras de acordar un marco legal justo para la convivencia armónica de todas las partes. Ese debe ser el verdadero objetivo que guíe el quehacer legislativo.
Antes de votar esas iniciativas, las legisladoras y los legisladores del Congreso del Estado de Aguascalientes harían bien el leer estas palabras del presidente de Francia Valéry Giscard d’Estaing:
“(…) Yo soy católico, le dije al papa Juan Pablo II, durante una entrevista realizada en el Vaticano, pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos (…) sino más bien lo que tengo que hacer es velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa, para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia católica pida a aquellos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la ley civil la que puede imponerlas con sanciones penales al conjunto del cuerpo social. Como católico estoy en contra del aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización”.
Este fue un político en el más elevado sentido del término.