Pocas veces la dimisión de un funcionario tiene tanta repercusión como la que presentó Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por las implicaciones que tenga en las decisiones del máximo tribunal y para la vida política y administrativa del país.

Cerca de las cuatro de la tarde del pasado 3 de octubre, el hoy virtual ex ministro entregó en Palacio Nacional la carta de su separación, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le fue aceptada y ahora sólo falta que sea admitida por el Senado de la República, según lo dispone el Artículo 98 de la Constitución.

Ni siguiera el retiro prematuro de Carlos Urzúa Macías de la Secretaría de Hacienda produjo un remolino como el que hoy se levanta, porque la salida de Medina Mora abre una oportunidad de oro a AMLO para tener un ministro más, luego de los nombramientos que hizo de dos del pleno, lo que podría permitirle tener una mayor influencia en las decisiones de la SCJN, poder al que por cierto ha zarandeado cuando las sentencias no favorecen a su gobierno.

Sin precisar las razones para optar por el retiro, Eduardo Medina se lleva tras de sí la intervención de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Electorales, a cargo de Juan Ramos, por movimientos bancarios personales, de familiares y de razones sociales, que hace presumir lavado de dinero, además de conflicto de interés.

En junio pasado se mencionó de presuntas transferencias que hizo a cuentas bancarias de Estados Unidos y Reino Unido por 107 millones de pesos, donde no logró explicar esos movimientos y no recibió respaldo institucional para defenderse, además recibió críticas por haber asistido a la boda de la hija del abogado Juan Collado, actualmente preso, al considerarse que había un conflicto de interés.

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) y su bancada en el Senado responsabilizaron al Gobierno Federal de causar la renuncia de Medina Mora. El máximo dirigente Marko Cortés dijo: “Nos preocupa profundamente y por ello hacemos un llamado de alerta. México necesita un equilibrio auténtico de poderes y respeto a las leyes y a la Constitución”.

Por su parte, los senadores de la misma filiación se pronunciaron en contra de “cualquier intención de someter al Poder Judicial a la voluntad de una sola persona”. El senador Damián Zepeda manifestó estar “muy alarmado” con lo sucedido. “Si el presidente tiene cuatro votos incondicionales (en la Corte), bloquea cualquier acción de inconstitucionalidad. Se requiere ocho votos de once para declarar inconstitucional la norma. Hoy se presume que ya tiene tres”.

Aunque López Obrador porfía que él no persigue a nadie ni tiene afanes revanchistas, varios analistas coinciden en hechos reveladores que señalan de dónde vienen los dardos. La ex titular de la Sedatu, Rosario Robles, se encuentra en la cárcel, acusada de malversión de fondos públicos, entre otros delitos que le imputan y que para algunos es una venganza porque en su tiempo estuvo involucrada en el caso de René Bejarano (El Señor de las ligas), entonces el hombre más cercano a López Obrador cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Medina Mora fue titular del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen), que entre otros políticos tuvo bajo la lupa al hoy mandatario nacional. El abogado Juan Collado, de tener una relación profesional con el ex presidente Carlos Salinas, considerado el principal adversario de AMLO y con el también ex presidente Enrique Peña Nieto, está detenido imputado de varios delitos.

Puede ser fortuito que varios de los que se ha enfrentado López Obrador a lo largo de su vida política hoy se encuentren presos o bajo investigación, lo que provoca apuestas de quién sigue en la larga lista de quienes se han cruzado en su camino.

CONTRIBUYENTES EN APRIETOS

La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, alertó que la reforma para combatir la emisión de facturas falsas considera a los contribuyentes como “terroristas”, al tipificar el delito como delincuencia organizada y prevé prisión preventiva.

Para la panista, esta iniciativa impulsada por Morena es innecesaria, al citar que ya existen las herramientas para prevenir, detectar y sancionar la defraudación fiscal, por lo que “no vemos compromiso para atacar este flagelo de la facturación fantasma, sino que tiene un fin intimidatorio”.

Sostuvo que “al meter la defraudación fiscal en las leyes de Seguridad Nacional y Contra la Delincuencia Organizada, tratan a los contribuyentes como terroristas”.

Estableció que el único propósito es recaudatorio, debido a que se cayeron los ingresos por vía de cobro de impuestos, el IVA cayó en 7.9% y el ISR en 10%, por lo que se busca captar recursos a como dé lugar, por lo tanto “no sólo se va contra los factureros, sino que se pone en peligro a cualquier ciudadano o empresa que tenga algún error a la hora de declarar impuestos”.

Terrazas aclaró que a ella no le corresponde procesar el dictamen de la minuta envidada por el Senado, sino que la decisión depende de la mayoría de la Comisión de Hacienda: “Yo ni siquiera la dictaminaría. Hay rechazo de inversionistas externos e internos. La defraudación fiscal ya está normada, y se pone a las empresas y ciudadanos en situación de vulnerabilidad”.

Recordó que como secretaria de Finanzas de Chihuahua, con los instrumentos legales existentes realizó investigaciones y sustentó las denuncias por facturación falsa, sin necesidad de blandir la espada de Damocles.

BROTAN LOS RECLAMOS

El presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a sentir la presión ciudadana en sus recorridos por el país, que se refleja en gritos desesperados de justicia, de trabajo, que se atienda la falta de alimentos y de oportunidades y ante todo que cumpla su palabra que ayudaría a la gente a salir de la marginación ancestral.

Los indígenas tarahumaras se mantuvieron varias horas a la entrada del pueblo de San Juanito, Chihuahua, a la espera del arribo del mandatario en su gira de impulso de su gobierno. Las pancartas eran sumamente elocuentes: “Tenemos hambre”, “Señor Presidente, por el bien de todos primero los pobres, No mentir”, “Marcha por Trabajo”.

Hombres jóvenes, adultos y ancianos, niños, mujeres ataviadas con su indumentaria tradicional, formaron un grupo numeroso que arribó desde la noche anterior al lugar, procedentes de Sojawachi, Bocoyna y Guachochi en espera de ser escuchados por AMLO.

Han presentado acusaciones en contra del “superdelegado” en Chihuahua, Juan Carlos Loera, por lo que algunas de las pancartas señalaban “Fuera Loera”, “Loera miente”, lo que motivó que el pasado 24 de mayo López Obrador se comprometió a investigar las redes de corrupción que involucran a su representante en el estado, pero él sigue en el cargo. Quiso evitar la protesta de los tarahumaras ofreciéndoles que pronto se atenderían sus demandas, pero no le creyeron: “Nos dijo que pronto iban a llegar los apoyos y no lo creímos porque ya desde julio se comprometió y no ha cumplido”, dijo Juan Carlos González.

Una mujer comentó a los reporteros: “De la comida olvídese, hay familias que no comen, o cuando mucho una tortilla o dos y a dormir, porque no hay trabajo, no hay nada”.

La multitud le cerró el paso al convoy obligando a pararse y ahí el fundador de MORENA en Chihuahua, Aldo Loya, se acercó a la ventanilla y le dijo: “Quieren hablar con usted los líderes indígenas, allá no nos dejan entrar, tienen todo cerrado, señor presidente” y pese a la exigencia de que se bajara se concretó a firmar unos papeles en que le pedían agua, puentes, vivienda, alambre de púas y semillas, luego les dijo “allá los atiendo, vayan allá, a la reunión”, por lo que mientras él seguía su camino en la Suburban la gente caminó hasta el hospital rural. Cuando llegaron ya había hecho el recorrido, aunque eso sí, más tarde vía Twitter lamentó la pobreza en que viven los indígenas. Escribió: “Le pregunté al director del hospital de San Juanito si atendían muchos casos de diabetes –como sucede en otras clínicas– y me contestó que no, porque los rarámuris caminan mucho, pero me dijo, con crudeza, que siguen prevaleciendo tuberculosis producida por el hambre”.

En Valle de Allende, del mismo estado, fue recibido por decenas de familiares de desaparecidos que le solicitaron ayuda. Con lonas, pancartas, fotografías y playeras estampadas con el rostro de sus familiares desaparecidos desde 2008, los reclamantes apoyados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHME) esperaron al presidente a la entrada del hospital rural del IMSS, pidiéndole que asignara recursos para la búsqueda de más de 2 mil 500 personas de las que se ignora su paradero, tan sólo en Chihuahua, y que se cree un mecanismo forense que permita la participación de expertos internacionales en la búsqueda e identificación de los familiares.

Gabino Gómez, integrante del CDHME, señaló: “Se crearon muchas expectativas con López Obrador, yo mismo voté por él, pero en este tema siempre ha sido pura voluntad y en la práctica nada ha resultado. Es como si estuviéramos retrocediendo a las mismas prácticas de no hacer lo que se requiere para localizar a los miles de desaparecidos”.

Afirmó que le expusieron el tema y él nada más movió la cabeza y le dio instrucciones al superdelegado a que nos comunicara con Alejandro Encinas, quien es un buen hombre, pero está solo en el desierto, no tiene recursos suficientes, tiene mucho trabajo que atender. Nos hemos reunido con él varias veces y no hay avances”.

Fernando Román, padre de uno de los desaparecidos, apuntó: “Hemos andado para arriba y para abajo y el Gobierno no hace nada. Ahora nos dicen de los 43 de Ayotzinapa, hay mucho movimiento sobre eso, pero no son nada más 43, somos miles nada más aquí en Chihuahua”.

La respuesta de AMLO fue que daría instrucciones a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para que se pusiera en contacto con los familiares y volvió a repetir sus promesas de campaña, insistiendo que México ya vive una nueva era.

CESAN A JEFE POLICÍACO

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, asumió el control del 2 de octubre con la promesa de que evitaría actos de vandalismo, incluso sacó a miles de burócratas para crear el “cordón de la paz”, a final de cuentas sucedió lo tradicional en esta fecha, con destrozos de los anarquistas a locales comerciales, pintas en edificios públicos y agresiones a policías y reporteros.

En lugar de aceptar que falló, dejo cesante al titular de la policía, Jesús Orta Martínez, y en su lugar designó a Omar García Harfuch, que hasta el jueves pasado era jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia local. García apenas había entrado a la PI en junio, como relevo de Bernardo Gómez del Campo; fue oficial mayor durante la administración de Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno del DF y anteriormente responsable de la División de Investigación de la Policía Federal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República.

Mientras que López Obrador dijo que él tenía “otros datos” sobre la conmemoración de los sucesos que tuvieron lugar hace 51 años, al asegurar que todo se llevó a cabo sin mayores problemas, en la avenida 5 de Mayo de la capital federal fue todo lo contrario, con sujetos embozados que quebraron cristales de negocios, destrozaron puestos de revistas, lanzaron bombas Molotov, rompieron equipo de fotógrafos y camarógrafos, lanzaron piedras y palos a los policías que aguantaron estoicamente porque la orden fue no responder y los trabajadores de Gobierno capitalino, que formaban el “cordón de paz”, tuvieron que correr ante las bombas de humo, piedra y palos que les lanzaban los agitadores, que impunemente corrían de un lado a otro sin que alguien se atreviera a frenarlos, ni siquiera los detuvo la amenaza presidencial de que se iba a quejar con sus mamacitas y sus papás y abuelos.

La columna que llegó al zócalo participó en un mitin y ahí los oradores repitieron las mismas consignas de cada año, responsabilizando al gobierno de GDO de los hechos ocurridos del 2 de octubre de 1968.

AVIVAR EL PASO

A partir de que un gobernador entra en el cuarto año de su sexenio tiene que redoblar el esfuerzo si quiere cumplir todos los objetivos que se trazó el primer día, lo que exige mayor brío de su parte y de sus colaboradores.

Al rendir juramento por el cargo que va a desempeñar, el nuevo mandatario presenta un catálogo de propósitos que espera cumplir, lo que será posible en la medida que no se atraviesen momentos difíciles en lo económico o algo imprevisto que obligue a modificar las acciones, y menos situaciones totalmente fuera de control como sucede actualmente con la reducción de los apoyos federales, que imponga reprogramar varias áreas y obligue a diferir, abreviar o de plano cancelar proyectos, que más que afectar la imagen del gobernante perjudica directamente a la población que se iba a beneficiar con las obras o servicios.

Una vez cumplida la mitad del período constitucional, el titular del Poder Ejecutivo, Martín Orozco Sandoval, consideró que hay dos asignaturas pendientes que requieren de la máxima atención: seguridad pública y movilidad, renglones en los que ha puesto especial empeño para lograr las metas planteadas en diciembre de 2016.

El de seguridad es sin lugar a dudas el de mayor dificultad por todo lo que significa para la ciudadanía, y atenderlo no es una tarea fácil. Intervienen factores externos que complican la solución, pero no hay paso atrás, con lo que se han podido reducir las acometidas de los facinerosos que han pretendido asentarse en esta entidad.

En la entrevista que concedió a la reportera Ana Silvia Lozano, el gobernante aceptó que de los temas gubernamentales “es el de mayor complejidad”, sin embargo, con trabajo intenso “se ha logrado mantener a Aguascalientes como el tercer estado más seguro del país”.

En esta labor participan la Federación, a la que le corresponde combatir los cárteles; el Gobierno del Estado en la prevención y distribución y a los municipios lo relacionado con las “tienditas” que hay en distintos lugares, además de combatir el robo en todos sentidos.

Para luchar contra la delincuencia la administración estatal está por concluir el C5, que contará con 600 puntos de monitoreo inteligente, tendrá un espacio para la policía cibernética e invertirá en el equipamiento, lo que aumentará el nivel de seguridad para los habitantes en general.

En cuanto a movilidad, Orozco Sandoval subrayó que se ha puesto especial atención al transporte público, que pese a ser de los servicios más exigidos por la población, por años se había descuidado, de ahí que se tomó la determinación de analizar punto por punto de lo que debería hacerse para que fuera más eficiente. Aún cuando hay experiencias de otros estados en donde la evolución es débil, aquí se fijan las bases para tratar de que cada paso sea sobre terreno seguro.

Sobre el particular dijo que se trabaja en la ampliación de las ciclovías que tienen varias funciones, principalmente que los habitantes utilicen más la bicicleta y menos el vehículo, lo que es más sano y significa un ahorro económico para todos, además de que al utilizar menos el vehículo reduce la contaminación que provoca más de medio millón de unidades motorizadas.

Por ahora el desafío es terminar el proyecto de los autobuses urbanos, “donde se camina contracorriente por culturas, por costumbres y por el tema de las concesiones, el reto entonces es que se implemente la alta tecnología en los camiones para controlar el servicio y que el usuario reciba una mejor calidad en el servicio. Lograrlo no es fácil, pero tampoco imposible, pues ya hay avances sustantivos y la meta es que al cierre del año se logre una eficiencia del 80 por ciento”.

Evidentemente, no es fácil alcanzar las metas que se ha propuesto el gobernador Orozco Sandoval, ya que debe enfrentar inercias y hábitos muy arraigados, por lo que debería empezar por designar a verdaderos conocedores de las áreas en cuestión. Titulares de las dependencias y organismos insisten que son mínimos los reclamos, sin embargo éstos están presentes casi todos los días y la mejor muestra se encuentra en los medios de comunicación que recogen el sentir social. Leer o escucharlos es el termómetro para saber si verdaderamente hay avances en los programas o hace falta un apretón de tuercas y esto tiene que hacerse cada vez más aprisa porque el tiempo se agota.

FRENO AL OROPEL

Después de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, señalara en la Cámara de Diputados que los funcionarios encargados de investigar y en su caso consignar a presuntos responsables de algún delito relacionado con esta dependencia, deben ser cautos en sus actuaciones, en Aguascalientes la Comisión de Vigilancia dio a conocer que el trabajo que realiza el Órgano Superior de Fiscalización (ASF) no debe ser utilizado para especular ni con fines políticos.

Se ha hecho costumbre en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, que su titular Santiago Nieto Castillo haga públicas las indagatorias que realiza en contra de algunos personajes de la vida nacional, lo que es motivo de linchamiento mediático cuando ni siquiera ha sido consignado, situación que pulveriza la presunción de inocencia.

Aquí, la diputada Karina Eudave, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, señaló que todo lo que esté en proceso de investigación por parte del OSF y la respuesta de los involucrados serán públicos hasta que el Poder Legislativo apruebe su revisión. En estos momentos se encuentran 49 auditorías sujetas a análisis y de las observaciones que se presenten deben estar sancionadas a más tardar el 30 de noviembre próximo.

Una vez que se lleve a cabo los dictámenes respectivos se subirán al pleno para su votación, y será hasta entonces cuando se difunda la información, por lo que es responsabilidad de los legisladores que conozcan de los casos guardar la prudencia necesaria. Hacerlo antes es ilícito e inválido, aunque la legisladora no precisó si hay alguna sanción para quien quebrante la disposición.

Ya era tiempo de que alguien en el Congreso pusiera un alto a una costumbre de larga data, de utilizar información reservada para golpear a adversarios políticos e incluso a alguien del mismo partido, lo que se volvía una bola de nieve que daba al traste con cualquier defensa que hiciera el implicado.

Se entiende que es difícil contenerse cuando se tiene a la mano un informe especial, pero por cuestión subjetiva debe abstenerse de airearlo, ya que si lo esperado tiene un resultado adverso será un cargo de conciencia que lleve encima, máxime cuando el acusado presenta pruebas irrefutables que no deja mancha alguna.

A REGAÑADIENTES

Se cumplió la máxima que donde manda capitán no gobierna marinero. El fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, se presentó con la presidenta municipal Teresa Jiménez, para hablar de la coordinación que debe haber entre los organismos de seguridad Estado-Municipio. Lo hizo después de que el gobernador Martín Orozco se reunió con la alcaldesa, como parte de la “operación cicatriz”, tras las desafortunadas declaraciones de Figueroa en contra de la policía capitalina.

Aunque en el comunicado no se mencionó si entre gimoteos el funcionario prometió no volver a referirse en esos términos y que incluso se lanzó la puntada de afirmar: “sí lo dije, pero no era cierto”, a manera de dar por cerrado un episodio que nunca debió presentarse y menos que lo hiciera público.

Queda como experiencia que no debe repetirse, porque hacerlo es meter en un berenjenal a su jefe, quien como titular del Estado está obligado a mantener una buena comunicación con los demás niveles de Gobierno, de lo que se desprenda el máximo aprovechamiento de los recursos públicos en beneficio de los aguascalentenses.