Salvador Rodríguez López

Luego de varios meses en que soportaron presiones, zarandeos y multas, el máximo dirigente sindical en la entidad, José Alfredo González, levantó la voz para exigir al Gobierno del Estado y a la Coordinación de Movilidad que cese el hostigamiento de que son objeto los choferes del transporte urbano y taxistas, a quienes multan con el más mínimo pretexto, sanciones que deben pagar los mismos operadores.

En un acto inusual, en virtud de las relaciones tangibles que hay con Palacio Mayor, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) subrayó que los choferes “no son empleados del Gobierno”, por lo que es necesario que termine el acoso de que son objeto.

Es un asunto que se veía venir ante la persecución que hace la autoridad y lo cual ha sido denunciado en diferentes maneras por los perjudicados, al considerar que resulta inadmisible que la administración pública cree normas que luego haga de cumplimiento obligatorio de los conductores del transporte colectivo y vehículos de alquiler, a quienes se les mantiene un marcaje especial y en caso de que los policías viales, inspectores, verificadores o fiscalizadores consideren que hay una violación de inmediato proceden a la multa, que por regla general es superior a lo que gana el operador durante su jornada laboral. Hay agentes de vialidad que ni siquiera admiten una explicación, por lo que si el autobusero o el taxista insiste lo amenaza con detenerlo bajo el delito de “ofensa a la autoridad” o “resistencia de particulares”.

Ante las constantes denuncias que hay, finalmente el líder de la FTA intervino y en conferencia de prensa subrayó que aún cuando el Proyecto de Movilidad del Gobierno Estatal “es bueno”, no es lógico que se pretenda descargar toda la responsabilidad de su resultado en el cumplimiento de las rutas, de la seguridad y todo aquello que atañe al servicio, como tampoco que se castigue al chofer por una denuncia ciudadana sin haber llevado a cabo una investigación en forma en que las partes aporten sus puntos de vista y de la confronta se decida lo que procede.

José Alfredo González acentuó que a estos trabajadores se les hostiga y no hay una mejora en sus condiciones laborales, en cambio la Coordinación de Movilidad los multa por cualquier motivo, de ahí que fue muy claro al precisar: “Ellos tienen una relación laboral con un patrón, no con el Gobierno. En ningún momento el Gobierno tiene por qué andarlos multando porque no cumplieron una ruta, donde los compañeros se quedan sin llevar el sustento a su familia con tal de pagarla”.

En referencia a la recién inaugurada terminal, dijo que “desafortunadamente está convertida en un elefante blanco porque nadie va, y resulta hasta inoperante para los operadores al tener que ir hasta allá a depositar el camión, porque luego en qué se van a transportar de ahí a su casa y viceversa, y a qué hora de la noche o madrugada, de acuerdo a las jornadas que tienen”.

En tanto, el secretario general del Sindicato de Operadores del Transporte Urbano y Suburbano, Roberto Mora Márquez, mencionó que uno de los concesionarios ha dicho que la Coordinación de Movilidad pretende manejar el pago a sus compañeros, por lo que inquirió “¿A dónde quieren llegar? ¿Quién va a ser el patrón? Esto es grave porque ¿con quién es la relación? El Contrato Colectivo de Trabajo dice patrón y chofer y ahora va ser con Gobierno. Ellos exigían y pedían el servicio y ahora que tienen el mando, vemos que tanto el servicio como las condiciones de trabajo van en decadencia”.

Los taxistas también enfrentan situaciones difíciles, a decir de José del Refugio Eudave Ortiz, líder de Taxistas Revolucionarios, al citar que de los 400 que integran esta agrupación hay algunos que tienen autos modelos 2013 y 2014 y que Movilidad exige que los suplan por unos nuevos, y en esta época es difícil contraer un crédito en función de lo decaído que está el trabajo como efecto de la pandemia, por lo que piden tolerancia y esperar a que mejore para llevar a cabo el cambio.

PUEDE ALARGARSE

De los habitantes en general y de los comerciantes y prestadores de servicios en particular depende que se prolongue el período de cierre y se mantenga el aforo en 50%, lo cual permitirá que las actividades económicas continúen evolucionando.

Actualmente se está en la fase de los 15 días que el Gobierno del Estado determinó para que restaurantes, fondas y comederos, así como lugares en que se expende bebidas con alcohol puedan desempeñarse en mejores condiciones, al permitir que el cierre puede ser hasta las 12 de la noche y con una asistencia de clientes que no pase del 50% de los lugres disponibles.

Esto es un “respiro a la economía”, como lo calificó el secretario de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, recordándole a los vendedores de toda clase de productos que deben ceñirse a las normas de sanidad y del resultado que se obtenga en las dos semanas que se autorizó esta etapa pueda ir más allá. Consideró que si se logra un resultado positivo podría seguir y poco a poco buscar que las tareas vuelvan a la normalidad.

La convocatoria es principalmente para todos los aguascalentenses, porque de su comportamiento depende que se reduzca el contagio y por ende la atención médica y hospitalización, lo que de lograrse asegurará que las tareas comunes se hagan sin contratiempo. El 10 de marzo concluye este lapso, en que se analizará día tras día el resultado, compendio que servirá para determinar las acciones a seguir.

Aunque son los más que sí atienden las indicaciones, los que hacen caso omiso son responsables que se recurra a medidas difíciles, por lo que se reitera la invitación para que cada uno de los residentes en los once municipios asuma una actitud responsable y contribuya a que las áreas que han estado restringidas puedan regresar paulatinamente a la normalidad.

Lo que se pide es algo sencillo de cumplir como es salir a la calle sólo para lo indispensable, utilizar el cubrebocas al salir de casa, lavado de manos con gel antibacterial y lo más seguido con agua y jabón. Atender cada una de estas normas es ayudar a que la sociedad en su conjunto logre superar una etapa que ha sido muy prolongada, pero si se observa cada paso pronto será algo del pasado.

ANTAGÓNICOS

Una actitud un tanto extraña es la que asumen distintos órdenes de autoridad. Por una parte el Gobierno del Estado lleva a cabo una campaña muy intensa para que los negocios con problemas económicos se acojan a los programas de financiamiento y de esta manera se evita que bajen las cortinas, pero al mismo tiempo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepis) está en franca competencia con la Dirección de Reglamentos Municipales para ver quién clausura más negocios, con el argumento que no cumplen con las disposiciones de sanidad. A los inspectores, convertidos en señores de horca y cuchillo, les basta con encontrar la mínima falta para proceder a colocar los sellos, donde para quitarlos habrá que pagar varios miles de pesos, por lo que hay lugares que prefieren dejarlos así, puesto que sólo se les permite abrir unas horas y con aforo restringido, por lo que no pueden sostener el lugar, pagar empleados, energía eléctrica, teléfono, muchas veces renta y todo para qué.

 

MÁS ATENCIÓN

La campaña de vacunación que tiene lugar contra el COVID-19 debe ofrecer mejores condiciones a las personas, principalmente de sillas o bancas para que no aguarden paradas por horas. Actualmente se atiende a los adultos mayores, que por razones obvias no pueden permanecer de pie mucho tiempo y si lo hacen es por la necesidad que tienen de recibir el inmunizante, lo que puede llevar al deterioro de su estado de salud. Si para actos oficiales se arman sendas tiendas de campaña o carpas con 50, 100 o más asientos ¿porqué no hacerlo en esta ocasión?, bastaría que los organizadores se pusieran de acuerdo con el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para que coordinadamente pueda brindar un espacio más adecuado y no que actualmente se hace bajo los rayos del Sol.