El combate al lavado de dinero llegó al seno del Poder Judicial del Estado, mediante la reforma en materia mercantil que ya obliga a esta autoridad a verificar el origen del recurso exhibido por particulares participantes en el remate de bienes inmuebles de juicios en la materia.

Se trata de una disposición que cerró la rendija que en algún momento pudo haber sido aprovechada por blanqueadores de dinero ilícito, en un esfuerzo de la Secretaría de Hacienda por acotar el lavado de recurso y la evasión fiscal, informó el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia explicó que mediante la reforma mercantil se estableció como un deber para los jueces la solicitud de Registro Federal de Contribuyentes de los particulares que se inscriben como postores en juicios donde hay remate de bienes.

Con ello, verificar el origen del dinero que respalda el billete de depósito presentado en tribunales para el registro del postor, requisito que anteriormente no estaba previsto en la ley que llegó a representar un resquicio.

Y es que antes de la reforma el interesado en entrar como postor de un remate, podía exhibir dinero en efectivo ante la Secretaría de Finanzas para la adquisición del billete de depósito requerido para ser aspirante de la adjudicación del bien en cuestión.

Agregó que cuando el bien se adjudicó a dicho postor se le requería para cerrar la operación en la Secretaría de Finanzas, encargada de concretar la operación ya que el PJE no maneja recursos en efectivo.

Sin embargo, a quienes fueron postores del mismo caso y no obtuvieron la adjudicación, el Poder Judicial les devolvía el billete de depósito y la Secretaría de Finanzas, a su vez, hacía lo propio con la cantidad de dinero antes exhibida.

De tal suerte, dijo, que sin verificación del origen de dicho recurso, el particular ya goza de un respaldo judicial que indica que ese dinero es suyo, sin lugar a duda.

En ese sentido expuso que la reforma mercantil prevé ahora la implementación de mecanismos como son, entre otros, información compartida entre poderes judiciales, así como que cuando una persona comparece en algún asunto de carácter mercantil, es requisito proporcionar el RFC, con el cual Hacienda estará posibilitada de rastrear y ubicar el estatus del postor; “es un tema que está adquiriendo importancia”, concluyó Ponce Sánchez.

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