Recortar el recurso económico que se entregue a los partidos políticos y permitir que perciban más de sus militantes y simpatizantes, así como promover elecciones en las que los ciudadanos puedan sentir su participación democrática, propuso la investigadora de la UNAM, Karolina Gilas, al participar en el Foro Electoral organizado por el IEE y el Congreso del Estado.
Con las Jornadas de Gobierno Abierto en el que también se cuenta con la coordinación del Tribunal Electoral Local, se da inicio al cambio de las reglas para las elecciones venideras en Aguascalientes, aprovechando que éste será un año limpio en cuanto a procesos electivos, comentó el presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros, en entrevista previa.
En su intervención, la investigadora política de la UNAM invitada a participar en este foro que continuará hoy, expresó que se puede buscar transparencia y que se sepa quiénes están detrás de los recursos que reciben los partidos políticos, hasta ahora no se ha podido conocer, pero sería lo ideal.
Expresó que tanto México como otros países enfrentan problemas de recursos que vienen de fuentes no permitidas por la ley y es precisamente un tema en el que se debe trabajar para contar con un diseño adecuado y que las autoridades “puedan ponerse dientes para sancionar ese tipo de conductas”.
Desde su punto de vista, es conveniente pensar desde ahora en la reducción del presupuesto público para los partidos políticos, pero también evitar que en su desesperación por carecer de ese presupuesto, recurran al lavado de dinero y caigan en manos del crimen organizado, son cosas que se deben evitar y prever desde el momento en que se tome en serio la propuesta de disminuir el recurso público.
La especialista aseveró que también es pertinente tomar en consideración que no todos los problemas que tienen impacto en las contiendas electorales se pueden resolver desde el ámbito electoral, es decir, hay casos en los que tanto el INE o el IEE tienen menos injerencia, y en el caso de tratarse de recursos económicos no comprobables y que presuntamente sean derivados del crimen organizado, son otras autoridades las que deben tomar participación pero también es lo que debe quedar claro en la legislación.

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