Uno de los negocios que mayores ganancias dejó durante algunos años fue la subcontratación de personal, conocido como outsourcing, tanto a quienes llevaban a cabo la operación como a los líderes sindicales que solapaban la explotación de que eran objeto los trabajadores, lo que al llegar a su fin provocó airadas reacciones de unos y otros y hasta amenazas de que se iba a desplomar parte del sistema productivo ante la pérdida de empleos que vendría, sin embargo el cambio se ha desarrollado como lo establecen las reformas laborales sin que se cumpliera el amago.

El sector empresarial fue el que más se quejó de que se terminara la tercerización y no era para menos, porque al llevarse a cabo reducía costos al contratar una empresa a otra para que realizara los servicios que en principio debería realizar ella misma. Una de las maneras para bajar costos se daba porque entre ambas eludían compromisos obligados con el persona al que le escamoteaban diversas prestaciones, pero lo más grave estaba en que no había seguridad en el empleo, por lo que sin aviso previo cambiaban de “patrón”, con lo que no se les reconocía antigüedad alguna y por consiguiente, en cualquier momento quedaban cesantes sin posibilidades de reclamar.

Fue una situación que se dio principalmente entre trabajadores que asean oficinas y espacios del sector gubernamental y privado y eran contratados por particulares, lo mismo que en talleres de diversa índole. Las denuncias de los perjudicados caían en el vacío debido a que las autoridades laborales se concretaban a recibir la queja y la archivaban.

Otro sector que también tuvo este tipo de situaciones fue el de los guardias de seguridad, tan fue así que varias de estas empresas desaparecieron al entrar en vigor la ley que obligaba a regularizar la condición de su personal, lo cual reconoció Carmen Dena Escalera, representante de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada en la entidad, al afirmar que el nuevo ordenamiento fue un acierto para evitar que las personas trabajen fuera de la norma: “Sí ha ayudado esto y va a seguir ayudando a que los que estén fuera de la norma no tengan nada que hacer en el gremio y eso contribuye a mejorar los servicios” (El Heraldo 05/VII/21).

En total son alrededor de 12 empresas de seguridad privada que representan un fuerza laboral cercana a 3 mil 500 personas, asimismo, los trabajadores que estaban en las empresas que han cerrado luego de que entró en vigor el cambio en la ley, han sido reubicados en las que continúan por lo que no ha habido desempleo. Lo que se ha hecho es realizar el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por lo que se vive una etapa de adaptación.

Las nuevas condiciones en que funcionan las firmas que fueron “outsourcing” ofrece seguridad en el trabajo a los empleados y de llegarse a dar el caso de que alguien trate de mantener el viejo esquema se hará acreedor a multas millonarias, por lo que deben hacerse a la idea que se acabó la mina y lo único que cabe ahora es apegarse a las reglas.

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Está por concluir agosto, mes dedicado a los abuelos, y como siempre sucede se habla mucho de la “enorme” deuda social que hay con este segmento poblacional, pero muy poco es lo que hace por él, salvo tomarse la foto y el video cuando le entregan cualquier cosa, para demostrar que cumplen la liturgia anual.

La realidad le registra el DIF Estatal, al recibir todo tipo de denuncias sobre maltrato físico y económico o abandono, por lo que a través de la dirección jurídica interviene para lograr que se atiendan sus reclamos. La directora de este organismo, Karla Yasmín Esparza Lazalde, dio a conocer que en lo que va del año se han atenido 77 reportes de maltrato, de ellos dos han derivado en denuncias formales, por lo que se trabaja para restituirles sus derechos.

En total se han atendido 261 asesorías jurídicas y la mayoría se refieren al aspecto económico o el abandono. Lo que se hace es analizar cada una de ellas, porque aún cuando parezcan iguales tienen enfoques distintos. Lo que los acerca es el atropello que sufren tanto psicológico como económico o de plano el desamparo, “a algunas de estas personas les quieren quitar su dinero y su pensión y son los propios hijos quienes vulneran el patrimonio económico de los abuelos jubilados”, apuntó.

Para enfrentar esos y otros problemas que sufren las personas mayores, el DIF integrará un equipo multidisciplinario con un trabajador social, un psicólogo, un enfermero y un médico, que brindarán una atención directa y con la participación de la dirección jurídica, que se encargará de la coordinación.

Con lo anterior, abundó la funcionaria, se hará una protección más integral y directa “porque nos hemos dado cuenta que estas problemáticas generan un desgaste en el adulto mayor y tenemos la obligación de darle esta protección y de restituirle sus derechos, de garantizárselos, como Gobierno del Estado”.

Qué bien que exista esta preocupación, pero mayor será el beneficio si es permanente la acción, en donde exista un informe actualizado de cada caso, de manera que puedan aplicarse las medidas que sean necesarias para que reciba el cuidado que corresponde.

También hace falta ampliar la información a través de los medios escritos y electrónicos, en reuniones vecinales y parroquiales, creándose comités de apoyo en cada lugar que facilite los trámites que deben hacer, sea para presentar una denuncia, una solicitud o cumplir con alguna otra obligación, proporcionándoles la ayuda que sea necesaria que facilite las gestiones.

Hay casos que sólo se conocen cuando ya sucedieron, como el desalojo que les hacen de la vivienda que habitan y que con engaños la ceden a alguno de los hijos, nietos o sobrinos, lo mismo con la pensión que reciben despojándolos de la tarjeta bancaria para luego darles una cantidad ínfima.

Es mucho lo que falta por hacer a favor de este grupo etario, que pese a ser tan numeroso es bastante vulnerable, por lo que se tienen que redoblar esfuerzos para evitar que sigan conculcándose sus derechos y en lo que tiene mucho que hacer el DIF Estatal, que tiene el personal y la capacidad financiera para lograrlo, aunque es indispensable que vaya de la mano con la sociedad en general.

MIRAN LA PAJA EN OTROS

La supuesta encuesta que llevó a cabo el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) dejó al descubierto que sus integrantes se creen con un alto coeficiente intelectual o son unos pícaros, porque se han pasado los años sin que se conozca qué hacen. Para demostrar que andan por ahí se sacaron de la chistera una investigación en la que los tres niveles de Gobierno quedan muy mal parados y “percibieron deshonestidad en instancias de seguridad”, además, según el sondeo el 90% de los aguascalentenses desconoce cuáles son las instituciones u organismos que se dedican a combatir la corrupción, esto es, se magullaron a sí mismos los dedos de las manos porque si la gente no sabe qué hace el SEA y quiénes lo integran, es porque sólo ellos saben que están en la nómina. Mencionan que hay impudicia en los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, pero no mencionan casos concretos y tampoco si han presentado alguna denuncia, contra quién, por qué, ante qué instancia, en fin, es tanto como afirmar que alguien lanzó una pequeña bolsa de polietileno al drenaje y lo acusen de las muertes que registra la fauna marina. La investigación que el SEA afirma haber hecho dejó en claro que los indagados consideran que la corrupción se registra más en las corporaciones policíacas, tanto Estatal como Municipal, Ministerial, Federal, en el Ministerio Público, la Fiscalía General y policías de tránsito y que hay inconformidades en los servicios de salud, principalmente contra el IMSS, centros de salud, Hospital Miguel Hidalgo, ISSSTE y Hospital de la Mujer, no obstante en ninguno de los casos especifica en qué consiste la queja y cuál fue la respuesta que recibió. Reiteran que el pueblo percibe ausencia de transparencia en los gobiernos Estatal y Municipal, en el Poder Judicial y en el Congreso del Estado, así como en organismos autónomos, pero sin precisar en qué consiste el descontento, por lo que todo queda en una auténtica vacilada, aunque eso sí, muy costosa para el erario, ya que por hacer esto les pagan a los miembros del Sistema Estatal Anticorrupción.