Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Centralizar el poder de decisión en una sola persona o en una sola dependencia, para llevar a cabo acciones que incumben a varias personas y a varias instituciones, es señal de autoritarismo; y, en el nivel que sea, el autoritarismo va en menoscabo de la capacidad de pensar, razonar, organizar y realizar funciones, de otras personas que precisamente tienen facultades de intervenir en los hechos centralizados. El Instituto de Educación da varias muestras de centralización, a pesar de ser un organismo descentralizado y para la descentralización de los servicios educativos: la inscripción de alumnos es uno de los ejemplos.

Los directores de las escuelas son los responsables de organizar y de hacer que las instituciones educativas funcionen al servicio de niños, adolescentes y jóvenes. Para ello, deben contar con normas, políticas educativas, criterios de operación, recursos y reglas para la rendición de cuentas; sin perjuicio que reciban acompañamientos en el desarrollo de las actividades. La inscripción de alumnos es la primera obligación y  facultad que tienen los directores para iniciar el proceso enseñanza-aprendizaje de un ciclo escolar; sin embargo, la autoridad del Instituto de Educación tomó la decisión de centralizar este proceso, en detrimento de la autoridad de los directores de escuela.

¿Por qué la autoridad del Instituto de Educación centraliza la inscripción de los estudiantes de educación básica? Supuestamente, para evitar que los directores pidan “aportaciones voluntarias”a los padres de familia; para garantizar que los hermanos asistan en la misma escuela y que el resto de los alumnos quede inscrito en la escuela más cercana a su domicilio; y, entre otros argumentos, para asegurar que todos los que demanden educación básica tengan un lugar en las aulas escolares.

La forma más efectiva de evitar las aportaciones económicas de los padres de familia (en apoyo a las escuelas) es que sean los gobiernos federal, estatal y municipal, los responsables de cumplir con lo que dispone la Ley, en relación con la gratuidad de la educación; esto es, aparte de construir escuelas y pagar a maestros, es indispensable que den mantenimiento integral a las plantas físicas y equipos de los planteles y que autoricen presupuestos necesarios para la adquisición de materiales que aseguren el eficaz funcionamiento de las escuelas, así como para otorgar servicios eficientes. Los doscientos pesos que aporta el Gobierno Estatal, por alumno, es una buena intención que se debe reconocer y agradecer, pero la cantidad acumulada es pírrica para cubrir cuantiosas necesidades que tienen las escuelas. En cambio, autorizando los gobiernos presupuestos suficientes evitan las aportaciones de los padres y cumplen con la Ley.

Finalmente, aun cuando el Instituto de Educación centraliza las inscripciones, no todo resulta conforme lo previsto, a grado tal que los directores tienen que enmendar los desatinos cometidos, pues una vez publicadas las listas, cientos de padres de familia acuden a las escuelas para que sean reubicados sus hijos en planteles más cercanos a su domicilio, toda vez que el Instituto de Educación arbitrariamente los mandó a lugares lejanos que requieren dos o tres camiones para acudir a sus estudios. Ciertamente, muchos estudiantes están contentos porque les tocó donde solicitaron, pero los grupos  vulnerables son los que más se quejan de su mala ubicación.

Un dato curioso: en la mayoría de las escuelas los grupos están integrados con 32 o con 33 alumnos, en lugar de 35. Lo que hace suponer que las autoridades se guardan dos o tres lugares, en cada grupo, para casos especiales.

Es admirable la actitud de los directores, pues, a pesar de que la autoridad no les tiene confianza y minimiza su autoridad; son éstos lo que corrigen los errores en los listados del  Instituto y son los que, sin apoyos, hacen funcionar a las escuelas. Con apoyos funcionarían mejor.