El propósito de eliminar los organismos públicos locales electorales y que el Instituto Nacional Electoral (INE) asuma estas facultades, implicaría la desaparición del federalismo mexicano y regresar al modelo centralista del siglo pasado.

Tras advertir lo aventurado que sería volver a vivir el sinnúmero de conflictos que generó la concentración de poder, el profesor de Derecho Electoral de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Claudio Granados Macías, consideró la medida como incorrecta, porque dejaría bajo la tutela de un órgano central federal toda la organización de las elecciones locales.

De entrada, apuntó, se ha dado la formación aviesa que se hizo del calendario electoral, que además de romper la lógica de la dinámica política de las entidades federativas, significó “un entrometimiento de la visión en la vida nacional, en la vida de las comunas y de los estados del país”. Reflexionó que se hizo bajo el supuesto interés de que los ciudadanos se hartaran de tantas elecciones y con el pretexto de hacerlo más barato.

Los resultados no podían ser otros que generar unas mayorías que no se veían “desde los tiempos del autoritarismo mexicano y las consecuencias están a la vista, con una centralización en todos los sentidos, lo que inevitablemente provoca desigualdades importantes y toma de decisiones muy posiblemente equivocadas por parte de la excesiva mayoría que ahora están en el desempeño de sus funciones”.

En estas condiciones, sostuvo Granados Macías, si sumado a la desaparición de los organismos electorales locales la intención es quitar recursos a los partidos políticos, “lo cual suele ser una gran tentación y que paralelamente se ve como algo positivo, lo cierto es que la mayoría absoluta en el Congreso continuará y con ello muy probablemente  la consolidación de un partido hegemónico y totalitario”.

Se avanza hacia viejas prácticas de la política, mismas que en ningún sentido abonaron a elevar la vida democrática del país, por el contrario, cuando hubo un solo partido – como ahora se pretende -, nada se movía sin la autorización de quienes estaban en la cúspide.

Lo que en verdad estaría sucediendo es que se quite el ingrediente republicano a la democracia mexicana, donde los partidos necesitan recursos para su subsistencia y para que, al menos, los ideales con lo que se formaron sirvan para la competencia político-electoral.

El catedrático universitario reiteró que “es en realidad una aspiración perversa pretender desaparecer los Oples (Institutos Estatales Electorales) y recortar los recursos (a los partidos), específicamente cuando quien lo propone es una mayoría hegemónica”.

Aunque en diversos frentes han alzado la voz en contra de esa pretensión, los promotores de la reforma electoral saben que basta con sus votos y de sus satélites para lograr el cambio, por lo que sólo queda esperar que cualquiera que sea tal el número de disidentes obliguen a reconsiderar la medida y tengan en cuenta que los triunfos y las derrotas no son para siempre. Hoy están en la cima, pero en unos años podrían caer de las simpatías sociales, experiencias que ya se ha vivido en lo que va de este siglo.

PANAL DEBE PAGAR

Tras perder el registro el año pasado, en el Partido Nueva Alianza creyeron que bastaba con bajar la cortina para olvidarse de deudas y multas, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encargó de volverlo a la realidad, al confirmar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), para que los partidos Nueva Alianza con registro estatal admitan los compromisos económicos que dejó el desaparecido organismo nacional.

Aguascalientes está en la lista de los 17 que tienen que contribuir con esos pagos, al igual que Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Baja California Sur, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Nayarit, Yucatán, Chiapas y Chihuahua, entre otros, quienes obtuvieron el registro como partidos locales bajo la misma denominación.

En su totalidad impugnaron ante el TEPJF los criterios formulados por el INE, para que no se les descontara recursos de las mensualidades que reciben por financiamiento público con lo que se pagaría lo que dejó en cartera el partido matriz, bajo el argumento que el  monto es atribuible a Nueva Alianza como organismo político nacional y no a los locales de reciente creación, pero no lograron cambiar el veredicto que fue ratificado por los magistrados, al señalar que son razonables las normas dictadas por el máximo órgano electoral.

El total del adeudo es por 32.5 millones de pesos, que deberá ser prorrateado entre los organismos estatales, aunque no se precisó si los descuentos serán de acuerdo al número de afiliados que tiene cada uno, lo único que se mencionó es que tardarán un año aproximadamente en cumplir con esta exigencia. Las multas están relacionadas con diversos asuntos como la falta de reportes de actividades de los candidatos en los dos procesos electorales anteriores.

El problema que ahora enfrentan en cada estado es que, al restringirles el financiamiento mensual, deben eliminar varios programas que tenían previsto, aunque seguirán adelante con la promoción entre los ciudadanos para que se afilien.

Las condiciones en que opera actualmente Nueva Alianza en Aguascalientes están lejos de ser lo óptima, al haber perdido en las elecciones del pasado 2 de junio la alcaldía de Rincón de Romos, que se había convertido en su mejor carta de presentación, por lo que sólo se quedó con los espacios que tiene en el Congreso del Estado.

PREDIAL EN APRIETOS

Mientras las autoridades municipales se quejan que los ciudadanos deben alrededor de mil millones de pesos por concepto del Impuesto a la Propiedad Raíz (predial), un número importante de propietarios de terrenos está en desacuerdo con el avalúo que se hace obligándolos a pagar una cantidad mayor a lo que consideran razonable.

Ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado del total de demandas establecidas el 40% corresponde a quienes impugnan el cobro del predial y la inconformidad radica en que el avalúo de la propiedad no es acorde con el cálculo realizado por los encargados de esta labor, para determinar la contribución anual.

Mediante los juicios de nulidad buscan justamente la revisión del cálculo aplicado y en su caso, encontrar lo que motivó un mal procesamiento de datos sobre el valor real del inmueble, al sostener que en ocasiones el cobro se hace por colonias y no por unidad, lo que puede provocar disparidad entre una finca y otra, pese a su colindancia o cercanía.

Al combatir la disposición de la autoridad se pretende que se haga una reconsideración con bases técnicas, por lo que este asunto seguirá presentándose principalmente a principios de año, aunque continúa en los siguientes meses conforme es mayor la exigencia del ayuntamiento de que paguen esta gabela.

Por otra parte, la misma Sala Administrativa (SA) continúa recibiendo quejas de los usuarios del agua potable por los cobros excesivos, que se suman a las denuncias públicas y ante las instancias correspondientes por la falta del vital elemento durante varios días.

El problema de fondo está en que la concesionaria mantiene una actitud dual, al machar por una parte que hay una serie de acciones para que no falte el líquido en las colonias, pero al mismo tiempo no cesan las protestas al dejar de suministrarse y lo peor es que la promesa de que enviará camiones cisternas (pipas) es sólo de palabra, porque rara vez lo cumplen y cuando se hace es para proporcionar un mínimo.

Aunque la tarea de los magistrados de la SA se concreta a dar respuesta a las querellas por los cobros excesivos, es un referente de lo que sucede en la ciudad sin que la autoridad haga algo porque se de una solución definitiva.