Staff Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, celebró ayer el primer revés del llamado «Plan B» electoral, después de que una jueza federal ordenó la reinstalación del secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina.
Esa decisión, de acuerdo con el consejero, es el primer revés jurídico «de muchos» que espera ocurran con la reforma electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ordena la compactación de direcciones en el órgano electoral y la desaparición de estructuras permanentes en los estados, con el argumento de buscar ahorros presupuestales.
«Esta semana que concluye una jueza de distrito le otorgó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina –un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho–, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma, y por lo tanto ordena su reinstalación.
«Con ello, estos cambios arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico; el primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en el país», anticipó Córdova.
Agregó que el pasado 2 de marzo, tras la publicación del segundo paquete de reformas a cuatro leyes electorales, entró en vigor todo el llamado «Plan B», y con ello «también entró en su fase decisiva la batalla jurídica para defender ante los tribunales de la República nuestra democracia y el orden constitucional que violan abiertamente esas reformas legales».
Destacó que el área jurídica del INE interpuso su segunda controversia constitucional contra el «Plan B» por la violación al proceso legislativo, la grave afectación de los derechos laborales del personal del INE y la vulneración de la autonomía e independencia del organismo y de las condiciones de equidad de la contienda.
Córdova recordó que los pilares del sistema democrático son la independencia de la autoridad electoral, el servicio profesional de funcionarios, la estructura permanente, la integridad del padrón electoral y las condiciones de equidad en las contiendas.
