La sola mención de que pudiera imponerse medidas radicales para frenar la epidemia tiene en zozobra a miles de servicios y empleos, porque de llegar a darse significará el cierre definitivo de micro, pequeños y medianos negocios, que difícilmente pueden soportar otro cierre.

Es comprensible la situación en que se encuentran las autoridades, al estar entre la espada y la pared, ya que si continúa incrementándose los contagios del coronavirus llevará a una crisis al sector de salud, pero al mismo tiempo, si deciden que se bajen las cortinas provocará el colapso de la economía.

Lo que debe analizarse es que entre el final de año y los primeros días de enero se presentará un número mayor de pacientes, pero será consecuencia del poco cuidado que hubo durante las fiestas navideñas, no porque de pronto se propagó la enfermedad, lo que algunos catalogan como rebrote.

Es factible que para las reuniones de fin de año sea menor el peligro, teniendo en cuenta que los lugares de diversión tienen horario restringido, por lo que los fiesteros no tendrán otra opción que regresar a su hogar y si acaso unos pocos aceptará llevar a algunos de sus familiares y amistades.

En función de lo descrito, el gobierno del estado debe estar preparado para recibir a los que fueron contagiados antes del 25 de diciembre, que seguramente pondrán a prueba la capacidad hospitalaria, pero a partir del mes próximo puede reducirse el número de atendidos con sólo mantener las condiciones actuales.

Hasta la fecha Aguascalientes ha demostrado que sí es posible compaginar las cuestiones sanitarias y la economía, basta con que cada quien respete las normas y que además se mantenga una vigilancia en torno a los lugares de mayor concentración.

Un aspecto que ha molestado sobremanera a los Pymes es que mientras a ellos se les responsabiliza de ser un foco de infección y los obligan a bajar las cortinas, las grandes tiendas siguen operando al igual que los negocios de conveniencia, lo que a su juicio es una competencia desleal que propician las mismas autoridades, al permitir que trabajen sin problema alguno, en tanto a ellos se los privan de ganar el sustento diario.

También han soportado que les limiten el horario y que sólo admitan una tercera parte de su aforo, además existe una persecución feroz de los “guardias sanitarios” y de verificadores de reglamentos municipales, que por cualquier motivo los multan o les impiden seguir laborando, lo que es otro motivo para cancelar su participación en la vida productiva.

Lo conveniente es que las dependencias de gobierno y de los municipios analicen cada paso que han dado, desde que se declaró la emergencia y de manera prudente adopten las medidas que consideren necesarias, teniendo en cuenta que volver a la interrupción sería el acabose para una multitud de negocios, lo que de suceder, entre los damnificados serían las propias administraciones gubernamentales, a dejar de percibir ingresos de todos aquellos que decidan terminar, por lo tanto tienen que poner en la balanza hasta dónde es posible llegar a ese entorno.

DEDO EN LA LLAGA

El ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, describió con exactitud lo que en su momento dijeron los empresarios de Aguascalientes: el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) es un castigo a los que producen, que además pagan por generar empleos.

Este gravamen se creó en 2005 durante la administración del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, pese al rechazo del sector empresarial, pero la mayoría de la diputación del Partido Acción Nacional (PAN) hizo posible la imposición, asegurándose entonces que lo que se recaudara serviría para apoyar a los negocios, sin embargo con el paso del tiempo se otorgaron créditos a grupos ajenos como el caso de una productora de películas, además otra parte de los préstamos siguen en litigio en aras de recuperar al menos el capital. El destino de ese recurso se tergiversó por presuntos actos de corrupción y poca transparencia del Fideicomiso, creado para tal fin, además de préstamos a fondo perdido y financiamientos poco claros, todo lo cual no ha sido suficiente para eliminarlo.

El problema de fondo es que se ha obligado a pagar un porcentaje de la nómina a la totalidad de los patrones, aún los de menor rango, inclusive las escuelas particulares e instituciones de educación superior, lo que inevitablemente merma los ingresos ya que es un impuesto independiente al que se paga a los erarios federal, estatal y municipal, además de las prestaciones que por ley les corresponde a los trabajadores.

Las sucesivas legislaturas locales han ofrecido que se analizará la situación del ISN, pero como muchas otras promesas quedan en eso y que luego se reciclan durante las campañas electorales, por lo que aún cuando los patrones rechacen la medida son obligados a pagar, de ahí que si el ex titular de Hacienda señala que es un impuesto “perverso” es porque  efectivamente así es y esto obligaría al Congreso a intervenir, sin embargo no se puede esperar mayor cosa de su parte ya que a la hora de la verdad les tiemblan las corvas.

Urzúa Macías fue el primer secretario de Hacienda de la actual administración federal, cargo al que renunció al estar en desacuerdo con algunas acciones del mandatario nacional, por lo que regresó a su labor académica. En conferencia virtual consideró que para 2021 las participaciones federales se reducirán entre 5 y 10%, lo que afectará a estados y municipios.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el aguascalentense estableció que el año próximo no podrá haber una recuperación de la economía, pero posiblemente esto se de en los siguientes años, aun cuando el gobierno federal estimó un crecimiento de 4.8% pero en el mejor de los casos será de 3.5%, que se podrá dar si el Producto Interno Bruto (PIB) crece al menos 25% lo cual dependerá de cuestiones internas y externas.

Como lo hizo en su momento, Carlos Urzúa señaló que la decisión más costosa del presidente en turno, fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco, al echar a las cañerías 300,000 millones en inversión directa, de los cuales 100,000 millones que ya se habían invertido y 200,000 millones que estaban proyectados, con lo que dio al traste con el nuevo aeropuerto capitalino.

De manera directa, el ex funcionario subrayó que “la incapacidad de invertir correctamente le ha costado mucho al país y en el caso del ex presidente Peña Nieto, para el tren interurbano de Toluca a Constituyentes se estimaron 28,000 millones en 2013, pero ya se han inyectado 60,000 millones y todavía no termina el proyecto, lo que habla de una mala planeación y corrupción”.

GIMOTEOS INFINITOS

Cuando es una dación gubernamental sin costo son muchos lo que aspiran a esa oportunidad y si ésta no se logra vienen los reclamos airados y hasta ofensivos, sin embargo no existe ninguna ley que prohíba que se entregue a quien el mandatario en turno considere necesario. Es el caso de las concesiones de taxis y los fíats, que cada vez que hay una entrega luego vienen las protestas de lo que no fueron favorecidos, aunque en el caso de los taxistas han dejado de hacer ruido luego de que dejaron que les impusieran los servicios por plataforma, por lo que hoy son varios miles de propietarios de vehículos particulares y sus respectivos choferes que trabajan bajo este sistema, sin necesidad de que el gobernador haya extendido una autorización.