Salvador Rodríguez López

Es sabido que cuando los resultados no son los que esperaban, las grandes empresas restringen operaciones o de plano cierran las plantas, algo natural en los consorcios trasnacionales que como aves de paso, mientras existan ganancias permanecen en el lugar y en cuanto avizoran que habrá una merma considerable en las ganancias levantan el vuelo.

Por lo anterior los trabajadores de Nissan deben estar preparados para todo, una vez que  han regresado a sus labores y lo hacen bajo la sombra de un posible recorte de personal, aunque el Sindicato de la Industria Automotriz y Metalúrgica que dirige Rogelio Padilla de León propone que en lugar de que se presenten bajas se lleven a cabo paros técnicos escalonados, en espera que con el tiempo se recupere el nivel de producción y aumente la venta de vehículos.

El dirigente dijo que está en conocimiento de que la firma japonesa pretende eliminar 20 mil plazas en sus ensambladoras que tiene en varias partes del mundo, lo que al ser un número tan considerable “esperemos que no nos pegue tanto en Aguascalientes”.

El problema de fondo, y que lo sabe bien Padilla de León, es que en España recién acaba Nissan de anunciar el cierre en diciembre próximo de la planta en Barcelona, lo que representará la pérdida de 3,000 empleos directos y 20,000 indirectos. El cierre afecta a la factoría de la zona franca a sus dos centros productivos satélite Montcada i Reixach, que se encarga de la chapistería, y Sant Andreu de la Barca, que suministra bastidores, además afectará a las unidades de I+D, el centro de recambios y el centro logístico del puerto de Barcelona.

Gianluca de Ficchy, presidente de Nissan Europea, dijo que es una medida irreversible, inclusive ni con las ayudas de gobierno español y del catalán, ya que “la planta es inviable”, lo que para el gobierno español significará un costo de 1,000 millones de euros.

La multinacional considera que ante las pérdidas que resienten desde hace un año prefiere cerrar la empresa en Cataluña, lo que ha provocado una ola de protestas de los trabajadores que en pocos meses se quedarán sin empleo.

Para Rogelio Padilla “la empresa tiene que hacer un replanteamiento y reorganización de todas sus plantas a nivel mundial y es el resultado de esta crisis que empeoró la pandemia”, además que es necesario reconocer que el número de trabajadores está sobrepasado, al igual que en las proveedoras, por lo que “esta medida puede pegar a todos”.

Se hace labor con el apoyo del gobierno del estado para que, en caso de darse, la afectación sea lo menos posible, ofreciendo alternativas que incluye los paros técnicos escalonados como una forma de preservar las fuentes de empleo y siempre buscando que los ajustes sean mínimos.

Se debe tener en cuenta, apuntó el líder sindical, que “al quitarle el trabajo a uno de nuestros compañeros, es mandarlo a la calle sin ninguna oportunidad, porque en el corto plazo veo difícil que se generen vacantes, por ello exhortamos a las empresas a ser solidarias y tomar las mejores decisiones, que eso sea la última opción que tengan”.

ELIMINAR EL YERRO

Con las orejas agachadas y una cara pesarosa deberán presentarse diputadas y diputados ante un tribunal federal en demanda que se reforme la contrarreforma que recién votaron a favor de la Ley del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes.

Asegura la minoría legislativa que el grupo mayoritario les vio la cara, al haber cambiado un párrafo que no aparecía en el escrito que previamente se les entregó, por lo que a la hora de la votación no tuvieron empacho en dar el sí, al considerar que era el documento original, lo qua  ha desatado una controversia, ya que ahora el Instituto de Educación (IEA) está obligado a poner a la consideración de los padres de familia si están de acuerdo con la enseñanza sexual, de moralidad y de valores que se imparta a sus hijos, por lo que de no haber cambios en la legislación esta entidad será la única que salga de la clasificación que dispone la Secretaría de Educación Pública y llegado el caso tendrían que modificarse los libros y cuadernos de trabajo relacionados con estos temas.

El pasado 25 de mayo se dio a conocer en el Periódico Oficial del Estado, que la LXIV Legislatura del Congreso del Estado expidió el Decreto 340, que establece la Ley del Instituto de Educación y en la cual, el punto que ha generado tanta controversia se encuentra en la parte final del último párrafo que a la letra señala:

“Así mismo (sic), la Autoridad Educativa Estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.

Días después, el 29 de mayo, la presidenta de la Asociación Iberoamericana para la Igualdad de Género, Mabel Haro Peralta, declaró que esta reforma es violatoria a los tratados que México firmó con la UNESCO y la ONU, respecto a la Agenda Mundial de Educación 2030, “ya que no se promueve la igualdad de género y mucho menos el tema de la sexualidad, lo que se traduce en un retroceso y que haya más violencia”.

Dijo que es preocupante dicha modificación debido a que hay “ciertos puntos que son excluyentes que los deja a la consideración de los padres de familia, donde no todos tienen la experiencia para educar a sus hijos. Consideramos que existen expertos que plantean los programas de desarrollo educativo, tanto a nivel estatal como a nivel nacional y no todos los padres somos expertos en estas áreas y por eso mandamos a nuestros hijos para que les den la mejor calidad educativa, por lo que me parece que el Congreso del Estado cometió un error al excluir la igualdad de género y la sexualidad”.

Por su parte, el Frente Nacional por la Familia en voz de su dirigente local Carlos García, consideró acertado que los padres de familia ahora van a poder influir en la educación de sus hijos, sin que se permita que el Estado defina lo que le van a enseñar a los niños desde el punto de vista del amor, “porque la educación del Estado como está actualmente, lo que promueve es pervertir o fomentar todas esas homosexualidades o esas ideas de género, eso no es educación sexual, esa es perversión sexual”.

Ante los juicios de asociaciones y colectivos que están en contra de dicha reforma, por eliminar el género, el ex empresario recordó que la Constitución General de la República no habla de ese principio, sino de respetar todos los derechos humanos y valores humanos en general de todos los habitantes del país.

De cara a ambas posturas está la de los diputados y las diputadas que se dicen engañados, que votaron “a ciegas” y ahora buscan enderezar el entuerto, para ello tendrían que tramitar un juicio constitucional en el que acepten que votaron lo que no querían votar y que ahora quieren que se modifique el Decreto para que quede como se acordó originalmente.

INEQUIDAD

Desesperación, pesimismo, rabia, animosidad y otros sentimientos anidan en varios restauranteros, al ser obligados a trabajar sólo con el 30% de clientes, por lo que en lugar de avanzar hay un retroceso que llevará a la quiebra, ya que la inversión que hacen está lejos de recuperarse. Aducen que mientras ellos trabajan con una parte mínima del aforo, los gastos de abastecimiento, energía eléctrica, agua, teléfono y salarios son al 100%. Ningún nivel de gobierno ha determinado una reducción de impuestos o pagos de derechos, que sería lo razonable ya que si no pueden laborar con la totalidad de los lugares disponibles, por ser una orden de las autoridades de salud, lo menos que debería hacerse es que los tributos se paguen de acuerdo a la situación que impera, con lo que podrían salir delante de este enorme bache económico que se agranda conforme sigan las pérdidas.

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