El Infonavit vigilará que las viviendas nuevas se construyan cerca de escuelas, transporte y espacios públicos, por lo que la adquisición de suelo destinado para el desarrollo habitacional a través de financiamientos deberá apegarse a esos criterios, estableció el delegado de la institución, Sergio Armando González Serna.

El funcionario federal informó que con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas acreditadas, reducir sus tiempos de traslado a centros laborales y de servicios, asegurar la adquisición de vivienda en zonas con equipamientos y contribuir al desarrollo de ciudades más compactas, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó las nuevas Reglas de Carácter General para el otorgamiento de crédito, que priorizan el mandato del Programa Nacional de Vivienda en términos de ubicación y movilidad.

Detalló que a partir de mayo de 2022 los financiamientos que otorgue el Instituto para la adquisición de vivienda o suelo destinado al desarrollo habitacional deberán apegarse a tres nuevos criterios técnicos de: ubicación, entorno y movilidad.

En relación con la ubicación y entorno urbano, comentó que se establece que el inmueble deberá acreditar cercanía de hasta dos kilómetros con escuelas primarias, centros de abasto, espacios recreativos, así como vías principales; y de hasta dos y medio kilómetros con respecto a escuelas secundarias y establecimientos de salud.

Respecto a la movilidad, criterio que por primera vez se considera para el otorgamiento de los Créditos Infonavit, dijo que se evalúa el acceso y tiempos de traslado máximos de 30 minutos de caminata, 20 en bicicleta o 45 en transporte público entre el inmueble y las escuelas, centros de trabajo y distintas zonas de interés.

González Serna indicó que en el caso de los desarrollos habitacionales de traza urbana cerrada -aquellos en los que las viviendas, calles, plazas y parques internos se encuentran desconectados del entramado urbano, ya sea que cuenten o no con acceso controlado- se establece que el Instituto deberá constatar que el suelo o la vivienda estén sujetos a algún esquema formal que brinde herramientas para la acción colectiva de mantenimiento y operación de áreas de uso común.