Cuando a la distancia se mira la nave que regresará al mundo de los mortales a los funcionarios de la administración estatal, el titular del Poder Ejecutivo asegura que entregará la casa “en orden”, esto es, que quien lo suceda no encontrará nada anormal en el manejo de los recursos financieros y de los bienes e inmuebles.

Lógicamente que esa es una aspiración que tiene todo mandatario que concluye, ahora falta lo que digan los auditores cuando analicen cada uno de las gastos, contratos y transferencias, que al hacerlo con lupa resulta que en tal o cual oficina no cuadran las cuentas ni el destino que tuvieron algunos productos económicos o materiales, por lo que quien estuvo al frente tiene que explicar en dónde quedó la bolita.

En los tiempos que se viven, de vaivenes políticos, los actuales titulares de las dependencias deben ser muy cautos, porque no saben quién será el próximo gobernante, que si es de un partido distinto al que le ha precedió es casi un hecho que ordene investigar todo, de manera que es preferible irse por la derecha. Tienen menos de doce meses para hacer que los gastos concuerden, aún aquellos que consideren nimios, teniendo presente que en materia contable nada se deja al azar.

El contralor general del estado, Arnoldo Hernández Gómez Palomino, afirma que el sexenio de Martín Orozco no tiene problema alguno en el uso y destino del erario, porque uno de sus sellos ha sido el combate a la corrupción y a la impunidad, lo que se aplica de manera permanente y esto lo saben todos los responsables de las dependencias.

La revisión se hace de manera permanente en lugar de hacerlo en los últimos meses, por lo que es posible detectar si hay algún movimiento anormal que se considere un daño patrimonial, o que sea un simple error y pueda ser subsanado de inmediato. Nada queda al azar, por lo que si luego de las investigaciones se localiza algo excepcional se le hace saber a quien corresponda para que ofrezca un informe detallado del porqué de esta situación y de no ser convincente en su respuesta será encausado.

En lo que corresponde a la Contraloría se han iniciado 25 procedimientos en materia administrativa, que aún cuando no tienen relación con el uso de recursos sí lo hay en el ejecución de la obra pública y que involucra a dos empresas, quienes incumplieron sus contratos, por lo que se les impuso una sanción económica y fueron inhabilitadas.

El análisis abarca el uso y destino que en ese rubro han tenido 1,500 millones de pesos prorrateados en 800 proyectos de infraestructura y que han estado a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, del Inagua y del Instituto de Infraestructura Física del Estado.

Renglón aparte merece la cuenta pública, que en los años 2019 y 2020 tuvieron un mínimo de observaciones por parte de la Auditoria Superior de al Federación (ASF) y de la Secretaría de la Función Pública. La ASF presentó algunas consideraciones sobre el ejercicio 2019, por lo que está pendiente de resolver alrededor de 27 millones de pesos, mientras que de 2020 sólo hubo una observación, por un millón 101 mil pesos y 42 centavos, que constituye la cifra más baja en casi trece años.

Tener efectos positivos se debe, en gran medida, al trabajo de 12 supervisores y de su equipo de colaboradores, encargados de dar seguimiento a cada uno de los asuntos que tienen que ver con el manejo contable, lo que garantiza el uso provechoso de los recursos y bienes a favor de la sociedad, que es a final de cuentas el fin que persigue la Contraloría, especificó el titular de esta oficina.

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