Antonio Baranda y Claudia Guerrero
Agencia Reforma

TLAXCALA, Tlaxcala.- El Gobierno federal alista una primera denuncia contra empresas factureras por un fraude fiscal de 48 mil millones de pesos, el cual fue cometido con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Hacienda de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que la próxima semana se darán a conocer los detalles de los despachos que incurrieron en estas operaciones ilegales, que ahora son castigadas como delito grave.
“La semana próxima voy a dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado, un paquete nada más. La semana próxima se va a dar conocer ya el primer paquete, son 48 mil millones”, dijo.
-¿Y en ese fraude están coludidos autoridades y Hacienda?, se le preguntó.
-“Claro que sí”.
-¿Del Gobierno pasado?, se le insistió
-“Sí y del otro, y políticos”, respondió.

El Mandatario reiteró que su Administración procederá penalmente para desmantelar estas redes que integraban un sistema de defraudación fiscal, que permitía la fuga de alrededor de 300 mil millones de pesos.
López Obrador explicó que se dará un plazo a los contribuyentes que están relacionados con este tipo de operaciones fraudulentas para que se pongan al corriente con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
“Mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe que sus facturas son falsas, entonces vamos a dar la oportunidad a todos estos contribuyentes para que se regularicen, ya lo están haciendo”, comentó.
“Hay hasta personajes famosos, lo que pasa es que no quiero caer en la espectacularidad y además debemos respetar la privacidad, que han ido al SAT y se han puesto al corriente porque habían manejado sus contadores, les habían pagado sus impuestos con facturas falsas, entonces ahora le vamos a notificar a todos los que están en esta situación para que vayan al SAT y se pongan al corriente”.
En octubre del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación revelaron que 145 empresas habrían simulado operaciones por 50 mil millones de pesos.
A partir de enero de este año, tras una reforma aprobada en el Congreso, la defraudación es considerada delito grave y es perseguida como delincuencia organizada.
La normativa considera como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa la comisión de ilícitos en contra del fisco federal, como la expedición, venta, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.