De acuerdo al último reporte del INEGI, en las dependencias estatales y federales el 22.7% eran mujeres y 77.3 hombres; en tanto que en las administraciones municipales, 25.8% eran mujeres y 74.2% hombres.

Además, el servicio de energía eléctrica, las escuelas públicas y el servicio de limpia generaron los mayores niveles de satisfacción entre la población; en contraste, la policía, el transporte público y el alumbrado público tuvieron los menores porcentajes de satisfacción.

En el caso de Aguascalientes, el 46% de la población se queja de fugas de agua o baches; el 43% de falta de agua y el 39% de falta de alumbrado público.

En diciembre de 2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 23 de junio como el Día de la Administración Pública para reconocer la importancia que tiene el servicio público en el desarrollo de los países.

Por medio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, se estableció una serie de criterios que garanticen el adecuado funcionamiento de la administración pública, basados en el combate a la corrupción y la administración de recursos públicos para satisfacer las necesidades de la población.

En ese sentido, uno de los principales ejes del Gobierno se relaciona con la mejora de la gestión pública y la capacidad administrativa para dirigir los recursos a la atención de las necesidades ciudadanas, especialmente de las poblaciones más vulnerables.

En el orden federal y estatal más de la mitad de los servidores públicos tenían educación superior, observándose un porcentaje mayor de personal con posgrado a nivel federal (incluye los niveles de maestría y doctorado) que en el ámbito estatal. Destacan Aguascalientes y Quintana Roo, donde más de 10% del personal tenía estudios de posgrado.

Caso contrario es el de las administraciones públicas municipales, donde se encontraron los menores niveles de escolaridad, ya que menos de 1% del personal de este ámbito tenían licenciatura o posgrado. Con excepción de algunos municipios de Baja California Sur, Durango, Morelos, Sinaloa y Tlaxcala, donde más de la mitad de los servidores públicos tenía educación media superior o superior.

En el resto del país, seis de cada diez servidores públicos no tenían escolaridad o alcanzaron, como máximo, el nivel básico.