Nayra Rivera Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- Cuatro Alcaldes de Hidalgo fueron detenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado, señalados por participar en la «estafa siniestra», una red de corrupción que desvió 520 millones de pesos durante la pasada administración estatal del priista Omar Fayad.
En conferencia de prensa, el jefe de despacho de la Procuraduría estatal, Santiago Nieto, informó que existen 13 carpetas de investigación contra igual número de Ediles, a los que se les acusa de los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado.
De los 13 que son investigados por el desvío de recursos estatales, ayer se dio a conocer sobre la captura de los primeros cuatro.
Se trata de Fidel Arce Santander (PRI), del municipio de Epazoyucan; el morenista Luis Enrique Cadena, de Nopala de Villagrán, así como Elías San Juan (PRI), Edil de Yahualica, y Felipe Juárez Ramírez, Alcalde de Huautla (Partido Encuentro Social Hidalgo), de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.
«Este es un primer paso respecto a los vinculados a la ‘estafa siniestra’. Derivado de las indagatorias, elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión contra los Alcaldes de diversos municipios identificados con las iniciales FAS, LSA, ESIJ y FJR. Las personas detenidas serán puestas a disposición de un juez de control por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado», detalló Nieto.
Además, explicó el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, existen otras 9 carpetas de investigación en contra de igual número de Alcaldes hidalguenses, quienes también estarían relacionados con estos desvíos millonarios.
Dos de las investigaciones ya se encuentran avanzadas, dijo, mientras que en el resto siguen integrándose las carpetas correspondientes.
Modus operandi
En la conferencia, en la que estuvo acompañado por Guillermo Olivares, Secretario General de Gobierno, Nieto explicó la forma en la que las Alcaldías solicitaron como urgentes estos recursos desviados.
«Se hace la solicitud de apoyo de recursos extraordinarios, que los Presidentes Municipales giraron a la Secretaría de Finanzas de la Administración anterior. Se realiza el proceso en la Secretaría y se genera la transferencia al municipio a través de diversas instituciones bancarias. Las empresas que facturaron las obras o adquisiciones son de tipo fachada», expuso.
Sin especificar el nombre, dijo que en el caso del primer Municipio el contrato fue por obra pública, por 14 millones 215 mil 780 pesos.
Mientras que en el segundo, fue por 26 millones 615 mil 780 pesos; el tercero por 71 millones 960 mil 890 pesos y el cuarto por 29 millones 224 mil 736 pesos.
Los conceptos de las facturas fueron por obra pública o insumos relacionados con el combate a la pandemia de Covid-19.
En todos los casos, señaló que los contratos no fueron autorizados por los cabildos, y que al revisar los servicios supuestamente prestados, no se encontró evidencia de que fueran llevados a cabo.
Además, agregó, se encontró que las empresas contratadas, por adjudicación directa, tenían su domicilio fiscal en otras entidades, en domicilios particulares, y en muchos de los casos no estaban en el padrón de proveedores.
