El empecinamiento del presidente de la República para que se lleve a cabo una jornada nacional en que se pregunte a los mexicanos si están de acuerdo con que siga en el cargo o sea relevado, tendrá un costo cercano a los 6 mil millones de pesos, al ser un procedimiento casi igual a una elección ordinaria, esto es, la instalación de casillas en los 300 distritos en que está divido el país, estableciéndose que el evento tenga lugar en los primeros días de marzo de 2022.

Este propósito ha dividido a la opinión pública, al considerar los que están a favor que con este ejercicio el pueblo puede decidir si está conforme con el gobernante, o debe venir otro, en cambio otros discurren que el presidente es electo para un sexenio y en todo caso, en sus andanzas por el país puede palpar el sentir de la gente, por lo que si cree que ha perdido su confianza puede separarse del cargo, además que la revocación de mandato tendrá un costo muy alto sólo para satisfacer al actual titular.

A lo largo y ancho de la República hay grandes necesidades que, jerarquizadas, podrían ser resueltas con esos 6 mil millones y no utilizarlos en algo que desde ahora se vislumbra como un ejercicio a modo, para lo cual la maquinaria partidista está en marcha, buscando que los ciudadanos acudan en gran número para que la respuesta sea favorable y vinculante.

El pasado 8 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Revocación de Mandato, tal como lo hizo en su momento el Senado. De acuerdo al dictamen aprobado, la jornada tendrá lugar el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la emisión de la convocatoria y en fecha no coincidente con jornadas electorales, nacional o local, por lo que sería en los primeros días de marzo del año próximo. La pregunta que aparecerá en las boletas es ¿Estás de acuerdo a (nombre) presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”, y los ciudadanos podrán responder “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “Que siga en la Presidencia de la República”.

Es importante tener presente que para que el resultado sea vinculante deberá participar al menos 40% de los inscritos en el Padrón Electoral, esto es 36.4 millones de mexicanos, y para que se inicie el proceso, al menos 3% del Padrón Electoral, o sea 2.7 millones de votantes debe solicitarlo en, como mínimo, 17 entidades federativas de las 32 en el país.

En esta ocasión, una vez que sea solicitado el ejercicio al Instituto Nacional Electoral (INE), éste deberá tener a disposición de ciudadanas y ciudadanos, a más tardar el 1 de octubre, el formato impreso y los medios electrónicos de solicitud de la convocatoria al proceso de revocación de mandato para el periodo constitucional 2018-2024. La Lista Nominal es de 92.4 millones y para ese fin se instalarán 161 mil 490 casillas. Serán contratados 5 mil 430 supervisores electorales y 32 mil 421 capacitadores y participarán 484 mil 470 personas como funcionarios de casilla.

Ya se verá cómo termina esta maniobra, que para el caso de Aguascalientes se empalmará con el proceso electivo para gobernador, puesto que para marzo ya todos los partidos tendrán a su candidato y la efervescencia local podría verse alterada en la promoción nacional que tenga lugar, incluso que se utilice con fines oportunistas.

¡NO RESPIRE!

Sí, sólo falta que el Ayuntamiento de Aguascalientes agregue a la ley la prohibición que los ciudadanos respiren cuando circulan por la vía pública; sea a pie o en vehículo, porque hoy puede ser multado por tirar chicle o colilla de cigarro, lo mismo que por estacionarse en donde hay línea amarilla o roja -que es prácticamente en todo el centro de la ciudad-, por realizar carga o descarga de mercancía en horario no permitido, por transitar el transporte pesado por avenidas o calles no permitidas, etc..

Tal parece que la media cuchara habilitados como regidores y síndicos utilizan su tiempo en crear ordenanzas que opriman la vida de los habitantes, que de pronto se encuentran con que ahora se les puede “perdonar” una falta cometida a cambio de que barran, poden o limpien un espacio público, esto es, el Municipio tendrá trabajadores sin sueldo, a los que se obliga a cumplir tareas que le corresponde hacer al personal de base.

En el pasado trienio se les antojó a los miembros del Cabildo que había que prohibir el uso de popotes y toda clase de productos de plástico, como vasos, platos, cucharas, etc., lo mismo que bolsas de polietileno en las que las tiendas acostumbraban entregar la mercancía.

Antes de terminar el actual quinquenio municipal se tuvo la ocurrencia de dar a conocer en el Periódico Oficial del Estado (POE), que en el Municipio de Aguascalientes está prohibido tirar chicles y colillas de cigarro en la vía pública, sea en calles, parques, jardines, áreas verdes, etc., por lo que toda persona que sea detectada que incumple esta orden “se les impondrá como sanción el realizar servicio comunitario”, como elegantemente se designa a los que son forzados a realizar trabajo regalado.

Esta orden rige a partir de este mes, consecuentemente quienes mastiquen chicle y ya quieran desecharlo, o que están en las últimas del cigarrillo no tienen otra opción que tragarlo o lanzarlo a un contenedor o algún otro recipiente público para basura, y si no lo hay guardarlo hasta tener un lugar apropiado para depositarlo.

El castigo que cumplirán los que sean sorprendidos tirando dichos residuos será cumplir labores de limpieza en espacios públicos, lugares de uso común resguardados o de propiedad municipal, según el reglamento de servicio comunitario del municipio de Aguascalientes.

Para imponer su criterio los miembros del Cabildo recurrieron al Artículo 115 Constitucional y el 68 de la Constitución Política del Estado sobre las facultades, competencias y autonomía de los gobiernos municipales, así como del artículo 36 de la Ley Municipal para esta entidad y como colofón las nuevas disposiciones fueron incluidas en la adición de varios incisos de la fracción II del Artículo 1574 del Código Municipal de Aguascalientes.

En resumen, quien sea sancionado por los motivos citados tendría que recurrir a un licenciado en derecho para que lo asesorare sobre todo ese enredo de leyes y códigos y así saber el porqué cometió semejante delito. Quien hace las leyes, reforma o adiciona busca la manera que sea lo menos entendida, por lo que aún cuando sea un despropósito que por tirar una colilla de cigarro se obligue al “infractor” a asear calles, podar o desmalezar, quien tiene el poder hace lo que le viene en gana y a ver quién se opone.

EL MISMO RECLAMO

En época de lluvias se escucha el clamor de miles de familias que durante una tormenta sufren la anegación mayor y muchas veces la pérdida de sus enseres, lo que el gobierno trata de mitigar al entregar apoyos que están muy lejos de resarcir lo que quedó inutilizado, pero con ello la autoridad se deslinda de cualquier problema y de paso hace alarde de estar cerca de la gente. Lo que hace falta es que se lleven obras de mitigación o desviación de la crecida para que su curso sea hacia el río o arroyos, siempre pensando que su curso no afecte a otros centros de población. Pero lo más urgente es que no se autoricen fraccionamientos en lugares que por su ubicación pueden convertirse en vasos receptores de las aguas y convertir en una laguna el fraccionamiento. La pregunta que surge cada vez que hay este tipo de devastación es cómo fue que se consintió construir en un lugar que al estar en una parte baja en algún momento iba a sufrir las consecuencias que deja la naturaleza. El problema está en que el fraccionador se deslinda de toda responsabilidad, aduciendo que lo hizo al contar con los permisos que le otorgaron los gobiernos estatal y municipal, por lo que una vez entregada la vivienda el poseedor es el que debe atender las consecuencias. Tiene que incluirse en la ley que el vendedor está obligado a responder de los daños que sufra la finca cuando éstos son atribuidos a un problema que técnicamente debió visualizarse, como una medida de protección fundamental para los nuevos colonos.