Salvador Rodríguez López

Con la parafernalia que se estila en el medio gubernamental se anunció un acuerdo de las autoridades con los vendedores de productos básicos, que presuntamente serviría como freno a los precios, sin embargo los auténticos comerciantes pusieron en tela de duda que pudiera cumplirse ya que la compra-venta de los artículos depende de la oferta y la demanda.

Mientras en Palacio Nacional se regodeaban por haber persuadido a los principales líderes del empresariado, que por cierto se mostraban felices de que el presidente de la República los mencionara en la conferencia mañanera y recibieran nutridos aplausos de los asistentes, en los mercados seguía a la alza el precio del aguacate, de las tortillas y de otras mercancías que son parte de la dieta de las familias.

Con lo anterior se repitió la situación que se vivió en los años 70 durante la administración de Luis Echeverría Álvarez, que al igual que el actual titular del Poder Ejecutivo, era propenso a ese tipo de convenios, prometiendo a los mexicanos que tendrían acceso a una mejor dieta, pero la realidad está afuera, en los mercados, en los tianguis, tiendas de abarrote, tortillerías, etc., que apremiados por los costos que imponen los abastecedores se ven obligados a elevar el valor de las existencias.

Analistas e investigadores consideran como desafortunado ese tipo de ajustes, al pretender ofrecer espejitos a la población, pero ya nadie se traga el anzuelo, por lo que más que desilusión existe enojo, furor, arrebato, al considerar que el esfuerzo oficial debería estar orientado a mejorar las condiciones del sector productivo y de los proveedores y que sin presiones sean ellos los que se encarguen de ofrecer al menudeo un costo adecuado a la mercancía.

Es una cuestión que no basta con un manotazo para que se resuelva, sino que tiene que venir con apoyos efectivos al medio agroalimentario, transportistas de carga, distribuidores y minoristas. Es una cadena que basta con que falle un estabón para que todo se vaya al traste.

Ya lo dijo el presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, José Gil Gordillo Mendoza, el control de precios no funciona y por el contrario, puede resultar desventajoso para la población, ya que se le ofrece algo que no va a recibir. “Es inviable querer controlar precios desde el Gobierno, porque lo primero que hacen las personas es almacenar para esperar que después suba el precio, entonces restringen la oferta y eso hace que la demanda sea mayor”.

Si hace 50 años esas políticas no funcionaron, menos ahora en que el nivel informativo entre la población es muy superior, por lo que difícilmente se deja engañar, de ahí que exija que deje de utilizarse como gancho político algo tan importante como es la canasta básica.

El especialista reiteró que “no vas a lograr cambiar el precio del mercado, a menos que quieran restringir las exportaciones o ampliar las importaciones, que eso a la larga perjudica a los productores locales”.

Consideró que hay una diferencia entre lo que sí puede hacer directamente el gobierno y lo que le corresponde a la sociedad. Es el caso de los hidrocarburos y el gas, al controlar el precio porque la propia autoridad puede pude regularlos, lo contrario sucede con los productos en general. “No sé qué buena señal puede ser esto, pero definitivamente va a ser muy complejo implementarlo, por lo cual esta medida puede estar un poco fuera de la realidad, a menos que sea a través de los cupos de importación y exportación tomando en cuenta que se tuviera la producción necesaria, que en muchos casos no se tiene”.

Más allá de la opinión de los conocedores del tema, lo realidad es lacerante, al comprobar las amas de casa que el precio del kilogramo de tortilla las obliga a comprar menos y sólo en contadas ocasiones podrán adquirir uno o dos aguacates, algo totalmente injusto al ser México uno de los líderes mundiales en la producción

URGE UN CAMBIO RADICAL

El campo no puede depender de los vaivenes políticos sino que tiene que ser sostenible para estar en condiciones de responder a los retos que significa alimentar a una población creciente y esto es posible lograrlo si hay una auténtica aplicación de las políticas públicas.

Ya lo dijo el de junto, país que no es capaz de alimentar a su pueblo siempre vivirá subyugado, por lo que en México tiene que haber un cambio radical que permita a los agricultores y ganaderos producir y saber de antemano que su trabajo será redituable.

El pasado 23 de abril el gobernador Martín Orozco afirmó que el sector agroalimentario es un pilar de México, por lo que “es importante el diseño y la aplicación de políticas públicas que vayan de la mano con el sector agropecuario, pues este es uno de los pilares que sostienen la economía de miles de familias y gracias al cual tenemos alimentos”.

Mientras no se tome en cuenta que el campo es parte fundamental en la vida del país, seguirán los vaivenes. Desde la pasada administración federal se planteó la urgencia del uso de biotecnología, mientras que el uso de fertilizantes químicos es uno de los costos más grandes para los campesinos, incrementándose cinco veces en la última década y que representa el 50% de la estructura de costos de la producción del maíz, de acuerdo con el estudio que hizo el investigador nacional José Roberto Arteaga. Precisó que el mercado de semillas y la oferta de maquinaria para el campo se encuentran en poder de las empresas transnacionales,  mientras que en México no existen compañías locales que compitan, por lo que es clara la dependencia hacia la tecnología del exterior. Dos empresas extranjeras tienen el control del 90% de la producción de semillas certificadas.

Históricamente la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) ha carecido de recursos para impulsar el campo, por lo que todo se reduce en hacer planes y proponer a los productores que sean ellos los que impulsen al medio, sin embargo no se les da los elementos necesarios para lograrlo, por lo que antes y ahora se mantiene el círculo vicioso.

En la actual gestión lopezobradorista se ha pretendido arraigar a la nueva generación en las tareas del campo, pero la falta de incentivos evita que se alcance ese objetivo. Mientras no tengan las condiciones adecuadas para hacer rentable el trabajo agrícola difícilmente los jóvenes se van a quedar en la tierra que los vio nacer, por lo que en cuanto tienen la edad necesaria emprenden el camino hacia los centros urbanos y las fábricas o se arriesgan a irse a Estados Unidos, por lo que hay parcelas que tienen tiempo de no ser trabajadas, algo que el gobierno debería de analizar y considerar qué se puede hacer para lograr la retención o reintegración de esos brazos.

UN AÑO PARA ADELGAZAR

En la dirección de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes tienen doce meses para llevar a cabo una dieta adecuada y someterse a los ejercicios necesarios que les permita estar en forma. Con esto evitará que les suceda lo que en la reciente Feria Nacional de San Marcos, que por más esfuerzo que hicieron no pudieron alcanzar a los revendedores de boletos que “trabajaron” en torno a la Plaza de Toros y el Palenque. Se dijo que se tuvo el operativo para evitar que esos grupos hicieran de las suyas y que incluso se les persiguió sin poder darles alcance, lo que denota que los revendedores sí se prepararon físicamente para lo pudiera necesitarse, mientras que los inspectores o verificadores confiaron a su buena suerte. Como excusa, el titular del organismo, David Ángeles Castañeda, consideró que es posible “que los revendedores tengan un código para avisarse que nos vamos acercando y es prácticamente una corretiza lo que hacemos, para tratar de alcanzar a alguno de ellos”, sin haber logrado ese objetivo. Son personas que duplican el valor de los boletos y mientras que haya quien los compre seguirán presentes, al mismo tiempo le pintan un violín al personal del Municipio, que se conformó con pasearse y gozar de algunos espectáculos, al tiempo que tenían segura la paga.

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