Rubén Andrés Moreno de la Rosa

Primero que nada, quiero tomar este momento para agradecer a El Heraldo por darme la oportunidad de tener un espacio quincenal para realizar publicaciones y seguir compartiendo sobre los temas jurídicos relevantes para nuestra sociedad.

El pasado 7 de abril del 2022, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó una serie de reformas a su Código Civil por medio de los cuales se reconoció jurídica e institucionalmente la figura del matrimonio igualitario en la entidad federativa y de esta forma se quitaron todas las trabas para que las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ pudieran acceder a todos los derechos y obligaciones que esta figura confiere.

Esta reforma consistió en la supresión de la leyenda «hombre y mujer» de los artículos 258, 260 y 267 los cuales hacían referencia al concepto del matrimonio y los requisitos que deben acreditarse para poder acceder a esta figura. De esta manera Jalisco se convierte en el estado número 20 en reconocer abiertamente la figura del matrimonio igualitario.

Esta reforma fue llevada a cabo ya que las parejas miembros de esta comunidad que desearan casarse en la entidad, a la hora de presentarse al Registro Civil para iniciar el trámite, se encontraban que las autoridades, tomando como base esta legislación arbitrariamente le denegaban acceso a esta figura, por lo cual para poder contraer matrimonio debían de someterse a un largo y tedioso proceso de amparo que en el mejor de los casos les tomaría un año resolver. Ante esta situación, muchas de estas parejas preferían hacer el viaje a otras entidades federativas y casarse allá.

Sin embargo, esta tendencia al reconocimiento del matrimonio igualitario no es algo reciente o un capricho de la administración actual, sino que es una figura que ya lleva aplicándose desde hace tiempo en el país y a lo largo del mismo.

El reconocimiento de la figura del matrimonio igualitario en México se remonta a las luchas de los primeros colectivos LGBTTTIQ+ para que les fueran reconocidos sus derechos y se les diera un trato igualitario. A partir de ahí, gracias a la acción de estos movimientos y otros a nivel internacional, diferentes legislaciones fueron estableciendo sus garantías individuales hasta establecer el marco que tenemos ahora.

La primera entidad federativa en reconocer la figura del matrimonio igualitario fue el Distrito Federal, hoy Ciudad de México el 21 de diciembre del 2009 donde se redefinió el concepto de matrimonio como la unión entre personas y no necesariamente entre hombre y mujer.

Sin embargo, no fue hasta el 19 de junio de 2015 que se dieron los principales avances en materia del matrimonio igualitario, pues la Suprema Corte de Justicia emitió tres jurisprudencias constitucionales con impacto en todo el país.

1.- La resolución 2009407: Que determinó inconstitucionales aquellos artículos de las legislaciones civiles que dijeran que el propósito del matrimonio era la procreación.

2.- La resolución 2009406 que determinó que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las heterosexuales por lo que no hay razón para privarles el acceso a esta figura.

3.- La resolución registrada con el número 2009405 que determinó que la facultad legislativa de los Estados no puede estar por encima de los derechos humanos y que, por ende, cualquier legislación que hiciera distinción por motivos de, entre otras cosas, orientación sexual, era inconstitucional.

Entonces, como podemos apreciar esta modificación a la legislación estatal no es otra cosa que el cumplimiento de los mandatos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace ya casi 7 años, del mismo modo que representa un cambio de perspectiva en cuanto a las instituciones que existen dentro de nuestra sociedad que nos lleva a replantearnos de qué manera, bajo qué figuras e incluso con qué valores podemos construir una sociedad funcional y justa para todas las personas.

Si desean compartir opiniones respecto a este tema, me pongo a su disposición en el siguiente medio: rubenmoreno0034@gmail.com

 

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