La atribución conferida a la Procuraduría Federal del Consumidor para imponer, notificar y cobrar multas por malos servicios prestados, entre otras cosas, deberá reflejarse en beneficios para el consumidor.

“Es el espíritu de la reforma de ley que entró en vigor y que será una realidad una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación los detalles de los organismos de cobro”, explicó el abogado y ex subprocurador de Profeco, Salvador Farías Higareda.

La parte complementaria es que los abogados se introduzcan en el conocimiento profundo de los derechos del consumidor para que sepan asesorar a la población y que ésta sepa también todo aquello que es denunciable por derecho, más que por molestia personal.

“Es decir, el consumidor debe saber que un restaurante no debe cobrarle la propina y al que lo haga lo puede denunciar, así como que un servicio aéreo demorado también motiva una falta o que la tienda que advierte que por ser temporada de rebajas no admite devoluciones, infringe la ley”, explicó.

Lo es también que un negocio ofrezca en sus anaqueles comida caduca o no respete el precio a la vista, porque fue un error o también porque ya no está vigente y se les olvidó actualizarlo.

Todo eso debe saberlo el consumidor para poder exigir y tanto el comercio como los prestadores de servicios deben tener conocimiento a detalle para mejorar, pues será esa la única forma de no ser destinatarios de las multas de Profeco que ahora sí van en serio.

En entrevista, el también ex presidente del Colegio de Abogados de Aguascalientes, expuso que la reforma tiene como objetivo beneficiar al consumidor y eso se logra con mejores servicios o bien con la protección de sus derechos.

Eso no existía si bien había atención a denuncias y, en su caso, solución, las multas no tenían efecto y prueba de ello es que en 2014 la institución tenía pendientes de cobro 4 mil 500 millones de pesos en multas y 7 mil 200 juicios en el Tribunal Fiscal.

Lo primero porque dependía de las secretarías de finanzas de estados y municipios, así como del SAT para su cobro y lo segundo porque al no haber requerimiento de garantía, era fácil impugnar en tribunales y ganar.

“Ahora, Profeco podrá embargar, inmovilizar cuentas, hacer reportes en Buró de Crédito, solicitar garantías fiscales y con ello el comercio y los prestadores de servicios tendrán que mejorar su trato al consumidor, para no meterse en problemas con los nuevos ‘dientes’ de la institución”.