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Agencia Reforma

AUSTIN, EU.-El plan de Texas para proteger la frontera de contrabandistas y narcotraficantes ha derivado en un gran número de detenciones de migrantes por allanamiento de morada, según una investigación de medios independientes.
La iniciativa Operation Lone Star (Operación Estrella Solitaria), una misión conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento Militar de la entidad, elude las restricciones constitucionales que impiden que los estados hagan cumplir la ley federal de migración.
El plan del Gobernador texano, Greg Abbott, fue implementado en marzo de 2021.
La investigación de The Texas Tribune, ProPublica y The Marshall Project reveló que la entidad realiza detenciones por delitos menores de allanamiento de morada a migrantes que buscan asilo o trabajo en Estados Unidos, y no a contrabandistas o narcotraficantes.
Cuatro meses después de que comenzara la operación, Abbott anunció que con el permiso de los terratenientes, el Estado castigaría por primera vez a las personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera por sospecha de invadir propiedad privada.
Con la Operation Lone Star, se han hecho más de 7 mil 200 arrestos, de los que alrededor del 40 por ciento involucraron sólo cargos de allanamiento de propiedad privada, según un análisis de los datos del Departamento de Seguridad Pública de Texas realizado por los medios antes mencionados.
Los migrantes indocumentados son enviados a prisiones estatales durante semanas o meses, en donde reciben poca comida y se enfrentan a malas condiciones y malos tratos, según los detenidos y asociaciones.
El año pasado, legisladores de Texas reservaron casi 3 mil millones de dólares para los esfuerzos de seguridad fronteriza, incluidos casi 24 millones para remodelar las prisiones estatales como cárceles para las personas detenidas en la Operation Lone Star, informó el reportaje de The Texas Tribune.
La Unidad Briscoe es una de esas cárceles de seguridad media entre Laredo y San Antonio que anteriormente albergaba a delincuentes de Texas, pero fue vaciada para servir como prisión para los arrestados bajo la misión migratoria de Abbott, todos en su mayoría acusados de allanamiento de morada.
La Policía estatal recibió en julio las órdenes de capturar a cualquier persona sospechosa de cruzar ilegalmente a Texas que pudiera estar vinculada a un delito penal estatal.
Los arrestos masivos comenzaron en Del Rio, una pequeña ciudad fronteriza a unos 240 kilómetros al oeste de San Antonio.
En el área, las autoridades se encontraron con más de 300 mil personas que cruzaron la frontera el año pasado, con cifras que se dispararon a niveles récord en marzo de 2021 y aumentaron con la Operation Lone Star.
El repunte ha abrumado los recursos locales y ha empujado a los republicanos a intensificar la retórica contra la migración ilegal.
«El Presidente Joe Biden convirtió nuestra frontera sur en un desastre poroso donde los migrantes ilegales deambulaban por el Río Bravo sin que nadie los interceptara», dijo Abbott en un video que promociona el aniversario de la Operation Lone Star.
La investigación también señaló que hay poca evidencia de que los arrestos por allanamiento hayan reducido los niveles de cruces ilegales.
«La oficina del Gobernador, sin embargo, afirma que su enfoque disuade a las posibles caravanas de personas que buscan ingresar al país, y mide el éxito en los arrestos y las drogas incautadas», afirmó The Texas Tribune.
Ocho meses de arrestos masivos en el condado de Kinney no parecen haber tenido el efecto deseado de evitar que la gente cruce la frontera allí, señala la investigación.
Las capturas por allanamiento han llevado a grupos civiles y de derechos de los migrantes a presentar acusaciones de prácticas de arresto discriminatorias y extralimitación, y la operación ha generado desafíos legales y llamados legislativos para investigaciones federales.
Aun así, la iniciativa se está expandiendo. Aunque algunos funcionarios en los condados fronterizos más poblados pidieron más ayuda humanitaria, Abbott ha canalizado millones en dólares de subvenciones a los lugares dispuestos a procesar delitos como el allanamiento.

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