El caso de la orden de aprehensión girada en contra del gobernador de Tamaulipas ha tomado una connotación política, por la coincidencia con los tiempos, pero además, porque se ha violado la condición de secrecía cuando hay investigaciones de dicha envergadura, en lo que antes que promover la exhibición de presuntos responsables, debería buscarse el resarcimiento de los daños, de lo que poco o nada se habla.

El catedrático e investigador de la Carrera de Derecho de la UAA, Claudio Antonio Granados Macías, consideró que de no seguir el debido proceso, éste, como otros casos del pasado reciente y más antiguos, quedarán impunes y sólo exhibiendo a los políticos involucrados.

Explicó que desde el punto de vista técnico jurídico, la Fiscalía General de la República puede iniciar una carpeta, investigar y solicitar a jueces la orden de aprehensión, siempre y cuando se cumpla con los principios rectores del nuevo Sistema de Justicia Penal, “en este caso, no se cumplieron”, teniéndose otra vez, la demostración del débil Estado de Derecho que se tiene en México.

Desde el momento en que se abrió la investigación a la cobertura mediática y ésta no ha concluido, “es evidente que el asunto es político y se está comprometiendo la autonomía Constitucional y de gestión del fiscal general, de la Fiscalía y del Ministerio Público. Por lo tanto, eso nunca va a fructificar, pues no hay la intención de perseguir el delito, sancionarlo y resarcir el daño patrimonial”, que es lo que pudiera interesar al ciudadano y es de lo que no se ha hablado.

Grave la intromisión del Senado para desaparecer poderes

Sobre el planteamiento del líder de la bancada morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal, en el sentido de desaparecer los poderes en el estado de Tamaulipas, Granados Macías resaltó que Constitucionalmente no hay condiciones para que ello ocurra, pues es una entidad en donde los poderes están funcionando bien, y porque además, el asunto de García Cabeza de Vaca todavía no está decidido.

De darse el caso, tendría que primero ser concluido el proceso penal en contra del gobernador señalado, para que entonces abandone el cargo y se tenga que analizar, en todo caso, si el Congreso de Tamaulipas nombra a un mandatario provisional o sustituto, o según proceda de acuerdo con la Constitución local de dicha entidad.

“Sería grave que el Senado, con la mayoría absurda, interviniese en la desaparición de los poderes, pero si lo hacen, sería contraproducente para el tema electoral”, pues dijo, quedaría entonces más al descubierto lo que tanto se ha hablado en los últimos dos años, “sobre lo que un régimen autoritario puede cometer en contra del Estado de Derecho y gobernabilidad del país. Se reafirmaría lo que tanto se ha dicho, que hay un ataque constante a los órganos constitucionales, no respeto a las instituciones y la embestida a la autonomía de los poderes”.