Derivado de la auditoría legal a la empresa CAASA, el Gobierno capitalino le requerirá un reembolso de la cuantiosa suma de mil millones de pesos por diversas irregularidades detectadas a lo largo de su operación, reveló el director de la CCAPAMA, Refugio Muñoz de Luna, quien advirtió que la Concesionaria no podrá hacer cortes de agua sin antes realizar un proceso administrativo de tres notificaciones de pago a los seis mil usuarios morosos.

Entre las diversas demandas jurídicas que se mantienen abiertas hacia la Concesionaria, el Municipio de la capital podría acceder a sus arcas la cantidad de 1,800 millones de pesos, aunque se mostró seguro de que se avecina una judicialización por el próximo requerimiento de los mil mdp.

Aunque la SCJN resolvió desde marzo pasado los derechos y facultades de cobrar por el servicio a las escuelas y hospitales del Municipio, así como para suspender el suministro ante la falta de pago de los usuarios, dijo que la alcaldesa le advirtió a CAASA que no podría hacerlo hasta que agotaran un proceso de tres notificaciones.

Si el usuario no tiene interés de regularizarse y pagar por el servicio recibido, se podrá acceder al corte de agua, “pero está prohibido hacerlo de la noche a la mañana, tan es así que de marzo 2017 a la fecha, CAASA no ha aplicado cortes de agua; por tanto, ya se encuentra en proceso de avisar a la gente para incentivar la cultura de pago.

Cada cuatro años se establece que debe realizarse una auditoría a CAASA, estipulada en el Título de Concesión, y se acaba de realizar, donde se solicitó la información a la Concesionaria, la cual la otorgó. Se hizo un análisis y éste desprende que alrededor de mil millones de pesos se le van a requerir a la empresa por diversos hechos, como indexar arbitrariamente el ISN a la tarifa de agua.

Esto es incorrecto, porque CAASA opera con una empresa outsourcing, es decir, no tienen empleados directos, motivo por el cual la indexación del Impuesto Sobre la Nómina no aplica. Además, se han encontrado irregularidades en materia de bacheo, las obras abandonadas, las quejas ciudadanas, los cobros excesivos, así como en los manejos financieros.

El titular de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado en Aguascalientes consideró que ninguna administración capitalina anterior había realizado una auditoría tan detallada a CAASA, donde se observa que el proceso jurídico será largo y se irá agotando instancia por instancia.

La decisión de la alcaldesa capitalina es tener en cintura a la Concesionaria, con un buen servicio a la ciudadanía y con cobro justo. Y estas acciones detectadas sin duda que le pegan a los intereses de esa empresa.