Rolando Herrera
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo siete de 212 diputados federales que aspiran a reelegirse el próximo 6 de junio presentaron su declaración patrimonial y de intereses, conocida como #3de3, de acuerdo con Transparencia Mexicana.
Pese a ser una exigencia ciudadana, la mayoría de los representantes omitió poner a disposición de los electores los datos que permitieran conocer su evolución patrimonial, así como los vínculos profesionales o empresariales que tienen y que en un momento dado podrían entrar en conflicto con su labor legislativa.
Debido a que no existe una lista oficial que identifique a los diputados que aspiran a ocupar una curul por tres años más, Transparencia Mexicana hizo una revisión en distintas fuentes e identificó que al menos 212 de los 500 diputados que actualmente integran la Cámara Baja buscan la reelección.
De entre estos diputados reeleccionistas, que pertenecen a todos los partidos políticos, el mayor grupo es del Estado de México, en donde, de los 28 que quieren repetir, ningunos presentó su #3de3, como tampoco lo hicieron los 19 que representan una circunscripción de la Ciudad de México y 13 de Veracruz.
El resto está repartido en las distintas entidades, incluidos 45 que van por vía plurinominal.
Los únicos legisladores que cumplieron con este ejercicio de transparencias y rendición de cuentas son cuatro de Jalisco, dos de Oaxaca y uno de Sonora.
Para poder determinar quiénes sí presentaron su #3de3 Transparencia Mexicana hizo una revisión en distintas bases de datos de los institutos electorales nacional y locales, órganos garantes de información y los Comités de Participación Ciudadana, tanto el federal como en los estados.
La omisión en la presentación de las declaraciones, consideró la ONG, priva a los electores conocer qué tienen y qué han hecho quienes pretenden seguir representándolos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) creó una herramienta denominada “Candidatas y Candidatos, Conóceles” en la que se puede consultar información curricular y de propuestas de 6 mil 956 candidatos a una diputación federal, sin embargo, no identifica a quiénes pretenden reelegirse ni aporta información patrimonial y de intereses de los aspirantes.
La declaración patrimonial y de intereses, que por impulso de la sociedad civil se incorporó en la ley en 2016, actualmente es obligatoria para todos los servidores públicos y ha sido una demanda ciudadana para que quienes aspiren a un cargo de elección popular la presenten desde el momento de obtener su candidatura.