Octavio Díaz García de León

La idea: El Gobierno Federal ha crecido en áreas donde no se justifica y por otra parte tiene carencia de recursos en actividades clave. Con el arranque de este sexenio sería oportuno que se realice un diagnóstico para determinar dónde se podría reducir gasto y recortar personal a la vez que reforzar áreas prioritarias.

El Gobierno Federal tiene un aparato burocrático enorme y a pesar de ello no ha podido ofrecer buenos servicios educativos, de salud y seguridad pública ni infraestructura de calidad como carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Y es en estos sectores donde se concentra la mayor parte del gasto del gobierno.

También el gobierno ha demostrado ser un mal empresario pues Pemex y CFE están prácticamente en quiebra por exceso de personal, contratos colectivos muy onerosos y problemas graves de corrupción.

Por otra parte, han proliferado nuevos organismos y nuevas estructuras burocráticas. Algunos derivados de que anteriores legislaturas  creían que los problemas del país se arreglan con más burocracia y en otros casos por simple inercia.

También se ha abusado de la creación de plazas temporales y esquemas de outsourcing que han elevado el gasto en personal. A pesar de este crecimiento en empleados, no se ha logrado dar servicios de calidad a la población.

Ejemplos hay muchos.Recientemente, Clara Luz Álvarez publicó un artículo (https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=146929&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=146929) sobre Promtel, un organismo de gobierno del sector telecomunicaciones, en donde expone buenas razones por las cuales no debería existir esa institución y propone su desaparición.

Hace algunos años tuve oportunidad conocer algunos programas de la Secretaría de Economía. Varios de ellos en el Instituto Nacional del Emprendedor, cuyos recursos en 2018 ascienden a 2,630 millones de pesos para apoyar a empresas pequeñas. Estos apoyos no llegan amás del 1% de las cinco millones de MiPyMEs y en cantidades muy pequeñas por empresa. El impacto de estos programas es mínimo.

Lo que es peor, una buena parte del dinero se queda con los gestores de estos apoyos, ya que las reglas de operación son complicadas para los microempresarios e incluso se pueden prestar a actos de corrupción.

Así como estos casos podrían ser ejemplos de burocracia innecesaria o poco eficaz, en todo el gobierno federal existen áreas de oportunidad para reducir el gasto. Programas que no alcanzan a tener impacto suficiente en la población objetivo o que simplemente no sirven para lo que se supone fueron diseñados.

Las burocracias privadas o públicas se alimentan de una inercia propia en donde se autojustifica su existencia y ellas mismas propician su crecimiento.No conozco a un funcionario público que diga que puede hacer el trabajo con menos recursos. Al contrario, siempre requieren más.

En parte tienen razón, por la creación constante de nuevos organismos y nuevas atribuciones para el gobierno, ya sea por el Congreso o por instrucciones del presidente y sus secretarios, con lo cual se va incrementando el trabajo y la necesidad de contar con más estructuras.

Es pues oportuno, ahora que inicia el sexenio en el que se busca austeridad en la función pública, realizar un diagnóstico que permita encontrar esas áreas de gasto en exceso que dan pocos resultados, reducirlas y desaparecer programas e instituciones que son ineficaces. También abstenerse de crear nuevas tareas y organismos.

Una de las razones  por las cuales es difícil saber si las instituciones de gobierno son eficaces y eficientes es que carecen de objetivos y metas adecuadas que permitan medir si cumplen con su misión. Por lo general, los objetivos que plantean son muy vagos o de carácter muy general con lo cual no se puede saber si están sirviendo de algo a la sociedad.

En el sector privado es más sencillo, pues si no cumplen con algunos objetivos clave, las empresas quiebran y desaparecen. Por ejemplo, metas de rentabilidad, flujo de efectivo, apalancamiento, participación de mercado, crecimiento en ventas, etc. Como estos son indicadores medibles y comunes, se establecen metas con facilidad y se piden cuentas a los gerentes, a quienes, si no cumplen, no se les pagan incentivos o son despedidos.

Si se pudiera llegar a métricas universales e igual de sencillas de calcular en el sector público, aunados a una rendición de cuentas apropiada, se podrían tener gobiernos que le agreguen más valor a la sociedad.

Hoy en día los presupuestos son básicamente inerciales. Al del año pasado se le agrega o se le quita determinado porcentaje sin saber el impacto social que tendrán.

Si se sometiera a los programas, unidades administrativas de secretarías, organismos desconcentrados y descentralizados a un análisis de su costo-beneficio, se podrían encontrar aquellas que sería mejor desaparecer o reducir y a cuales reforzar.

Partiendo de este análisis se podría construir un presupuesto base cero, determinando con precisión los recursos que se van a necesitar para producir los resultados buscados. Con ello, tener una rendición de cuentas que permita sancionar a los funcionarios que no cumplan con los planes, tal y como ocurre en la iniciativa privada.

Ahora que empieza la nueva administración podría ser oportuno revisar el gasto con un enfoque de costo-beneficio. Desaparecer aquél que no se justifica y reorientar los recursos que se gastan ineficazmente hacia donde se requieren con mayor urgencia, como lo son las áreas de Salud, Seguridad Pública y creación de Infraestructura.

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