En dieciséis semanas Martín Orozco Sandoval dejará de ser gobernador del estado, por lo que hace preparativos para dejar lo más presentable la oficina en que ha despachado durante setenta meses, pero este periodo que por regla general utilizan las “fuerzas vivas” para expresar su reconocimiento a labor que hizo parece que no será tan terso, al surgir reclamos de sectores tan importantes como el magisterial y de los arquitectos.

Es irrefutable que hay grupos que fueron beneficiados a lo largo de este sexenio, lo que seguramente llevará a que expresen públicamente los beneficios que recibieron, pero no se puede dejar de lado que en este último tramo el mandatario esté enfrentado con la Sección Uno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo que podría derivar un problema mayor que le sería adverso. En la década de los 90 hubo un problema entre el titular del Ejecutivo y los profesores y que se terminó luego de una marcha que hicieron más de 20,000 personas, entre miembros de la agrupación y sus familiares por la avenida Francisco I. Madero y concluyó con un mitin a las puertas de Palacio de Gobierno.

El líder de la Sección Uno, Ramón García Alvizo, calificó de “olvidadizo” al gobernante al no cumplir las promesas y los acuerdos previstos con antelación, entre ellos la jubilación en UMAs de los maestros pensionados, la basificación de maestros y el pago a los profesores de inglés. De manera tajante el dirigente dijo: “No estamos de acuerdo con esas posturas y menos con la descalificación que ha hecho Orozco Sandoval hacia la agrupación que hace años fue fundamental para que ganara la elección”.

Con este nuevo diferendo no se trata de quién tiene la razón sino de hacer que las aguas vuelvan a su cauce y la única vía para lograrlo es que las partes vayan a la mesa y ahí, sin tapujos, expresen sus sentimientos. No hacerlo o suponer que mientras esté en el poder nada puede pasar es retar al destino y olvidar lo sucesos del pasado.

Por su parte, el presidente del Colegio de Arquitectos de Aguascalientes, Ignacio Jiménez Armas, adelantó que solicitará a la gobernadora electa que se modifique la Ley de Obra Pública en el Estado “para acabar con los favoritismos en la asignación de obras”, además que se promueva más a los contratistas locales y desarrolladores. Piden básicamente que se reforme el artículo 36 fracción XVII para que sea más claro sobre los requisitos que se piden a los interesados en participar en programas de obra pública, de igual manera que se exija desde la ley los requerimientos “y no sean a modo una vez que están licitando”.

Sin tapujos, Jiménez Armas dijo que lo anterior “es lo que se ha venido haciendo en la administración que termina, en que las licitaciones se han hecho prácticamente a modo y confiamos que la nueva administración de una vez por todas ponga punto final a este sentido de la industria de la construcción durante muchos años”.

Reiteró que el propósito es que las empresas “realmente locales” – precisó -, tengan más posibilidades de adjudicarse contratos “y no tan sólo por rentar un espacio en algún inmueble y con eso, a como está actualmente la ley, acreditan que ya pueden ser locales y pueden participar en obra pública” con recursos estatales o municipales, por lo que tiene que haber como requisito que tengan tributando aquí con un mínimo de dos años antes de acceder a un programa.

LÍNEA EXPRESS

Otro asunto que sigue presente es el de la Línea Express del transporte urbano, cuyos socios habían trabajado esta actividad durante más de medio siglo, pero ante el interés gubernamental de darle cabida a una empresa foránea les negó el derecho de seguir laborando, lo que llevó a que el caso terminara en los tribunales, que pese al tiempo transcurrido no está dicha la última palabra, por lo que aún cuando Orozco Sandoval deje de ser gobernador podría ser llamado para que declare en qué se fundó para actuar de esa manera.

Aunque la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado resolvió a favor del Gobierno Estatal, al considerar que los camioneros no cumplían con los requisitos para tener concesiones, quedó la impresión que fue un golpe certero a la libre empresa y más tratándose de un grupo que tenía tantos años en el servicio.

En su momento el entonces secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat declaró: “Ya resolvió la Sala Administrativa la validez de la resolución en la que se tiene por incumplidos los requisitos que llevan la convocatoria”, por lo que, supuestamente, al no ceñirse al marco legal quedaban fuera.

Lo increíble de esta trama es que, pese al tiempo que tenían de participar en el servicio, Flores Femat dijo que la Línea Express “no acreditaba ser concesionaria”, lo que significaría que por más de 50 años estuvieron en el limbo, aunque siempre pagaron impuestos y derechos.

En su calidad de segundo a bordo de la administración estatal, Juan Manuel Flores reiteró que siempre estarán dispuestos “a justificar que estamos actuando conforme a derecho, y no con tintes políticos”.

En el gobierno daban por descontando que habían ganado la pelea, pero el 16 de enero de 2022 la directiva de Línea Express presentó una denuncia ante la Contraloría General del Estado y el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes en contra de la administración estatal por la inhabilitación de 86 unidades que operaban, lo que para entonces les había causado un daño de 34 millones de pesos. 79 de las unidades estaban equipadas con tecnología, como cámaras de videovigilancia y sistemas GPS, que fue adquirida con subsidio estatal, además de 15 millones de pesos en subsidios como apoyo para la renovación de 54 unidades.

Con lo anterior demuestran que no actuaban al margen de la ley ni era un “servicio patito”, sino plenamente reconocido por el Gobierno del Estado que facilitó los recursos para que mejoraran la atención al público y que al dejarlos fuera, sin una razón debidamente fundamenta, perjudicó a 22,000 usuarios que hasta la fecha continúan sufriendo por la mala atención que hay del servicio que creó la administración estatal.

La denuncia está enderezada en contra del actual gobernador, de la dirección de movilidad y del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (Sifia), que llegado el caso y aún cuando ya no estén en ejercicio tendrán que responder ante la autoridad respectiva.

Debe tenerse presente que por un caso similar como el descrito es de lo que está acusado el ex mandatario de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y que junto con otras imputaciones lo llevaron a la cárcel, de la que recién salió para seguir en prisión domiciliaria.

El asesor jurídico de la Línea Express, Carlos Alberto Guevara, reiteró que el Gobierno Estatal cometió una falta administrativa grave al haber inhabilitado los camiones, dado que este acto generó efectos negativos al erario público, al sistema de transporte público, a los permisionarios y a 129 empleados, que después de varias semanas de espera para que se reconsiderara la medida dejaron el empleo ya que no había recursos para seguir pagándoles su salario, por si fuera poco, al no poder trabajar los autobuses no pueden pagar el crédito que adquirieron con Sifia.

EJEMPLO A SEGUIR

Aunque para el multimillonario Carlos Slim es como quitarle un pelo a un gato, los usuarios del servicio telefónico fijo recibieron una bocanada de oxígeno al informarles que no aumentarán los precios de sus servicios durante el presente año. Mediante un comunicado que se hizo llegar junto con el cobro mensual se destaca: “Teléfonos de México comunica a sus clientes que no habrá aumento en los precios de sus servicios durante el presente año. Con esta acción Telmex contribuirá a disminuir la presión inflacionaria generalizada que está afectando a la mayoría de los países, incluido México, y así,  beneficiar a nuestros clientes actuales y potenciales. Telmex continuará realizando sus grandes inversiones para seguir a la vanguardia tecnológica, ofreciendo como siempre la más grande y mejor red de telecomunicaciones, a través de la cual brinda a sus clientes los mejores servicios, en las mejores condiciones, a lo largo de todo el país”. Ojalá que otras empresas y el sector público hicieran lo mismo (por ejemplo Veolia y los tres niveles de gobierno).

 

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