Las normas que rigen a toda sociedad tienen como finalidad que exista armonía y respeto en las relaciones interpersonales y de y hacia la administración pública, con lo que es posible el crecimiento y la solidez de cada una de las partes, por consiguiente es ineludible la ligadura de todos a las leyes.

Lo anterior viene a comentario por la facilidad con que algunos individuos convierten en superficial el entramado jurídico, haciéndolo elástico para acomodarlo a sus intereses. Cada vez que se acerca el registro de candidatos a un cargo de elección popular surgen aquellos que, al estar en el servicio público y deben renunciar o pedir licencia, buscan permanecer en el puesto y al mismo tiempo hacer campaña.

La Constitución General de la República, en su Artículo 55, es muy precisa de lo que sí pueden y no pueden hacer quienes están en esa tesitura. El inciso quinto, párrafo cuarto, establece que: “Los secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección”.

Frente a ese mandato se busca la protección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en demanda de protección a los derechos políticos, lo que de prosperar haría nugatorio el bagaje reglamentario, porque de nada sirve que existan procedimientos si éstos no se respetan. Por una razón lógica, quienes aspiran a ser parte del Congreso de la Unión deben de ser los primeros en ceñirse a lo dispuesto, de lo contrario, con la misma facilitad que hacen cera y pabilo de la Carta Magna lo hará en su futura encomienda, siempre buscando subterfugios que les permitan estar en donde mejor conviene a sus propósitos, que de ninguna manera son los del pueblo al que dicen representar.

Cabe recordar lo que en alguna ocasión se comentó en este mismo espacio, sobre la actitud de un par de abogados que defendían causas opuestas. Por vía telefónica llegaron a un acuerdo de la manera que se podía zanjar el asunto, sin que estuvieran enterados sus clientes. Cuando alguien le comentó al que tenía enfrente, que su actitud no era correcta, sonriente respondió: “Para que crees que se hicieron los resortes legales”. Seguramente que uno de los demandantes tenía razón, pero lo que no sabía era que el mismo que lo representaba lo hundía, en una clara forma de hacer añicos la táctica jurídica.

Resulta inexplicable la postura que adoptan algunos aspirantes a ese tipo de cargo, a sabiendas de que al quedarse en el lugar que ocupan, no obstante que tengan la anuencia del Tribunal Electoral, es violatorio al Estatuto Fundamental, cuando lo correcto es dar ejemplo de formalidad y rectitud.

Falta muy poco para saber quién o quiénes se fueron por la libre y recordarlos como individuos materialistas, que al ir por su propio beneficio hacen a un lado las aspiraciones de los ciudadanos que dicen representar.

ESTORBA LA NITIDEZ

Vigilar el uso y destino de los recursos públicos es una obligación de las autoridades y es imperativo que quienes los tienen a su cargo sean un buen guardián, pero como en todo, siempre hay quienes no asimilan que exista una vigilancia y buscan por todos los medios que los órganos encargados de esa labor reduzcan al máximo su presencia e incluso que desaparezcan.

Es una situación que se ha hecho más evidente durante los últimos dos años, al haber una lucha abierta por lograr que ese tipo de instituciones se desvanezcan, pese a que en otro tiempo fue lo que más exigieron.

Al respecto, el presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), Marcos Tachiquín Ruvalcaba, mencionó que el propósito del Gobierno Federal de anular el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), significaría un retraso de al menos 40 años y de ocurrir impediría a los mexicanos estar informados, quitándoles medios de defensa contra la opacidad y sobre todo limitar peligrosamente la división de los Poderes de la Unión.

Dijo que lograrlo es conveniente para quienes se niegan a rendir cuentas a la ciudadanía e informar de manera oportuna de lo que hacen, provocándose con ello la vaguedad y haciendo de su labor algo discrecional, al tener a su facultad el manejo de la información de los programas y de las obligaciones de la dependencia a su cargo.

En relación con el planteamiento de desaparecer el INAI, Tachiquín Ruvalcaba dijo a nombre de los comisionados del IEA que “estamos totalmente en contra” de esta medida y menos aceptan la propuesta de que las dependencia de la Federación absorban a los organismos autónomos, como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia.

Los mexicanos han logrado un avance muy importante en materia de claridad informativa, por lo que dar ese paso será una grave regresión que sepultaría lo que hoy es un derecho indiscutible, por lo tanto es importante rechazar ese propósito y por el contrario, exigir el fortalecimiento de lo que se tiene a nivel federal y estatal.

Hizo hincapié que el derecho de acceso a la información “es un derecho humano, el cual debe tener como base la autonomía y el espacio necesario sin compromisos con algún estandarte político, sino directamente como herramienta ciudadana en su totalidad”.

Los organismos de transparencia juegan un papel muy importante en la vida democrática del país, reiteró, por lo que solamente cabe fortalecerlos para que sean más eficientes en el servicio a los ciudadanos, inclusive debería haber una reforma constitucional que asegure su identificación con mayor claridad.

Más que pretender eclipsarlos, los organismos de transparencia requieren de más autonomía, al considerarse que esto consolida la concordancia funcional en un estado republicano, máxime que en las actuales circunstancias se requieren los contrapesos para que todos los niveles de Gobierno sean revisados, asumiéndose que el combate a la corrupción tiene que ser permanente, con lo que se evita que servidores públicos se apropien de lo que no es suyo sino de toda la comunidad, por lo tanto se deben fincar cargos y que regresen lo que han sustraído. Trabajar en este sentido es vigilar permanentemente el actuar de los funcionarios, por consiguiente no se puede dar un paso atrás en este logro de la sociedad, puntualizó.

FUE NOTICIA NACIONAL

En medios nacionales y locales, tanto escritos como electrónicos, se dio a conocer la labor que desempeña la profesora Nallely Esparza Mendoza, al adecuar una camioneta de su familia como aula ambulante, con lo cual sus alumnos que viven en comunidades alejadas de su centro de trabajo y no cuentan con internet ni computadora puedan recibir las clases. Esta actitud motivó a la empresa Nissan a donarle una camioneta NP300 Frontier, adaptada como aula de clases. El vicepresidente de Manufactura de la planta japonesa, Armando Ávila, destacó que su caso “se ha convertido en una inspiración para seguir alcanzando el éxito, al destacar que las barreras no existen cuando se pone de por medio el conocimiento, ganas y actitud”. Por su parte, Esparza Mendoza es egresada de la Escuela Normal Guadalupe Victoria, con la licenciatura en educación especial en el área intelectual, trabaja en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 15 (USAER), en Calvillo, Ags. Señaló que su esposo la motivó para adaptar una camioneta de la familia con los elementos indispensables para dar las clases, que en este tiempo no es presencial sino a través de la televisión o tabletas, por lo que se propuso ir directamente a las comunidades, lo que ahora se le facilitará más ya que es una aula debidamente equipada “que ayudará en el aprendizaje” de niños y niñas. Sin duda un hermanamiento, que se materializa en lazos por la educación entre la profesora Nallely Esparza y Nissan y así pueda impartir las clases en mejores condiciones.