César Velázquez Felipe 
Agencia Reforma

CDMX.- “Toda pena (dice el gran Montesquieu) que no se deriva de la absoluta necesidad es tiránica”. Sirva lo escrito por Beccaria en el Tratado de los delitos y de las penas para contrastar dos visiones sobre la necesidad del brazalete electrónico en la libertad condicionada, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) en su Artículo 136.

Es una alternativa “exitosa” para la reinserción social, afirma Manuel Palma Rangel, Subsecretario de Control Penitenciario del Estado de México. En el Centro de Monitoreo del Sistema de Localización y Rastreo del C5 en Toluca, Estado de México, argumenta que el “incentivo para fugarse o quitárselo (el brazalete) es muy poco porque ya están afuera, ya están a meses o pocos años de salir bien. Lo que sí llega a pasar, que no llega al dos por ciento, es que vuelven (a violar la ley)”.

Sobre su adquisición, indica que por el perfil de los internos en el sistema penitenciario del Edomex, los “paga el Estado”. Y contrasta ese costo con “tener una persona privada de la libertad adentro, (…) y los términos cuantitativos de que la persona está afuera, trabajando, en su casa”.

Lo que hacemos aquí, subraya, es cumplir con la instrucción del juez. Y concluye: “en términos de reinserción social es un método eficaz y humanitario”.

“El brazalete se usa de manera excesiva y, por lo tanto, irracional”, sostiene Miguel Sarre, ex integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, para quien “si la autoridad no lo pide (y justifica), el juez no lo puede imponer”.

Su “falso modernismo” no sólo es grave en términos de injustificadas restricciones de derechos sino, además, es ineficiente porque se trata de tecnología muy costosa. Tiene repercusiones sociales porque los recursos se detraen de otros fines sociales relevantes, como la prevención del delito, increpa el investigador.

“Además, si lo que se quiere lograr con el brazalete es desincentivar que las personas se sustraigan de la justicia, debe ponderarse que en los casos de libertades condicionadas es la propia persona la principal interesada en no hacerlo puesto que pone en juego su libertad, por lo tanto imponerle un brazalete comercial es un abuso y un gran negocio”, rebate Sarre.

La libertad condicionada en la LNEP es un resabio del viejo sistema penitenciario de ejecución penal, asevera.

“Pero como decía Albert Camus, quien se oponía a la pena de muerte, en su libro Reflexiones sobre la guillotina con un sentido de realismo: si no podemos sensibilizar a la sociedad francesa sobre la aberración de la guillotina, por lo menos logremos una muerte más digna. Entonces, si por ahora no se puede eliminar la libertad condicional, discriminatoria, injusta e innecesaria, por lo menos apliquémosla sin la aberración adicional del brazalete”, concluye Sarre.