René Urrutia de la Vega

Imagino el caso en que ocurra un incendio en cualquier parte de nuestro país, en una casa habitación, un edificio o una empresa en el que se causen daños de grandes dimensiones, evidentemente son de imposible reparación, un siniestro en el que, además, se encuentre en riesgo la vida de muchas personas debido al efecto de las llamas y las altísimas temperaturas que produce, además de los daños estructurales que causa y que van en aumento conforme el fuego sigue consumiendo todo lo que encuentra provocando el colapso de toda la estructura.

Seguramente en el lugar en el que está sucediendo el incendio existe una estación de bomberos cercana, un cuerpo conformado por personas preparadas en forma especializada que saben cómo actuar en un siniestro de tales dimensiones, personas que cuentan con una formación técnica, con conocimientos, métodos, instrumentos e incluso tecnología para responder ante el evento y evitar, no sólo que los daños sean de mayores dimensiones, sino también para salvar vidas e impedir que las personas pierdan la vida o resulten con lesiones graves por quemaduras.

Lo que menos esperan quienes están sufriendo los estragos del incendio, los testigos que presencian directamente o por conducto de los medios de comunicación o las redes sociales y el mundo entero que tiene conocimiento de lo que ocurre, es que ese cuerpo de bomberos llegue al lugar, se den cuenta de la gravedad de lo que está pasando y no sólo no haga nada, sino que salgan huyendo de la situación sin hacer nada para cumplir con su función, que se retiren y permitan que las pérdidas humanas y materiales ocurran irremediablemente, que se crucen de brazos, o bien, que mientras todo se consume y colapsa, se retiren a su cuartel a analizar la situación mientras el incendio termina con todo.

Lo que hoy estamos observando es exactamente eso, el incendio y las llamas que causan graves daños a las estructuras y a las personas es la delincuencia organizada, con un poder suficiente para hacer colapsar y destruirlo todo, el lugar en el que se genera y transcurre el incendio es la sociedad, las comunidades, los ciudadanos que tratan de hacer su vida y desarrollarse y no pueden debido a los daños y al colapso de la estructura en la que pretenden hacerlo, y los bomberos que presencian lo que está pasando, que tienen no sólo la posibilidad y la pericia para resolver el problema, sino además la responsabilidad de hacerlo o, al menos de intentarlo con todas sus capacidades, repito, con todas sus capacidades, son en este momento las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional con toda su estructura de toma de decisiones, incluyendo a su Jefe Supremo.

Desde hace varias administraciones federales, específicamente en el sexenio de Vicente Fox y en los siguientes cada vez con mayor énfasis, ante la falta de capacidades operativas y tácticas de las instituciones policiales de carácter civil, se utilizó a las Fuerzas Armadas en la estrategia de combate al crimen organizado, evidentemente con la finalidad de enfrentar el poder de fuego y capacidades operativas con que cuentan los grupos criminales, con todas las desventajas que ello implica en materia de violaciones de Derechos Humanos y de aplicación de protocolos de actuación distintos a los de la seguridad pública, sin embargo, resulta inexplicable y contradictorio que en la presente administración federal la política de seguridad intensifique sin precedentes la militarización de la seguridad, aunque sólo en cuanto a presencia, patrullaje y tareas administrativas, pero no en cuanto a la utilización de las capacidades de fuego, operativas y tácticas, sino por el contrario, para no ser utilizadas de ninguna forma estratégica para resolver el problema, causando un efecto absolutamente indeseable consistente en el debilitamiento de la imagen y de las instituciones armadas, con todo lo que ello implica, mucho más allá de la sola imagen, pero además fortaleciendo la actividad delictiva de las organizaciones criminales.

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