Tras el problema no resuelto en cuanto a la operación del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en estos días comenzará a darse una sacudida en esa área y posiblemente en la Secretaría de Administración; por lo pronto, se espera que en el transcurso de este día, la Contraloría General del Estado emita una resolución para sancionar a presuntos implicados.

El castigo para quienes resulten responsables y que podría involucrar a funcionarios de segundo nivel tanto del Registro Público como de la Secretaría de Administración del Estado, sería la devolución de ocho millones de pesos y una posible inhabilitación por 10 años.

Después de más de un año de investigación en torno a los acontecimientos ocurridos en febrero del 2020, cuando se cayó el sistema del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que llevó a una serie de problemas que a la fecha no han podido ser resueltos en su totalidad, se espera que en el transcurso de este día, la Contraloría General del Estado emita una resolución para sancionar a presuntos implicados.

De acuerdo con información obtenida, la investigación se dio también en torno a la compra de un software que no fue del todo funcional y que fue instalado en Catastro, en donde se tuvieron fallas recurrentes que tendrán que ser sancionadas.

Igualmente, las investigaciones en torno al conflicto generado desde febrero del año pasado, que llevó a varios sectores a tener pérdidas por el nulo funcionamiento y posterior lentitud en la reactivación del trabajo del Registro Público, principalmente de notarios públicos, agentes inmobiliarios e inclusive desarrolladores de vivienda, entre otros, permitirán dar a conocer al responsable del posible boicoteo en esa instancia.

Si bien hoy se espera que la Contraloría del Estado dé a conocer la primera resolución, que tiene que ver con la compra del software y sanción de devolución del recurso invertido, los siguientes serán días en los que saldrán a la luz otros responsables del problema originado en el RPPyC.