Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 14 sentencias de jueces se han acumulado para impedir la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, por lo que pasarán meses sin que el Gobierno pueda disponer de los 15 mil 800 millones de pesos, a menos que haya una intervención extraordinaria de la Corte para destrabar el caso.
La jueza Elizabeth Trejo concedió ayer la cuarta suspensión definitiva contra la extinción de los fideicomisos en un amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito contra la reforma de octubre pasado a la Ley Orgánica del PJF.
En su primera sentencia de suspensión provisional dictada desde el 7 de noviembre, la jueza prohibió de manera absoluta el traspaso de recursos de todos los fideicomisos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), y de manera preliminar declaró inconstitucional la reforma, por violar derechos humanos de acceso a la justicia, independencia judicial y no retroactividad de las leyes.
Fue esa suspensión la que obligó a cancelar negociaciones para usar parte del dinero de estos fideicomisos para apoyo a localidades de Guerrero afectadas por el huracán «Otis».
Los jueces Décimo Primero de Distrito Administrativo en la Ciudad de México, Segundo de Distrito en Morelos, y Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, ya habían otorgado entre el 10 y el 17 de noviembre las otras tres suspensiones definitivas, que estarán vigentes durante todo el tiempo que lleve el trámite de los amparos respectivos, salvo que sean revocadas por la Corte.
Otros siete juzgados de la Ciudad de México, Oaxaca, Monterrey, Chihuahua, Mexicali, Puebla y Toluca, también han otorgado 10 suspensiones provisionales que siguen vigentes, aunque algunas sólo se refieren a fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sin incluir los de la Corte.
El Ejecutivo federal ha pedido a la Corte atraer sus recursos de queja contra las suspensiones provisionales, lo que no se ha resuelto.
Pero las suspensiones definitivas se tienen que impugnar por separado, en recursos de revisión que la Corte ya no resolverá este 2023, pues sólo le quedan dos semanas de labores.
Asociaciones y trabajares judiciales han promovido al menos 20 amparos, pero no todos han sido admitidos.
El del Sindicato de Trabajadores del PJF, por ejemplo, fue enviado el 18 de noviembre a un juzgado auxiliar.
Sólo un juez, en Tijuana, admitió un amparo pero negó la suspensión, mientras que otros han concluido que están impedidos, porque son beneficiarios del fideicomiso de pensiones complementarias del CJF.
«El impedimento radica en la noción de un interés personal del suscrito, lo cual podría afectar la objetividad de quien resuelve», explicó el juez Francisco González Mendoza al negarse a tramitar una de las demandas.