Luis Muñoz Fernández.
En una sociedad pluralista –y constituida en Estado de derecho–, la pauta de valoración de las nuevas biotecnologías se encuentra en el respeto a los derechos humanos, desde un punto de vista tanto ético como jurídico […] En estas circunstancias la información y el debate social se configuran como imprescindible requisito previo a la labor normativa. Del rigor y de la riqueza de esa discusión depende luego el que las soluciones adoptadas sean acordes con los valores que la sociedad estima como relevantes y que estas puedan ser, a la vez, respetuosas con las opciones minoritarias.
María Casado. Bioética, derecho y sociedad, 1998.
El 21 de junio de 2013, ante la presencia de las más altas autoridades estatales y las federales del ramo, quedó instalada la Comisión Estatal de Bioética en una ceremonia solemne que se llevó a cabo en el Auditorio Pedro de Alba de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Con esto y en las palabras del titular del Poder Ejecutivo del Estado, “Aguascalientes refrenda su vinculación institucional con la Comisión Nacional de Bioética y su compromiso con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, y los demás instrumentos en la materia promovidos por la ONU”.
Presidida por el Secretario de Salud del Estado, la lista de los miembros de la Comisión Estatal de Bioética era larga y en ella estaban representados diversos sectores sociales, especialmente del ámbito sanitario, tanto público como privado. En términos muy amplios y también en las palabras del señor Gobernador, su objetivo era “difundir y salvaguardar los principios generales de justicia, equidad y respeto a la dignidad humana en la atención médica”.
Desde entonces, han pasado ya más de tres años y en la práctica, la Comisión Estatal de Bioética ha tenido una actividad más bien modesta. Hasta donde puede saberse, todos los integrantes de aquella lista no han vuelto a reunirse desde entonces para el propósito con el que fueron originalmente convocados. Actividad modesta y particularmente silenciosa, lo que contrasta con la trascendencia social de los temas que son de su particular competencia, algunos en extremo delicados, de los que depende, por lo menos en parte, el bienestar, la salud y la vida de los aguascalentenses.
Así lo expresó aquel día el Secretario de Salud del Estado: “Manifestamos nuestro compromiso de coordinación estrecha con la Comisión Nacional de Bioética, para la promoción de una actitud de reflexión y discusión transparente, laica, multidisciplinaria, interinstitucional de todos los temas vinculados con la salud humana y el entorno para fortalecer la cultura bioética”. Además, señaló que la Comisión “tendrá un carácter consultivo para fungir como órgano de primera instancia en la emisión de dictámenes, opiniones y recomendaciones que sirvan de guía a los grupos y comités de Ética en Investigación y Hospitalarios de Bioética, en sus diferentes dilemas frente a la salud y el medio ambiente”. (Las negritas son mías)
En la práctica, solamente los comités de bioética de los hospitales públicos y privados, coordinados por la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal de Bioética, se han reunido periódicamente para revisar su registro oficial en la Comisión Nacional, intercambiar información de interés y exponer ciertos temas a manera de conferencias para la formación continuada de sus integrantes. En el mejor de los casos, esta actividad no ha trascendido más allá de su ámbito hospitalario particular.
Nada se ha hecho por organizar el amplio debate público informado sobre temas como el aborto, la eutanasia, la drogadicción, el cuidado del medio ambiente, la experimentación con animales, la reproducción asistida, los riesgos de las nuevas tecnologías biomédicas, etc. Mucho menos el que estos temas se hayan llevado al debate parlamentario en el Congreso del Estado y que de este hayan surgido las leyes pertinentes que los regulen de una manera adecuada para el beneficio de la sociedad aguascalentense. La Comisión Estatal de Bioética no ha fijado su postura ni ha emitido ninguna recomendación oficial sobre éstos y otros temas cuya discusión en estos momentos y ante este vacío ha sido monopolizada por grupos cuyos intereses particulares no son necesariamente los de la sociedad en su conjunto, o bien por interesados y estudiosos de la bioética con una clara tendencia confesional, es decir, la de la religión católica.
Sirva como contraste la actividad del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, una institución de prestigio tanto nacional como internacional, que es sede de una Cátedra de Bioética de la UNESCO y que organiza e imparte un Máster de Bioética y Derecho de una gran calidad y con una orientación laica. En el Documento sobre la interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por el Grupo de Opinión del Observatorio, puede leerse lo siguiente:
El Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret se constituyó en 1996 con el objetivo de participar en el diálogo entre la universidad y la sociedad mediante la transmisión del conocimiento científico-técnico y los argumentos necesarios para contribuir a un debate social informado respecto a las nuevas tecnologías, las relaciones conflictivas entre las prácticas biomédicas, la legislación y las demandas ciudadanas, y todos aquellos problemas que se identifican en términos éticos, sociales y jurídicos y que requieren una argumentación sólida. En ese intercambio es preciso implicar a los medios de comunicación no sólo para mejorar la calidad de la información, sino también por su incidencia en la generación de opinión pública.
Con este fin, el Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret ha elaborado ya diversos Documentos sobre problemas y cuestiones en los que no existe una opinión unánime ni en la sociedad ni en las diversas comunidades científicas implicadas, ni entre quienes han de tomar las decisiones normativas. Ello requiere identificar los problemas, contrastar los argumentos y proponer recomendaciones de consenso.
El último de estos documentos es el titulado Documento sobre Bioética y Big Data de salud: Explotación y comercialización de los datos de los usuarios de la sanidad publica, que se publicó en enero de 2015 con motivo de un proyecto de ley del gobierno catalán para poner a la disposición de la iniciativa privada los datos sobre los pacientes que acuden a la sanidad pública. El Observatorio advirtió en ello un riesgo para la privacidad de los datos personales de los propios pacientes y un interés carente de ética por parte de las compañías privadas al acceder a esta valiosa información con fines de lucro. Por fortuna, la iniciativa gubernamental fue detenida y revertida gracias a lo denunciado y recomendado por el Observatorio.
Acciones como éstas es lo que esperaríamos de la hasta ahora silente Comisión Estatal de Bioética. En ello se advierte también el temor que se le tiene a la Iglesia Católica, cuyo interés en mantener el control de las conciencias de los ciudadanos es más que manifiesto y obedece claramente a deseos mucho menos elevados que la salvación de sus almas.
Por ese temor no se promueve el amplio debate público informado de los temas cuya regulación legal puede dotar de autonomía moral a los ciudadanos quienes, de esta manera, podrían emanciparse de la tutela eclesiástica en aquellos aspectos que en una sociedad con pluralidad moral, como la nuestra, corresponden exclusivamente a la legislación civil y a las decisiones de una ciudadanía debidamente informada.
Hasta hoy, en Aguascalientes, la bioética laica permanece en un estado de animación suspendida.
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