LIC. RENÉ URRUTIA DE LA VEGA.

“El crecimiento económico no es decisivo para el bienestar del pueblo”.

Andrés Manuel López Obrador.

En una de las conferencias de prensa que se llevan a cabo desde Palacio Nacional todas las mañanas de todos los días en este país, y en donde siempre el personaje principal es el presidente de la República, al referirse en fecha reciente a una de las entidades federativas del bajío mexicano manifestó de manera textual la frase que encabeza este artículo, al referirse a que el crecimiento económico no ha servido de nada porque en ese estado de la República hay violencia y delincuencia en uno de los niveles más elevados en los últimos años. Se refería a Guanajuato.

No es mi intención referirme a ese estado y a su situación de violencia e inseguridad, sino a la afirmación que el jefe de Estado mexicano realiza sobre un tema que me parece de la mayor relevancia, ya que, si entendemos su punto de vista, quizá sea posible entender muchas otras cosas de la forma en que estamos siendo gobernados por la administración federal actual.

Aclaro que mi reflexión o análisis no tiene ningún afán de calificar, menos aún descalificar, la afirmación realizada por el presidente López Obrador, tampoco hacer un juicio de valor ni respecto de su afirmación, ni de su administración, no en este espacio.

Afirmar de manera categórica que el crecimiento económico no es decisivo para el bienestar del pueblo me lleva a establecer primeramente algo lógicamente necesario: ¿Qué es crecimiento económico? Para ello, quiero referirme a una definición muy sencilla que se puede encontrar en Wikipedia, pero que es generalmente aceptada por diversos autores y especialistas, que establece que el crecimiento económico es el incremento de la renta o del valor de los bienes y servicios que se generan en la economía de un país en un tiempo determinado; la renta de un país se compone de los indicadores de producción, consumo de energía, capacidad de ahorro, inversión, consumo de servicios, etc., y en teoría, refleja el alza en la calidad de vida de la población, además de que está directamente relacionado con el Producto Interno Bruto (PIB) del país, es decir, es un factor relacionado con el bienestar económico de los ciudadanos, entre los cuales también están la inversión de capital, la educación y la tecnología, mientras que las principales características en las que se refleja el crecimiento económico son el aumento del porcentaje de productividad, el crecimiento de la renta per cápita, el incremento en el número de población, el aumento del consumo y venta de bienes y servicios, aumento del empleo, mayor capacidad de ahorro y mayor inversión en los sectores productivos.

Además, no podemos dejar de considerar, adicionalmente, que múltiples estudios científicos han determinado que una de las principales causas del incremento en la inseguridad es el factor económico que desencadena en bajos niveles de bienestar para la población, el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, la marginación, la discriminación, etc., que a su vez se manifiestan en problemáticas antisociales.

Pues bien, el hecho de que un presidente de la nación exprese públicamente y en el contexto de las conferencias de prensa que él mismo ha institucionalizado en este país, que el crecimiento económico no es decisivo para el bienestar del pueblo, genera una gran inquietud y nos lleva directamente a tratar de entender cuál es entonces el enfoque de la estrategia en materia de prevención y combate a la delincuencia para reducir los niveles en el ámbito nacional en materia de inseguridad y violencia, en virtud de que algunos de los principales fenómenos que han desencadenado la actual situación y su ininterrumpido crecimiento, los encontramos en tópicos como el tráfico de drogas, el robo de hidrocarburos y la posesión indiscriminada de armas de fuego, todos ellos asuntos de la competencia de la federación, relacionados con la grave problemática de la delincuencia organizada, también de competencia exclusiva de las autoridades federales.

Durante los dos sexenios anteriores al actual, presenciamos escenarios en que las autoridades de la federación endosaron la responsabilidad de los rampantes niveles de violencia e inseguridad a los estados y los municipios, señalando que la federación sí estaba cumpliendo con su parte y aquellos no cumplían con la suya, lo que no queremos es ver que el actual gobierno federal dé continuidad a la postura de sus antecesores.

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