RENÉ URRUTIA DE LA VEGA

Desde que se emitió la Ley Nacional de extinción de Dominio hemos sido duros críticos de su contenido, señalando que evidentemente se trataba de una ley secundaria que violaba los preceptos constitucionales y se encontraba enmarcada por una serie de reformas propuestas desde la actual administración federal y por el partido en el poder, que pretendían articular una serie de herramientas para poner contra las cuerdas no sólo a la delincuencia y a los corruptos, sino a los ciudadanos y a los empresarios, pues la mayoría de las veces esas herramientas jurídicas y procedimentales no se utilizan contra los transgresores reales de la norma, sino contra los ciudadanos que por alguna circunstancia se ubican en el supuesto normativo que excede los límites de lo necesario para combatir la ilicitud.

Es así que no sólo fue la Ley Nacional de Extinción de Dominio lo que se ha señalado bajo el contexto citado anteriormente, habría que agregar la reforma fiscal-penal con las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Seguridad Nacional, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las modificaciones constitucionales para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, entre ellos algunos delitos electorales, por citar sólo algunos ejemplos que permiten establecer que entre todas estas reformas constitucionales y legales hay una conexión nada casual.

El anterior Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio por considerarlas contrarias a la Constitución Federal, es decir, que se trataba de disposiciones de una ley secundaria que se encontraban en franca contradicción con relación a los derechos fundamentales previstos en el texto constitucional, particularmente, en este caso, en lo previsto por el artículo 22 que es donde se prevé lo relativo a la extinción de dominio, porque tal parece que al legislador se le olvidó que al regular esta materia estaba haciéndolo respecto de una norma contenida en la norma de mayor jerarquía en nuestro país y se atrevió, con quien sabe qué intenciones, a postular propósitos que generaban vulneración de Derechos Humanos, lo que ocurre con cierta regularidad, pero en este caso se trató de algo más que evidente, flagrante y quizá hasta descarado.

Solamente 18 porciones normativas de la Ley Nacional de Extinción de Dominio fueron declaradas inconstitucionales por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente, porque, aunque son demasiadas, debieron ser más,verbigracia, la creación de un gabinete social de la Presidencia de la República que decidirá arbitraria y absolutamente el destino y uso de los bienes extinguidos al dominio de los particulares, pero eso no se impugnó. Entre las modificaciones o correcciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo a la ley que se comenta, está el hecho de eliminar la facultad de realizar la venta anticipada de los bienes asegurados, que era una de las principales quejas que se generaron hacia la nueva ley y que verdaderamente consistía en un abuso por parte del legislador que bien se pudiera haber prestado para muchas arbitrariedades; otra corrección que se le hace a la Ley Nacional de Extinción de Dominio fue la de eliminar la imprescriptibilidad de la acción a cargo del Ministerio Público, pues se consideró que tal criterio normativo va en contra de la seguridad y certeza jurídicas, lo cual es totalmente acertado, si bien es cierto, la acción de extinción de dominio debe ser una herramienta del Estado para mermar la capacidad y poderío económico de las organizaciones criminales, también lo es que no puede apartarse de los estándares y principios que deben regir a todo el orden jurídico, además de que esas afectaciones pueden ir en contra de particulares no necesariamente ligados en forma directa con actividades criminales de alto impacto.

No puede dejar de considerarse mencionarse lo relativo a otra modificación muy importante que realiza la Corte en el sentido de eliminar de las posibilidades de extinguir dominio a los bienes cuyo uso o destino sean ilícitos y limitarlo a aquellos respecto de los cuales no se acredite su legítima procedencia, es decir, que solamente serán susceptibles de extinción de dominio los bienes de origen ilícito y no aquellos a los que se les haya dado un uso o destino ilícitos, al respecto debe señalarse, desde mi particular punto de vista, que esto se debe a una desafortunada manera de abordar el asunto por parte del legislador, que no permitió a la Corte mantener esa norma dentro del cuerpo normativo por cuestiones eminentemente dogmáticas, por lo que es preferible eliminarla y utilizar adecuadamente la herramienta, de dejar abierto el camino para que se pueda emplear en perjuicio de particulares en contra de quienes se presume un aspecto eminentemente subjetivo.

Más allá de pretender realizar un análisis exhaustivo de la resolución de la Corte, que no alcanza en este espacio, lo que pretendemos es hacer notar la forma en la que se están generando leyes nacionales que transgreden derechos fundamentales obligando a los gobernados a interponer demandas de Amparo en contra de su aplicabilidad cada que se emiten, como lo fue con la Ley de Telecomunicaciones recientemente reformada o también con la llamada Reforma Energética, de manera que debemos estar muy atentos a todas estas reformas y nuevas leyes para que se activen los mecanismos institucionales adecuados en lo particular o en lo colectivo y se frene la manera de legislar en contra del derecho, del derecho internacional y de los derechos fundamentales de las personas, como ciudadanos merecemos mejores legisladores, bien por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso.

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