Revela el INEGI alarmantes cifras

Cecilia de Santos Velasco
El Heraldo

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el INEGI revela una estadística alarmante en México: el 41.8% de las mujeres mayores de 15 años reportó haber experimentado violencia en su infancia durante 2021. Además, el delito de violación en 2022 alcanzó su cifra más alta en el grupo de niñas de 10 a 14 años, con una tasa de incidencia 4.7 veces mayor que en los niños.
El uso de internet y dispositivos móviles también ha incrementado los riesgos. Entre julio de 2021 y agosto de 2022, un tercio de las niñas y adolescentes de 12 a 17 años recibió material sexual no solicitado, y el 32.3% enfrentó propuestas o insinuaciones sexuales inapropiadas. Esta realidad contrasta con la de los varones de la misma edad.
Los registros administrativos, aunque no son exhaustivos, muestran que la violencia afecta desproporcionadamente a niñas y adolescentes. El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2023 indica que en 2022 se reportaron 59 mil 141 delitos con víctimas femeninas jóvenes, comparado con 30 mil 207 delitos en niños y adolescentes varones.
En 2022, se iniciaron investigaciones por 644 homicidios, 139 feminicidios y 7 mil 342 lesiones en niñas y mujeres adolescentes. Delitos como la explotación sexual y la trata de personas también presentan una mayor incidencia en este grupo.
En el ámbito de homicidios, las adolescentes de 15 a 17 años constituyeron el 50.2% de las defunciones en 2022, evidenciando un aumento preocupante en años recientes. Las niñas de 0 a 4 años experimentaron un incremento en su tasa de mortalidad, de un 15.6% en 2021 a un 20.8% en 2022.
Estos datos subrayan la urgente necesidad de abordar la violencia contra mujeres y niñas no sólo como un tema de justicia penal, sino como una prioridad en derechos humanos y salud pública.

Urgen acciones y presupuesto

Sergio Cuevas Ávila
El Heraldo

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, instó a las instituciones a concretar sus compromisos, asignar recursos y personal, y trabajar coordinadamente para erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
Ávila Montejano resaltó la importancia de esta fecha y su relevancia en el compromiso de los estados para generar acciones, políticas públicas y programas que combatan la violencia hacia las mujeres. A pesar de los avances, evidenció desafíos persistentes y preocupaciones urgentes, como la falta de seguimiento y apoyo institucional a mujeres que denuncian casos de violencia. Señaló la carencia de mecanismos e instituciones que brinden el acompañamiento necesario para garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres afectadas.
Enfatizó la necesidad de que las instituciones vayan más allá de discursos y participación en foros, concretando acciones efectivas. Hizo un llamado a la asignación de presupuestos, personal capacitado y recursos para la implementación efectiva de políticas de prevención y erradicación de la violencia de género.
Específicamente en Aguascalientes, Ávila Montejano señaló omisiones institucionales preocupantes, como la falta de pronunciamientos y propuestas de acción por parte de entidades clave como el Instituto Aguascalientes de las Mujeres, el DIF y los institutos de las juventudes.
Destacó que, en lo que va del año, se han registrado 13 feminicidios en Aguascalientes, mencionando a las víctimas por sus nombres y edades. Las víctimas incluyen a María Dolores, de 55 años; Cynthia Nataly, de 38 años; Leslie Mireya Soto Briones, de 18 años; Keiry Yurietzy Cárdenas Sánchez, de 19 años; Brenda Fabiola Esparza Calzada, de 24 años; Teresa “N”; Citlali Nohemí, de 21 años; María Magdalena, de 31 años; María Gabriela, de 27 años; Nidia, de 33 años; Ana María, de 94 años; Gloria Alicia, de 86 años, y Mariana Sandoval, de 25 años.

Crece demanda de protección especial

Magdalena Valtierra
El Heraldo

En respuesta al creciente índice de violencia familiar, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes gestiona aproximadamente 700 órdenes de protección o restricción.
Antonio Martínez Romo, jefe de la corporación, explicó que la mayoría de los casos de violencia familiar ocurren dentro del hogar, un lugar donde la SSPM tiene operatividad limitada hasta que las víctimas reportan la situación.
El funcionario indicó que la dependencia atiende las denuncias una vez que las personas afectadas las reportan, ya sea directamente o a través de las autoridades judiciales.
El responsable de la seguridad municipal también destacó la importancia de las órdenes de protección y restricción en la prevención de la violencia familiar. Subrayó que la duración de estos instrumentos varía, con vigencias de uno, dos o tres meses, según lo determine el Ministerio Público o el juez correspondiente.

Atentados al pudor, término engañoso

Leonardo Márquez Alvarado
El Heraldo

Tras analizar las estadísticas sobre delitos sexuales contra mujeres en Aguascalientes, se advierte una incorrecta tipificación de los «atentados al pudor» cuando corresponden a delitos más graves. Esto sugiere una tendencia a no profundizar en la sanción de estos delitos.
Entre 2012 y 2022, se registraron 9 mil 360 delitos sexuales en Aguascalientes, de los cuales el 56% se clasificaron como «atentados al pudor». Así lo indica el reportaje “Violación, un Crimen Impune” de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que incluye el texto de la periodista independiente Ami Sosa Vera.
Este reporte detalla un incremento constante en la estadística oficial de la Fiscalía General del Estado en investigaciones por «atentados al pudor». De estas, 4 mil 106 víctimas corresponden a delitos de abuso sexual, violación, violación equiparada, estupro e incesto, mientras que 5 mil 254 víctimas se registran bajo el delito de «atentados al pudor».
Salomón de la Torre Ibarra, sociólogo, señala que en el siglo XIX en Aguascalientes no se usaba el término “delito sexual”, sino que se clasificaban como “atentados contra el pudor”. Esta práctica continúa, especialmente en casos complicados de violencia sexual a menores.
El Código Penal de Aguascalientes establece que la violación equiparada, que implica cópula con una persona menor de quince años, conlleva una pena de doce a dieciocho años de prisión. Sin embargo, los «atentados al pudor» tienen una pena máxima de seis años cuando las víctimas son menores de edad.
Los «atentados al pudor» incluyen víctimas menores de edad. Delitos específicos para esta población, como violación equiparada o incesto, a menudo se clasifican bajo esta figura. Según la Fiscalía General del Estado, un cuarto de las víctimas de «atentados al pudor» son menores.
Mariana Ávila Montejano, fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, considera que clasificar investigaciones bajo «atentados al pudor» minimiza el trabajo de las autoridades. «Es una reducción de tiempos y recursos (…) facilita que no se evidencie la falta de capacitación, experticia o especialización del personal a cargo de estas áreas, tanto en la integración de la carpeta como en el proceso de litigio ante el Poder Judicial».