Víctor Hugo Granados Zapata

Este lunes van a regresar a las aulas millones de niñas, niños y adolescentes de todo el país, lo cual ha sido un tema muy discutido y desafortunadamente poco explicado. El riesgo de contagio en esta tercera ola está presente en millones de familias quienes se preocupan (con toda la razón) por esta apertura de las escuelas, sin embargo, el rezago y abandono escolar ha aumentado de manera drástica a lo largo de un año, por lo que podríamos decir que vivimos en una crisis educativa. De aquí surgen muchas interrogantes ¿La SEP y el IEA lograrán garantizar un retorno seguro a las aulas? ¿El regreso escalonado bastará para combatir los problemas educativos? ¿Cuáles son las ventajas de regresar a las aulas? Estas preguntas se deben abordar con mucha seriedad y precisión.

Para empezar, diversas personas del ámbito académico han señalado que el primer gran síntoma de que el regreso presencial pueda presentar dificultades enormes es la falta de presupuesto asignado al retorno paulatino. La doctora en Derecho y experta en política educativa, Ana María Zorrilla, explicó a través de una mesa de diálogo organizada por Intel Iuris que uno de los problemas más grandes que tenemos con este tema es la idea de que se están ponderando los derechos a la educación y a la salud, sin tomar en cuenta que ambos derechos son interdependientes y, por ello, su garantía efectiva va de la mano. Lo anterior encaja perfectamente con las prioridades que ha tenido el Gobierno Federal en materia presupuestaria, porque dentro del presupuesto de egresos aprobado para este año no se realizó ni una sola partida para invertir en infraestructura escolar. Se elaboró dicho presupuesto sin considerar un evento como el que viviremos pasado mañana, dejando a las entidades federativas por su cuenta y, peor aún, a miles de docentes en una situación de incertidumbre total. De la mano con la explicación de la doctora Ana María Zorrilla podemos inferir que el Gobierno Federal nunca consideró crear escuelas seguras, desperdiciando muchos meses valiosos en los que se pudo realizar un acondicionamiento estándar e implementar sistemas que evalúen constantemente el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Parece que al Gobierno Federal sólo le interesa el sector educativo, cuando la crisis ya está en su punto máximo.

Ahora, debemos entender que el retorno a las aulas es sólo el primer paso para implementar políticas educativas que logren combatir otros problemas que trae consigo esta crisis educativa. La ampliación de la brecha educativa en todo el país, las enormes cifras de abandono escolar (5.2 millones de estudiantes, según el último reporte de Ecovid Ed del INEGI), el rezago educativo y la afectación socioemocional que padecen miles de niñas y niños en todo el país, lo anterior no puede solucionarse con sistemas a distancia. El Estado mexicano ha garantizado el derecho a la educación a través de las escuelas, es decir, se materializa su garantía al momento en que establece las condiciones necesarias para que cada estudiante logre tener una formación integral efectiva, por lo que estar fuera de las aulas ha ocasionado indudablemente una afectación directa en la garantía del Artículo 3° de la Constitución. Por otra parte, las escuelas suelen ser espacios idóneos para detectar problemáticas en las y los estudiantes, por ejemplo, casos de violencia doméstica, baja autoestima, abuso escolar, etc. ¿Qué habrá sucedido que aquellos estudiantes que requerían de atención especial? ¿Cuántos de ellos no habrán sido víctimas de violencia familiar y no lograron ser escuchados? Lo anterior refleja, con mucha razón, la importancia de que el regreso presencial es muy necesario y podemos posponerlo más, pero ¿cómo confiar en las autoridades educativas?

El problema con la “carta” responsiva de la SEP ocasionó que millones de familias desconfiaran sobre el regreso presencial, en vez de brindar seguridad parecía que anunciaba el fracaso prematuro de su estrategia de regreso presencial. Ante esta situación, lo que debemos hacer es exigir una mayor inversión por parte de las entidades federativas, sobre todo en insumos sanitarios (cubrebocas, gel antibacterial, etc.), porque desafortunadamente no todas las familias tienen los recursos necesarios para pagarlos y es obligación del estado proveerlos para garantizar las condiciones idóneas. La respuesta a la pregunta inicial es no, no basta solamente el regreso a las aulas. Necesitamos más políticas públicas enfocadas a mejorar el desarrollo socioemocional de las y los estudiantes, más y mejor evidencia para combatir el rezago y abandono escolar, pero sobre todo necesitamos mayor prioridad en el sector educativo. Esperemos que no se actúe demasiado tarde.