Aunque sabe que borda en el vacío, porque la palabra del presidente de la República es lo único que vale, el líder de los economistas locales, José Gil Gordillo Mendoza, estableció que de aprobarse la contrarreforma energética provocará un incremento en la inflación, como reflejo de las condiciones en que están los energéticos y ante la escasez que hay.

Lo que se observa es que la situación pasa por una situación difícil, por lo que las modificaciones planteadas intrincarían más el contenido y ejercería mayor presión al excluir la competencia y los incentivos, lo que induciría a un mayor entorno inflacionario.

Los sectores involucrados reprochan la vaguedad de la iniciativa, a través de la cual se pretende cancelar los contratos vigentes, lo que podría acarrear una serie de litigios internacionales, tanto de empresas mexicanas como extranjeras.

El mandatario nacional pretende, a través de esa determinación, eliminar los contratos actuales, dejar fuera a los reguladores autónomos y dejar en la incertidumbre a las empresas privadas, en lo que se refiere a las condiciones que operan las centrales eléctricas. Aunque Manuel Bartlett en su papel de director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que no se pagará un solo peso de indemnización, habrá que ver lo que deciden los tribunales internacionales, por lo que se avizora reclamaciones multimillonarias en caso de que el Congreso de la Unión apruebe los cambios. En total son 39 páginas del escrito que recibieron las cámaras de Diputados y Senadores y de ellas sobresale el artículo segundo transitorio que a la letra señala: “Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad en el sector privado se cancelan”, lo que contradice el principio de no retroactividad previsto en la Constitución y ahora pretende rescindir los contratos vigentes, además de condicionar la energía que producen los particulares a un 46% del total; actualmente genera el 62% de la energía que se consume.

Es confusa la iniciativa, al proponer la cancelación de todos los contratos con las centrales privadas, lo que supondría que de ser aprobada y entrar en vigencia, al día siguiente puede darse ese paso, por lo que las empresas desconocen si al siguiente día debe haber una paralización absoluta o qué va a suceder.

El presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes sostuvo que en estos momentos hay desabasto de energía en varios puntos del país y se ha incrementado el costo de los combustibles debido a esa escasez, en la mismas condiciones está el gas natural que es generador de ventas para los hogares. Lo que provoca la contrarreforma es un vaivén en los mercados y que se limite al máximo la participación de los particulares.

El mejor ejemplo está en las condiciones que se encuentra el suministro de gas, como derivación de la introducción del Gas Bienestar, que según el titular del Poder Ejecutivo Federal iba a resolver la atención al público y habría precios bajos al público, lo que a final de cuentas no ocurrió y la competencia que se dijo fue únicamente en el discurso, “entonces, creo que viene a complicar más el entorno, el momento en el que se hace y tampoco es que ahorita tengan ellos mucha más capacidad”.

Finalmente, José Gil Gordillo resaltó que lo único real es que va a haber un control de precios y no habrá libertad de inversión, lo que hace más delicado este asunto, por lo que se avizoran consecuencias para el país.

A PASO DE TORTUGA

En el andamiaje gubernamental hay dependencias que por sí mismas dan resultado, pero otras nadan “de a muertito”, por lo que en contadas ocasiones se sabe de ellas y sólo porque surge algún asunto que obliga a que den una respuesta, es el caso de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Aguascalientes, que registra más de 100 expedientes “en estudio”.

El responsable de esta área, también denominado “fiscal electoral”, Daniel Gutiérrez, informó que en total 120 procesos se llevan en esa oficina, algunos de los cuales datan desde 2015, por lo que a ese ritmo quienes hayan cometido algo indebido podrá argumentar que el asunto ha caducado y ya no cabe ser llamado a cuentas, por lo que – una vez más – queda sin castigo el presunto delito.

Entre los ilícitos que supuestamente se han cometido está la compra o coacción del voto, que es una de las principales denuncias, sin embargo documentar y comprobar que se efectuó “resulta complejo, por lo que en la mayoría de los casos, el número de sentencias condenatorias ha sido prácticamente nulo”, señaló el funcionario.

Estableció que cuando se trata de políticos que ocupan un cargo con fuero, la sanción tendrá que esperar a que se lleve a cabo el procedimiento de desafuero, cargos que van desde sanciones económicas hasta cárcel, lo que dependerá de la gravedad de la falta, pero que se recuerde ni uno sólo de los funcionarios denunciados fueron castigados, por lo que todo se redujo al escándalo mediático y no sólo eso sino que continúan su vida pública como si nada hubiera ocurrido.

De los 120 asuntos en cartera, “de momento sólo tenemos una sentencia condenatoria por delitos electorales, pero confiamos que en breve salgan las primeras de ellas, es tardado el proceso por todo lo que implica, no porque vayan a quedar impunes”, afirmó.

Es tradición que al acercarse una elección constitucional salgan de la comodidad este tipo de oficinas y por varias semanas ocupen titulares en los medios de comunicación, al lanzar toda clase de amenazas contra aquellos que se atrevan a violar la ley, lo que anima a más de uno a denunciar y hasta presentar fotografías o videos de la falta que a su consideración tuvo lugar, lo cual debe investigar y dar su veredicto la citada Fiscalía en Delitos Electorales, pero si se ha tardado seis años en emitir un fallo, es factible que quienes actúen ilegalmente en el proceso de 2022 podrían enfrentar a la justicia más allá de 2027, cuando concluya el quinquenio.

El ejemplo más reciente se vivió en los pasados comicios de alcaldes y diputados locales y federales, en que hubo acusaciones de todo tipo y sin embargo ninguno de los denunciados fue llamado a cuentas, con lo que queda constancia que es una broma de mal gusto invitar a la gente para que sea “vigilante electoral” si a la hora en que encuentra algún ilícito le pintan un violín.

IGUAL DE TARDOS

Los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desconocen si tendrán candidata o candidato propio en los comicios del año próximo, o les van a enjaretar uno de otro partido, con el que Alito cumpla sus compromisos nacionales sin importar en lo más mínimo lo que digan aquí. Aunque disminuido en el número de votos y por consiguiente de los cargos por elección, el tricolor mantiene una base que aún en estos momentos le es fiel. La directiva que impuso el Comité Nacional se ha dedicado a sobrellevar la situación, y si no fuera por la actividad que desarrollan algunos personajes, desde hace rato el partido habría desaparecido de la vida pública. Hay quienes pueden hacer un buen papel en la campaña para gobernador, al conservar una buena imagen entre los priistas, que a final de cuentas son los que deberían importan para fines internos. Ojalá que quienes se dicen directivos hagan lo necesario para rescatar a un organismo que merece un destino distinto y ante todo que lo hagan al menos por el salario que cobran. Con un poco de interés se puede lograr mucho, sólo hay que abandonar la abulia y esforzarse para sacar del marasmo en que lo tienen sumido a este instituto político.