Salvador Rodríguez López

Cuando un número creciente de abogados se relamían los bigotes listos para dar el salto a la Sala Administrativa del Tribunal Judicial del Estado (SATEP), el Tercer Tribunal Colegiado los paró en seco, al resolver el pasado 19 de junio que el magistrado Alfonso Román Quiroz debe continuar en el cargo en tanto se resuelven los agravios invocados por el afectado.

Con lo anterior, dejó en suspenso el acuerdo del Consejo de la Judicatura del 11 de julio, que resolvió en esa fecha que finalizaba su función como magistrado y al mismo tiempo anunció que se lanzaría la convocatoria para designar a quien tomaría su lugar, sin embargo el Tercer Tribunal Colegiado, con sede en Aguascalientes, otorgó el martes pasado la suspensión provisional al licenciado Román, lo que tuvo lugar en una sesión pública y transmitida en vivo. En la revisión del recurso de demanda 70/2022 se analizaron las quejas en contra de la negativa a la suspensión solicitada en el juicio de amparo para continuar en esa responsabilidad.

Los magistrados del Tercer Tribunal establecieron que para evitar un daño irreversible, en función que “en apariencia del buen derecho” el solicitante puede tener la razón, todo debe volver a la normalidad hasta que este viernes emita un pronunciamiento y se conozca el resultado del juicio de amparo, una vez que se fije la fecha.

Es un asunto que sin duda dejará un precedente, al quedar constancia que cuando exista algún fundamento que pueda modificar una orden superior debe recurrirse a ello, por lo que el promovente o su defensa deben utilizar los senderos del derecho y que es precisamente a lo que ha apelado Román Quiroz. Sería aventurado adelantar la decisión del Tribunal Colegiado y que además ganara el juicio de amparo, pero cualquiera que sea el final habrá quien tome como guía la ruta que ha seguido este acontecimiento para defender lo que considere justo.

En los días que transcurrieron desde que se pronunció el fallo del Consejo de la Judicatura, el demandante dejó de acudir a su lugar de trabajo y al que regresó una vez que quedó en suspenso dicha orden, con “todas las atribuciones y funciones inherentes a su encargo” y ahora dependerá de lo que se defina este día y del juicio de amparo en proceso.

Por otra parte, resulta interesante observar que los profesionales del derecho que les atraen los reflectores se han abstenido de emitir sus opiniones, como sí sucedió en el caso de la ex magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, cuando en un acto de misoginia le hicieron segunda al diputado que se ha significado por estar en contra de todo y a favor de nada. La no intervención en este asunto simboliza que han aprendido la lección, por lo que es preferible mantenerse a distancia y no demostrar algún objetivo personal en un asunto que es de interés general.

Por otra parte, bajo el supuesto que finalmente Alfonso Román quede fuera, se debe tener extremo cuidado de no designar a alguien que esté íntimamente ligado a la futura gobernadora y al actual alcalde capitalino, teniéndose en cuanta que los asuntos que debe resolver la Sala Administrativa son, prácticamente todos, en contra de decisiones de dependencias estatales y municipales, por consiguiente los integrantes de ese cuerpo de decisión deben estar a salvo de cualquier sospecha de favoritismo y continuar rigiéndose con rectitud como ha sido característico hasta la fecha.

AQUÍ ESTOY

Ser amigo personal del inquilino de Palacio Nacional le ha permitió a Adán Augusto López ocupar la Secretaría de Gobernación, cargo que asumió el 26 de agosto de 2021 y a partir de este año estar en la antesala de la candidatura presidencial, al ser uno de los que el mandatario ha decidido incluir en la lista de sus posibles sucesores y que él mismo les dado adjetivo como “corcholatas”.

Lo anterior ha provocado que los insertados dediquen parte de su tiempo a participar en actos públicos, sean mítines, reuniones, coloquios y visitas a las entidades que se disfrazan de actos oficiales, con lo que se muestran para que los ciudadanos los tengan presente, aún cuando de antemano saben que el inmortal dedo será el que decida el final de esta historia, que se disfraza de una consulta pública.

Por aquello de no te entumas, el titular de la Gobernación visita hasta los estados en que su partido ocupa el segundo o tercer lugar en preferencia, como es el caso de Aguascalientes, que sin haber una razón de peso estuvo aquí el pasado 19 de julio, presuntamente para participar en los diálogos sobre la reforma electoral que impulsa el organismo político al que hoy pertenece y aprovechó para tener una reunión con el gobernador Martín Orozco Sandoval, en que dijo, trataron diversos asuntos, principalmente de seguridad, en lo cual “hay total y absoluta coordinación con el gobierno de Aguascalientes, como la hay con todos los gobiernos del país”.

Lo anterior pese a que periódicamente se escuchan reclamos de la autoridad estatal y de los sectores sociales ante la falta de cooperación de algunos organismos, principalmente de la guardia nacional.

Ante ello, el actual gobernador con licencia de Tabasco sostuvo que “el Gobierno Federal siempre estará abierto al diálogo y a escuchar las necesidades de los estados”, asimismo que en la renovación de la administración estatal es indispensable que las tareas en materia de seguridad no se vean afectadas y que siga a la baja la incidencia delictiva.

Como ha sido característico en la presente administración federal, que prefiere “abrazos y no balazos”, López Hernández reiteró que esta estrategia no cambiará, por lo tanto se evitará la confrontación y atendiendo las causas que detonen violencia.

Aunque el país está convertido en ríos de sangre, con un altísimo número de homicidios dolosos que superan en número los que se registran zonas de guerra, para Adán Augusto López “afortunadamente no es muy alta la incidencia delictiva, pero se tienen que redoblar los esfuerzos y cuidar mucho que se nos contamine”. Insistió que todos los días se intenta ir ganando esta batalla, “pero no es un viraje, la estrategia siempre ha sido la misma y recuérdese que nosotros, el Gobierno Federal, privilegió buscar las causas y los efectos, efectivamente el presidente de la República dice que ya no más confrontación”.

La aseveración de la Federación no la comparte el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al informar el resultado del enfrentamiento que tuvo lugar el 23 de junio entre un grupo de facinerosos que arrojó un saldo de 8 delincuentes y 4 policías muertos, tres heridos graves y el rescate de dos personas secuestradas. Los hechos tuvieron lugar en el municipio de El Salto con la participación de policías locales y estatales. Al expresar su solidaridad con las familias de los uniformados fallecidos, Alfaro dijo que no comulga con la política de “abrazos y no balazos”, por consiguiente “el mensaje es claro que en Jalisco no tenemos esa idea, a la delincuencia hay que enfrentarla porque si no lo hacemos el país va a perder el rumbo, yo creo que el mensaje tiene que ser claro, no puede haber concesiones con quienes nos quitan la paz y la tranquilidad, quien piense eso, creo que está equivocado”.

En tanto siguen los enfrentamientos en varios puntos del país, el responsable de la política interior del país se placea, confiado en que será el elegido por las “fuerzas vivas” guindas.

¿Y LOS USUARIOS?

Mientras se acometen la empresa Teléfonos de México (Telmex) y el sindicato respectivo, en la búsqueda de inclinar la balanza a su favor, los usuarios quedaron a la deriva sin que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social intervenga para cerrar este capítulo. Por largo tiempo el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana (STRM) fue uno de los más combativos al encabezar la defensa de los derechos no sólo de sus agremiados, sino del obrerismo en general, actitud que se redujo ostensiblemente a partir de 2018, cuando se registró el cambio de régimen político del país y es hasta ahora que reanuda la lucha interna con un paro nacional que llevó a cabo el pasado 19 de julio, el cual podría derivar en una huelga general si la empresa no da una respuesta satisfactoria al pliego petitorio, en el que sobresale que se cubran las plazas vacantes y se elimine la orden de negar los beneficios contractuales a personal de nuevo ingreso, además rechazan modificaciones a las prestaciones que reciben los actuales empleados y personal jubilado, entre otras cuestiones.