Los titulares de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia están analizando y comprendiendo a profundidad el contenido final del decreto de la reforma constitucional al Poder Judicial. Hasta el momento, ninguno ha expresado la intención de impugnar dicha adecuación legislativa, informó el presidente del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, Juan Rojas García.
“Aunque la reforma está en análisis, hay aspectos que ya debieron haberse ejecutado, dado que los plazos, muy precisos, están en curso; como es el caso de la rotación de los jueces en los primeros 30 días naturales”, enfatizó.
Rojas García subrayó que los magistrados decidieron no pronunciarse hasta que el decreto fuese publicado en el Periódico Oficial del Estado para conocer las modificaciones en su totalidad. Continúan evaluando los demás cambios que la ley establece en la estructura del Poder Judicial.
Aclaró que, si algún integrante del Pleno quisiera manifestar su desacuerdo con la reforma, esta decisión tendría que ser votada por la totalidad de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia. Se ha cumplido, según dijo, con la rotación de los jueces conforme a lo estipulado en artículos transitorios, buscando minimizar el impacto en la dinámica de los juzgados y haciendo ajustes en aquellos con adscripciones más breves.
El magistrado presidente señaló que aún está pendiente la generación de nueva legislación en materia de reglamentación, lo cual implica una nueva ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Estas leyes ordinarias, que complementarán las directrices generales y abstractas de los cambios a la constitución, ofrecerán mayor claridad sobre la implementación y concreción de la reforma. Para ello, los legisladores establecieron un plazo de 180 días naturales, indicó.
“Ya sabemos qué cosas hacer. Ahora es necesario entender cómo hacerlas en concreto. Quizá en este momento algunos puntos no están claros, existen dudas, inquietudes u oposiciones que la ley orgánica deberá definir…” Juan Rojas
LO QUE FALTA. Juan Rojas subrayó que el trabajo legislativo adicional es crucial para la implementación y cumplimiento en el ámbito de competencia del Poder Judicial. El objetivo es avanzar en la transición, respetando las modificaciones que el Poder Legislativo estime adecuadas.
